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Altos costos en dólares para publicar, duro golpe para investigadores argentinos

Alerta: Advierten sobre graves limitantes a la producción científica de Argentina y América latina.
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Académicos cordobeses y del país expresaron su preocupación por los elevados precios que deben pagar para difundir en revistas científicas como The Lancet o Nature, que van de 6.830 a 11.690 dólares. Imposibilidad de abonar y desigualdad de acceso al conocimiento

Investigadores académicos manifestaron su preocupación por los «elevados costos en dólares» que cobran las editoriales especializadas para las publicaciones científicas, lo que «genera desigualdades de acceso al conocimiento» para los países de América Latina, según informó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) mediante la agencia UNCiencia.

Los investigadores señalaron que «las editoriales internacionales abrieron una brecha académica» y analizaron de qué manera ese contexto «afecta a Argentina» por los «costos imposibles de pagar» para las publicaciones a una industria editorial millonaria, que están «limitando la producción científica de Argentina y América latina».

Los especialistas dijeron que «la investigación no está completa si no se comunica a la sociedad», para lo cual el mecanismo más común son las publicaciones en las revistas científicas más conocidas como Nature, Science, The Lancet y las de las editoriales Elsevier y Frontiers.

Asimismo, sostuvieron que para acceder a algunas publicaciones hay que pagar, lo que limita el acceso a la lectura; no obstante, desde hace algunos años se está imponiendo otro mecanismo conocido como APC (siglas en inglés de «Cargo por procesamiento de artículos»).

En ese caso la revista les cobra a los autores para publicar, lo que se conoce como la «vía dorada» de publicación. El artículo es de libre acceso para lectura, pero quien lo escribió debe pagar costos que son muy altos para los sistemas científicos de Argentina y de América latina. Como ejemplos, citan que publicar en The Lancet cuesta US$6.830 y, en Nature, US$11.690.

Alejandra Nardi, directora de la Oficina de Conocimiento Abierto (OCA) de la UNC, dijo que la implementación del APC «es un golpe duro para sistemas de ciencia con presupuestos muy justos y fuertemente anclados en el financiamiento del Estado nacional», por lo que «perjudica al sistema nacional de ciencia y tecnología».

«En la actualidad se advierte inequidad y una brecha académica en la difusión de los conocimientos generados por la comunidad académica de los países del sur global», afirmó Nardi, quien añadió que podría vincularse con «una nueva forma de censura, donde sólo las élites acceden a todo lo publicado y pueden costear las tarifas de APC».

Oligopolio

Humberto Debat, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Córdoba, consideró que el actual sistema de publicaciones científicas «es el resultado de la mercantilización de los sistemas de distribución y diseminación del conocimiento surgido en la segunda mitad del siglo 20».

«Emerge una industria editorial que luego se transforma en un oligopolio. Toman el conocimiento, que en su mayoría se genera con fondos públicos, se apropian de los derechos de copyright y lucran con la lectura y ahora con la publicación a través del APC», agregó.

Debat también se refirió a que «cerca de 70% de los artículos científicos de revistas está bloqueado detrás de los muros de pago», y que entre 2003 y 2020 la UNC tuvo que pagar US$648.723 por este ítem.

Por su parte, Fernanda Beigel, investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y del Conicet, sostuvo que «la situación es preocupante», que las áreas más afectadas son las ciencias biológicas y de la salud, y que en muchos casos los científicos más jóvenes «utilizan dinero de sus salarios» para costear las publicaciones.

Beigel, quien en 2020 presidió el Comité Consultivo de la Unesco para la Recomendación de Ciencia Abierta, destacó que «América Latina y Argentina fueron protagonistas» en declamar por la ciencia abierta, y que ese concepto de «la ciencia como bien común predomina» en el país desde 1950.

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