ESCUCHARLa valentía es una cualidad asociada al heroísmo, a la gallardía. Valiente es quien logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. Las obligaciones son las acciones que las personas necesariamente deben cumplir.
El activismo judicial es un discurso que pregona un mayor protagonismo del Poder Judicial; que sus resoluciones o sentencias sean hasta creadoras de derechos y que, sin legislar, los jueces transiten por la delgada cornisa de generar cambios en las leyes mediante la jurisprudencia que crean por sus sentencias y así movilicen la sociedad para que presione sobre la política. Este activismo es criticado, y se lo acusa de politizar la Justicia y entrometerse en el proceso democrático. Es calificado de ilegítimo desde el garantismo, porque dicen que el juez sería un pretor y no sólo ejecutor e intérprete de la ley.
Kelsen de cierta forma acogió el activismo. Proclamó en su teoría pura del derecho la facultad de revisión judicial de la estructura legal in totum, admitiendo incluso invalidar ciertas normas positivas, aceptadas y obligatorias hasta el momento.
Todo esto viene a cuento por lo adelantado en el inusual despliegue que tiene lugar en los tribunales de Comodoro Py. A todos, incluso a los abogados del fuero Penal, les llama la atención la hiperactividad de algunos jueces. Parecen haber despertado de lo que siempre debieron hacer, transitar su función con una mochila cargada de escrúpulos y recordar que al despertarse todos los días deben cumplir con sus obligaciones.
La pregunta es si el pase de la anomia a la férrea aplicación de la ley en la función, del inmovilismo al activismo, de la sujeción a la manda política de turno a la independencia, es un renacer de la división de poderes en Argentina. Si ahora han decidido hacer lo que siempre debieron: controlar que se cumpla la ley o hacerla cumplir y, lo más importante, controlar al poder en el poder. Si es así, algo inédito esta pasando.
Pero sorprende a tirios y troyanos -recordando el enfrentamiento entre cartagineses y romanos- porque desde el año 1930 la modorra en el cumplimiento republicano de la función judicial fue la norma. El poder sólo se lo investigaba cuando ya no existía, cuando el poderoso perdía el poder y esto valía para la política, la economía y lo social. A veces se avizoraban algunas golondrinas, pero desde la República no se veía la primavera.
Ningún argentino de bien puede estar en contra de la actuación de la justicia cuando ésta hace cumplir la ley, cuando esa actuación tiende a proteger el patrimonio del Estado, que es el de todos, cuando apunta a la represión de delitos. Sin dudas, la correcta y sana aplicación de la ley y la imparcialidad actuarían de disuasorio para el futuro si los casos se comprobaran como se denuncian. La correcta administración de las cuentas publicas, del cuidado de los administrados en lo social, en lo político y hasta en lo económico es deseo de todos, porque un Estado sin respeto a la ley es, al final, inviable.
Pero lo llamativo de la actualidad judicial no deja de presentar un interrogante sobre si resulta un fenómeno transitorio o el cambio es definitivo. El primero sería el oportunismo de algunos jueces para posicionarse ante el nuevo gobierno, como lo hicieron con el anterior y el anterior y ahora mimetizarse, tratando de amigarse con una sociedad que dejó de respetarlos. Si se tratara de lo segundo dejaríamos casi 90 años de subordinación del Poder Judicial al político de turno.
La falta de credibilidad democrática que sufre el sistema judicial nació en el año 1930. No es de ahora ni de hace algunos años. Cuando la CSJN dio a luz en aquella época la doctrina de legitimidad de los actos de gobierno de facto permitió lo que vino después. Los golpes de Estado subsiguientes hasta el más cruel del año 1976. El estigma todavía existe.
A la gente, que es la que importa porque es la que vota y al final decide, todavía hay que explicarle cómo pruebas en procesos importantes declaradas inválidas por una sala de la Cámara Nacional de Casación Penal son validadas por la otra, al día siguiente. También, la razón del enfrentamiento de sectores en pugna en el ámbito de la Justicia federal, que a pesar del tiempo en que se inició, aún no termina. Batallas constantes de una guerra que se ha tornado insalubre para el ciudadano, que queda en medio de todo.
La “mani pulite” del año 1992, iniciada por los jueces italianos asesinados Falcone y Borsellino y continuada por el fiscal Di Pietro, demolió el viciado sistema político italiano y se llevó por delante una corrupta república italiana. El “Petrolão” en el vecino Brasil ya cobró la primera víctima institucional, la presidenta Dilma Rousseff, previo correr igual suerte el anterior exmandatario Lula Da Silva por obra de un juez federal llamado Sérgio Moro. Los casos de Italia son ejemplos a seguir. El de Brasil aún es una incógnita porque la historia no terminó.
La aparente llave del sistema judicial para enfrentar la corrupción -porque de eso se trata- sin dudas surge de la unidad de concepción para la acción. No se diferencia de la política en eso, a los fines de un resultado posible. En nuestro país nada de eso aparece en el horizonte judicial hoy y crece la sospecha de que los fiscales y jueces federales, en especial los que actúan en el centro del dilema político (los que tienen asiento en Comodoro Py), avanzan o retroceden según el respaldo que la política les brinde.
En Argentina hoy, seriamente, no se investiga el poder sino a quien lo pierde. Muy distinto de lo actuado por Falcone, Borsellino, Di Pietro y, quizás, Moro.
*Abogado penalista, UNC. Master en
Criminología, Universidad de Barcelona
