ESCUCHARCarlos Marcelo Belloni (*)
Aunque todos concuerdan que el ajuste de tarifas es algo necesario, el debate gradualismo vs shock ha generado polémica. El ajuste venía demorado desde hace varios años con el consecuente crecimiento de los subsidios y ya era hora de afrontar el costo real de los servicios. Por el momento, la quita de subsidios se hizo con consecuencias importantes en los sectores más vulnerables.
El establecimiento del tope de 400% de aumento en las facturas de gas es una medida apropiada y permitirá contemplar el fuerte reclamo social. El resto de los ajustes debería seguir una lógica más gradualista y progresiva, teniendo en cuenta la situación de los distintos sectores sociales, con especial énfasis en los más vulnerables. El universo de consumidores es muy heterogéneo y requiere un abordaje que tenga en cuenta la situación de cada sector y el posible impacto del ajuste.
Lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar en la dinámica inflacionaria, es algo imposible en el corto plazo. Con respecto a la cantidad de posibles beneficiarios de las tarifas sociales, las estimaciones oficiales previas se quedaron cortas. Las solicitudes de tarifa social superan en 60% las estimaciones del oficialismo en los tiempos de campaña. Según el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), hay un total de 3,3 millones de hogares “elegibles” para la tarifa social de luz, de un total de 14,6 millones de hogares conectados al sistema eléctrico (es decir, 22% podría pedir el beneficio). En gas, hay 8,5 millones de hogares conectados a la red de gas, y 1.522.000 son elegibles para la tarifa social. La revisión de zonas posiblemente incremente el número de beneficiarios.
El primer aumento de tarifas, que comenzó en abril de este año, implicaba que la demanda pagaría 90% del costo del gas. El resto seguiría corriendo por cuenta del Estado. Con el tope de 400% a la suba de gas sobre el importe de la factura, la demanda pagará un 70% de los costos, según cifras oficiales. Si bien esta última medida implicaría un costo fiscal superior a $11.000 millones, los subsidios a la energía, transporte y agua se reducirían en $78.000 millones este año. En comparación con 2015, el gasto en subsidios caería de 4,3% a 3,3% del PIB. El ahorro fiscal que implica la reducción de subsidios podría compensarse con tarifas sociales, aunque la variante es positiva. La incorporación de nuevos beneficiarios no contemplados actualmente (clubes barriales, centros culturales, etcétera) incrementaría el costo fiscal calculado. De parte del Gobierno, afirman que la meta de 4,8% de déficit fiscal sigue en pie.
Los efectos negativos de la política energética de la década pasada seguirán presentes por un tiempo largo, al menos hasta recuperar la autosuficiencia de gas natural. Argentina consume 150 millones de metros cúbicos de gas por día y produce 100 millones. El desfase entre el precio y los costos de producción es evidente y debe reducirse lo más posible para promover las inversiones productivas en el sector.
La idea de cierta gratuidad universal de los servicios públicos fue instalada socialmente por mucho tiempo y será una cuestión difícil de sincerar. Mantener una tarifa social que efectivamente aminore el impacto del ajuste a los sectores más vulnerables es clave en esta difícil transición.
(*) Economista del IAE Business School de la Universidad Austral
