ESCUCHARPor Miguel Julio Rodríguez Villafañe
La Jefatura de Gabinete Nacional, por resolución 166- E/2016, puso en funcionamiento un convenio de cooperación entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Secretaría de Comunicación Pública, para trasladar a este último organismo la base de datos de la primera.
La base cedida es la más grande del país, ya que la Anses tiene datos personales de más de 16 millones de personas que aportan o reciben prestaciones y servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.
Establece la resolución que el objetivo de la cesión es “llegar a la población con información de acciones de gobierno”, “desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos”, como por “el llamado telefónico o conversando persona a persona”. También se busca lograr un perfil de cada persona.
Tratamiento ilícito de datos personales
La ley 25326 de Protección de Datos Personales determina que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado”, (art. 5, inc. 1). A su vez, en la ley se dice que los datos personales sólo pueden ser cedidos “con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión”, (art. 11).
Asimismo, la norma determina que “no será necesario el consentimiento” si se trata “de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio…”, (art. 5), pero en la resolución que se cuestiona se comparte “el teléfono celular, el correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios”, lo que no permite la ley, sin autorización del titular de los datos. Además, dentro de los datos que se toman de la base de Anses algunos tienen el carácter de sensibles, como por ejemplo, aspectos del estado civil de la persona como casamientos, divorcios, uniones convivenciales y hasta de cambio de identidad sexual, entre otros.
Por su parte, en la resolución, peligrosamente y sin mayor aclaración, también se deja abierta la posibilidad a “ampliar la información sujeta al intercambio”, (cláusula 3 del convenio).
El Gobierno pretende basar el accionar en el hecho de que la ley no exige el consentimiento en la cesión, cuando ésta “se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”, (art. 11, inc. 3, apart. “c”).
En su argumentación, la Jefatura de Gabinete busca confundir el “compartir datos” en el Estado, con la “posibilidad de usarlos para fines para los que no han sido proporcionados por las personas”. La ley 25326 dispone que el dueño de la base de datos nunca puede ser el que determine los fines de la utilización de los datos personales, cuando han sido dados para otro uso específico, (art. 4, inc. 3). Entender la ley 25326 como lo hace la resolución 166 implica dejar en manos del Estado la posibilidad de hacer lo que quiera con la información de las personas, una vez que la obtiene. Ello así, ya que, con el criterio aplicado en la resolución, bastaría con que el Gobierno diera determinada competencia a una área, para que ese sector pudiera usar, para sus fines, todas las bases de datos que el Estado posee. Así, se podría transferir, por ejemplo, a la Secretaría de Comercio, los datos de Anses, para que dentro de su competencia la use para hacer llegar información comercial a cada uno, con el justificativo de mejorar el comercio interior. Todo ello es gravemente inconstitucional.
Autodeterminación informativa
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, la intimidad, la vida privada y el derecho a la autodeterminación informativa de los datos personales de cada persona. Como principio, los datos personales son propios de cada persona y no pertenecen ni al Estado ni a las bases de datos particulares. El titular siempre preserva el derecho al control sobre su información personal y sobre la necesidad que se respete el destino para el cual se otorgaron los datos.
Estado autoritario y policial
La Resolución 166, sin pedir autorización a las personas, desde una modalidad autoritaria y policial, otorga al gobierno la posibilidad de arrogarse el derecho de conocer el perfil de conocimiento de cada persona, sus preferencias personales y culturales y determinar, en base a ello, lo que cabe que se le informe a cada uno y el modo de hacerlo. De esta manera y con mecanismos sutiles de marketing y técnicas informáticas, (como por ejemplo, los “trolls”, que permiten manipular re-des sociales), se puede controlar las personas y condicionar los pensamientos, ya que conociendo las preferencias de cada persona, se sabe como manipularla mejor. En ello, por ejemplo, se puede direccionar, tramposamente, preferencias elec-torales; condicionar la opinión pública; entre otras cosas.
Todo lo cual implica una grave violación a derechos humanos básicos.
