ESCUCHAR
Nos sorprendió del modo más ingrato. La categórica condena por daño moral con la que la Justicia de Córdoba castigó al periodista y al medio de prensa que fue más a fondo en el irresuelto crimen de Nora Dalmasso deja varios puntos para la reflexión y marca una alerta para el ejercicio del periodismo en esta provincia; casualmente, una de las que por decreto de su gobernador pretendió “salvaguardar y garantizar la libertad de prensa”.
Por Adolfo Ruiz – Jefe de Redacción de Comercio y Justicia
Río Cuarto de por sí es una referencia clave en esta historia. El asesinato de Nora, la contaminación de la escena del crimen, la presencia de un sacerdote ordenando medidas cuando no había llegado la Policía Judicial, las vinculaciones con el poder, las sospechas sobre el viudo, su coartada con un torneo de golf en Punta del Este, las versiones que lo sindican como testaferro del poder, los hoteles que la familia les pagó a los investigadores de homicidios, la detención de un “perejil”, las miradas sobre poderosos empresarios, la imputación sobre Facundo Macarrón -el hijo-, las revelaciones sobre su identidad sexual, las pruebas de ADN, las demoradas pericias del FBI… La lista podría continuar hasta la eternidad sin ningún tipo de definición ni certezas.
Salvo una. Esa única certeza que hoy se tiene de tan paradigmático caso es que un periodista, el cordobés Hernán Vaca Narvaja -director de la Revista El Sur, que se publica desde Río Cuarto-, fue responsable de causarle “daño moral” tanto al viudo Marcelo Macarrón como a sus hijos Facundo y Valentina.
Traído a la luz el polémico fallo que le exige a Vaca Narvaja el pago de una suma resarcitoria de 436 mil pesos a la familia Macarrón y de $78.538 a los abogados, resulta clave detenerse a analizar los argumentos tanto de los querellantes como de la autora de tal decisión, la jueza Civil y Comercial de 5ª Nominación de Río Cuarto, Rita Freire de Barbero.
Citando parte de la demanda, la magistrada reproduce que “ni el compareciente ni sus hijos ni su esposa fueron jamás funcionarios públicos, y si han devenido en ‘figuras públicas’ no ha sido a causa de su voluntad de exponerse a los medios de comunicación sino a raíz del aventón energúmeno que toda esta tragedia ha significado”. Como si nunca hubiera oído de esta causa que en su momento paralizó el país y en la actualidad avergüenza a la Justicia de Córdoba, Freire de Barbero se hace eco de ese argumento al sostener que en la cobertura periodística de la revista El Sur se informaba sobre “aspectos privados de las personas, sin que se acredite interés público en la difusión de los mismos”. Casi como que la muerte de “Norita” y todo el círculo de poder en torno a su cadáver no le hubieran interesado a nadie.
También los demandantes argumentaron en queja por el “acceso tan fluido al sumario como para citarlo con tanta soltura, como si estuviese leyendo de él cada vez que publicaba una de sus notas”. Dicen los abogados de la familia que al periodista de El Sur “no sólo no le importó (la investigación) sino que la convirtió en añicos, ventilando sin atenuantes presuntas hipótesis del mismo”. Por supuesto que la familia hubiera preferido el silenzio stampa, pero en buena medida fueron sus procederes (apariciones mediáticas, conferencias de prensa, protagonismo de “investigadores de la familia”, entre otros) los que no hicieron más que contribuir en el sentido contrario.
No obstante, lo más “peligroso” de la pretensión de los demandantes, ampliamente concedido por la decisión de la jueza, es la pretensión de “sentar una pauta de ejemplaridad” frente a la actitud de la prensa independiente, a la que llena de vituperios. En esa línea, los querellantes sostienen que “el ensañamiento del demandado estuvo animado por un fundamental propósito: incrementar las ventas de su revista y posicionarse como referente local del caso frente a otros medios”.
Y avanzan más al señalar que del “tránsito infernal” que atravesó la familia puede surgir “algo redimible”. Tal cosa sería la “implantación jurisprudencial de una pauta señera que indique y asuma por las claras lo que es hoy por hoy la prensa en una importante porción de su membrecía, y las aspiraciones individualistas que laten debajo de los fueros que la sociedad democrática les confirió”. Por eso consideran que “la indemnización debe elevarse por sobre lo meramente reparador y trascender a lo paradigmáticamente punitivo”.
No quedan dudas de que la jueza Freire de Barbero abrazó incondicionalmente este pedido de castigo ejemplar. Esa demanda de una familia atravesada por el escándalo, para que “al menos” de todo ello quede una “pauta señera” que marque los límites de la prensa independiente.
Personalmente estamos seguros de que, al menos en el caso de Hernán Vaca Narvaja, quien merece nuestro máximo respeto profesional, no lo conseguirán. Él y su revista continuarán investigando, serán una molestia para los poderosos e irán hasta el hueso en los temas considerados parte clave de la agenda de la sociedad. Pero albergamos el temor de que con buena parte de la prensa de Córdoba, esa “pauta señera” disparada por la jueza, lamentablemente comience a funcionar.
