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Y a nosotros, ¿quién nos protege?

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 Por Matías Altamira *

La prensa mundial se hizo eco de la sanción US$5.000 millones que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) le impuso a Facebook por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de sus usuarios, por haber compartido de manera inapropiada los de 87 millones de ellos con la firma de consultoría política Cambridge Analytica.

La FTC es uno de los organismos más famosos de Estados Unidos, que tiene por misión prevenir las prácticas comerciales anticompetitivas, engañosas o desleales
hacia los consumidores; mejorar la información de las opciones disponibles para los consumidores y aumentar el grado de comprensión del proceso competitivo por el público; y cumplir con estos objetivos sin imponer una carga indebida sobre la actividad comercial legítima.
Otra área gubernamental que tiene reconocimiento mundial, aunque con menor exposición, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que anunció que abrirá una extensa investigación de las grandes firmas tecnológicas para determinar si usan prácticas anticompetitivas. La revisión evaluará cómo las plataformas en línea líderes han logrado su poder de mercado y si usan prácticas que hayan reducido la competencia, frenado la innovación o dañado a los consumidores en otras formas.
El senador demócrata Richard Blumenthal le reclamó al Departamento de Justicia que sea audaz y valiente para frenar el abuso del poder monopólico de las grandes tecnológicas.
Luego, comentó que los encargados, por largo tiempo ausentes y apáticos, deben evitar ahora el abuso de la privacidad, las tácticas anticompetitivas, los bloqueos de la innovación y otras características del poder excesivo en el mercado.
Estas dos noticias permiten analizar diversos aspectos de la realidad Argentina y el norte que se debe plantear como misión de los organismos locales de control del mercado.

En primer lugar se destaca que también en el norte tener sólo empresas de magnitudes nunca antes vistas es considerado perjudicial para la generación de la innovación y el crecimiento tecnológico en todos sus ámbitos.
Si estas medidas fueron aplicadas en Argentina se levantarían innumerables voces de queja porque no se permite el crecimiento; la realidad es que lo que se busca es fortalecer las pymes y que éstas no tengan como objetivo máximo ser adquiridas por una empresa multinacional.
El otro aspecto destacable es que los organismos nacionales y provinciales ya existentes tienen toda la potestad para controlar el correcto desempeño de las empresas argentinas pero no lo hacen; sus motivos son desconocidos. Lo cierto es que los datos de los argentinos fluyen entre empresas locales y extranjeras sin limitación ni control algunos.
Finalmente, si luego de investigaciones y procedimientos las empresas no se adecuan a la ley, al organismo de control, en este caso la FTC, no le tiembla el pulso para imponerle sanciones ejemplificadoras. En Argentina debería pasar lo mismo, algún día seguramente.

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