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En el primer aniversario de la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1917, partió de la Ensenada de Barragán la fragata “La Argentina”, armada con 34 cañones para llevar la guerra de corso contra la corona española bajo el pabellón celeste y blanco de las novísimas Provincias Unidas de Sudamérica, al mando del teniente coronel de marina Hipólito Bouchard.
Su capitán era un francés con carta de ciudadanía argentina otorgada por méritos de guerra, un antiguo oficial del regimiento de granaderos a caballo del coronel San Martín que se había destacado en el combate de San Lorenzo, donde capturó una de las banderas enemigas.
Tan valiente como estricto hasta la dureza, esa fama había complicado reclutar la tripulación de 180 hombres para el buque. La marinería era en su mayoría compuesta por extranjeros, con algunos pocos oriundos de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos. La crucial infantería de desembarco era bisoña y no pocos pisaban por primera vez la madera de la cubierta de un barco. Los dirigía el teniente José María Píriz, nativo de la Banda Oriental. La plana mayor se integraba por el capitán Nataniel Sommers, los primeros tenientes Williams Sheppard, Colvert Thompson, Daniel Oliver, Williams Mills, Miguel Burgués y Louis Greissac, todos extranjeros. Pero, por debajo de ellos, asomaba la primera generación de oficiales de marina propios: los pilotines Tomás Espora, Juan Agustín Merlo y Andrés Gómez. El fraile bethlemita Bernardo Copacabana se desempeñaba como cirujano de a bordo.
El armador del buque, Vicente Anastasio de Echevarría, a la par de la patente de corso Nº 116 expedida por el director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, había solicitado y obtenido del Gobierno la autorización para el uso del uniforme de la Marina de Guerra por parte de los oficiales de la campaña, tanto como motivación de los beneficiarios de la medida, como para robustecer la disciplina en el buque.
Por dos años, entre julio de 1817 y julio de 1819, la fragata “La Argentina” circunnavegó el globo llevando a cabo distintas operaciones de corso, combates y otras actuaciones en las costas de Madagascar, Indonesia, Filipinas, Hawái, California, México y Centroamérica, logrando 26 presas en 10 combates militares.
Fue el primer buque nacional que ejerció el “derecho de gentes” en la represión en alta mar tanto del tráfico de esclavos como de la piratería.
El 4 de septiembre de 1817, en el puerto de Tamatave (actual Toamasina), al este de la isla de Madagascar sobre el océano Índico, el gobierno británico del lugar le pidió colaboración para apresar cuatro buques esclavistas. Quizás fue la primera cooperación internacional bajo las leyes del mar de nuestro país y un raro caso en el que Inglaterra solicitó nuestro apoyo militar.
La fragata “La Argentina” ejerció asimismo el primer derecho de visita que se tenga registro de buques mercantes, que también aplicaban, desde 1812, el Reino Unido y los Estados Unidos en África. Se descubrió que llevaban personas esclavizadas a bordo, a las que liberó, impidiendo que los buques abandonaran la isla hasta ser reemplazados por la corbeta británica Conway.
Tras un combate con cinco naves piratas pequeñas en el estrecho de Macasar en la mañana del 7 de diciembre, se logró capturar una de ellas y hacer escapar al resto, apresando a 42 piratas, los que fueron juzgados en un consejo de guerra en el buque. Hasta dónde sabemos, el primer tribunal en el mar respecto de la materia. Muchos de ellos fueron condenados a muerte, por haber asesinado en fecha reciente a la tripulación de una nave portuguesa.
Conforme a los usos de la época, la ejecución de “(…) la pena consistirá en el hundimiento de las naves piratas dedicadas al pillaje, con su tripulación a bordo debidamente amarrada, por parte de esta fragata de guerra”. Lo que se llevó a cabo.
Tras el bloqueo al puerto de Manila, el 17 de agosto de 1818 se arribó a la bahía de Kealakekua en la costa oeste de la isla de Hawai, en donde se encontraba el pequeño puerto de Karakakowa, capital del Reino. Allí se encontró la corbeta Santa Rosa, cuya tripulación, tras amotinarse, la había vendido al soberano del lugar, el rey Kamehameha I.
Se demandó la devolución del buque y entrega de los amotinados. El rey adujo que la había comprado por dos pipas de ron y 600 quintales de sándalo. Tras conversaciones, se acordó pagar el sándalo a cambio de la nave y la entrega de los 70 amotinados. El 20 de agosto de 1818, Kamehameha I, por parte del Reino de Sandwich, y Bouchard. en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmaron el pertinente acuerdo. Conforme los escritos del teniente Píriz: “Celebramos un tratado de unión para la paz, la guerra y el comercio, quedando obligado el Rey con esto a remitir a disposición de nuestro supremo gobierno todos los buques que arribasen por aquellas costas, como La Chacabuco, y a darnos hombres y auxilios, cuantos se le pidiesen a nuestro socorro, reconociendo desde entonces nuestra independencia”.
Se formó un consejo de guerra para los cinco cabecillas del motín en el puerto de la isla de Atoy, donde habían sido apresados. Cuatro obtuvieron una pena de 12 docenas de azotes, pero el principal, Enrique Gibbim o Gribinn, fue condenado a muerte y fusilado.
La ahora flotilla partió para la Alta California, donde tomaría la ciudad de Monterrey. Tras eso, rumbo al sur y llegados a Chile, casi en las postrimerías de ese increíble viaje alrededor de los mares, se encontrarían con un grave disgusto que terminaría en un sonado juicio.
