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Las implicancias de un juicio que dejó como saldo la condena a uno de los mayores exponentes del sindicalismo empresarial y a las políticas neoliberales en el ámbito laboral. En el transporte ferroviario, la rémora de los noventa aún está presente.
Por Dr. Carlos Marín – Abogado especialista en Derecho Sindical. Asesor de organizaciones gremiales. Docente universitario de posgrado.
El veredicto que se dictó en el caso Mariano Ferreyra tiene una profundidad más que trascendente, porque es cierto que se condenó por primera vez en Argentina a un dirigente sindical, señalado muchas veces como miembro de la burocracia y de una patología denominada sindicalismo empresarial. Porque también es cierto que se condenó a una metodología laboral perversa, como las tercerizaciones; otros auscultarán en la relación sindicalismo, barrabravas y complicidad de las fuerzas de seguridad. Seguramente, hay mucho, mucho para ahondar en esos tópicos.
La causa Mariano Ferreyra, el asesinato de un militante, se convirtió -para quien escribe este artículo- en el juzgamiento y condena de la aplicación de las políticas neoliberales que ensombrecieron nuestro país y que de manos -no dicho explícitamente- de las marchas como las del 8N y 18A quieren volver.
Todo el proceso judicial es una cruel descripción de cómo ha concebido y concibe el neoliberalismo la política laboral en Argentina.
La década del 90 profundizó de tal manera la “Revolución Conservadora” en Argentina, que dejó estructuras muy difíciles de derrumbar.
Con algunas, este Gobierno pudo avanzar, fuertemente, como en el caso de la Seguridad Social y la eliminación de la ley Banelco. Con otras pudo avanzar más a su debido tiempo y cautelosamente, como con YPF. Con otras tuvo “derrotas”, pírricas derrotas, pero derrotas al fin, como la 125.
En el caso del transporte y, fundamentalmente, del transporte ferroviario, la rémora de los 90 aún está allí como un puñal clavado al que hay que procurar sacarlo de repente para no desangrarse, pero en ese “cuidado” está el recuerdo constante de las políticas ejecutadas en una era nefasta del país que complementó el peor de los procesos políticos.
Puesto que, a pesar de las muertes, de los fusilamientos y de los compañeros desaparecidos, ese proceso político no pudo implementar lo que sí hicieron Menem y Duhalde.
Las políticas liberales y, esencialmente, las políticas laborales de los noventa se encuentran resumidas en aquellas que fueron ejecutándose en el transporte ferroviario:
– Primero, privatización y expulsión de más de 70% de los trabajadores de la empresa.
– Concesión de la empresa a manos privadas; posteriormente aplicación de contratos de obra y de servicios; “promoción” para la creación de cooperativas de trabajo de los mismos trabajadores despedidos, las que se financiaron con las propias indemnizaciones; flexibilización de los contratos de trabajo mediante los “contratos basura” y renegociación de los convenios colectivos de trabajo de actividad por convenios colectivos de trabajo de empresa, a la baja, por supuesto.
Para ello se necesitó de una pata sindical que, una vez vencida -desgraciadamente la sociedad acompañaba-, actuara como maestro de ceremonias del “nuevo” escenario y se presentara a la comunidad como un sindicalismo modernizado que, más que conquistas laborales, debería dar servicios.
Un sindicalismo que terminó siendo, totalmente, cooptado con la posibilidad de tener sus propias empresas en el rubro “jubilación” y en el rubro “accidentes de trabajo”. Sin embargo, la vorágine no terminó allí y si los sindicatos podían “brindar” ese tipo de servicios, cómo no hacerlo en la propia actividad. Desgraciadamente, la Unión Ferroviaria, como algunos otros sindicatos, cayeron en esta tentación.
Pareciera ser que en algunos casos la lógica fue: “Si no puedes vencerlos únete a ellos” porque, nobleza obliga, hay que recordar que la Unión Ferroviaria -ésa que se dio por vencida- encabezó una huelga de más de 45 días que terminó con la tristemente célebre bravata “ramal que para, ramal que cierra”.
Y ante ello la entidad sindical, pero fundamentalmente sus dirigentes, fueron desnaturalizando su razón de ser para convertirse en empresarios, con un Estado que a la vez que se desligaba de sus obligaciones engendraba un sistema perverso de relaciones comerciales y laborales, como nunca antes se vio en Argentina.
Sí, ese sistema fue engendrando todos los métodos de flexibilización, teniendo como estandarte las tercerizaciones, con el objeto de reducir aún más los costos; de soslayar cualquier tipo de responsabilidad en cabeza de las empresas concesionarias; y de dividir a sabiendas el colectivo de trabajadores, sacándolos de su identidad laboral para autonomizarlos por vía de la creación de cooperativas de trabajo ilegales, con anuencia explícita de alguna de las más importantes estructuras sindicales.
El juicio que terminó con la condena de José Pedraza, el “Gallego” Fernández y Favale; miembros de las fuerzas de seguridad y otros estratos, no fue simplemente una condena por el homicidio de un militante de la vida: fue una condena en contra de las políticas neoliberales que reinaron en nuestro país y que, de una manera u otra -más directa como ésta- siempre trajeron muerte.
Esta “condena” sirve para discutir mucho en democracia pero, fundamentalmente, para vislumbrar que las políticas neoliberales son, indefectiblemente, antiobreras, antipopulares y antidemocráticas.
Esta nota fue concebida con mis más sentidos y sinceros respetos para con los familiares de Mariano Ferreyra.
