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“Mapas sobre el régimen político democrático de las provincias”, de Poder Ciudadano.
La calidad institucional del Poder Judicial en el país tiene una lupa que la observa de cerca en las distintas provincias a lo largo y ancho del país. Se trata de un monitor cívico que analiza aquellas situaciones que la van deteriorando. Si bien existen matices entre distrito y distrito, hay sugerencias concretas que urgen implementar, según emerge del último informe denominado “Mapas sobre el régimen político democrático de las provincias”, que la organización Poder Ciudadano presentó la semana pasada en Córdoba.
“Avanzar rápidamente en la realización de los concursos que permitan dotar de estabilidad a los jueces de diversas instancias que hoy se encuentran en comisión; establecer representaciones equilibradas en los Consejos de la Magistratura, evitando la preponderancia del Poder Ejecutivo, e instaurar la obligación legal de elevar las ternas al Poder Ejecutivo con los correspondientes órdenes de méritos”, son las tres recomendaciones claves que se desprenden del estudio.
Mejorar la transparencia del proceso de designación de magistrados y funcionarios judiciales no es el único punto sobre el que alertó esta organización no gubernamental, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana y concientizar sobre problemas de interés público.
Sin embargo, respecto al quiebre de la calidad institucional en la Justicia, Poder Ciudadano subrayó en su informe cinco casos emblemáticos -ninguno de ellos en Córdoba-.
Apuntó a San Luis, advirtiendo sobre “hostigamiento y doble reemplazo en el Tribunal Superior de Justicia (1996-1998 y 2005 ante amenaza de intervención federal del Poder Judicial provincial)”, así como también la modificación en la integración del Consejo de la Magistratura limitando la participación de los abogados.
También reseñó en ese grupo las reformas sufridas en los consejos de Neuquén y Tucumán y el emblemático “caso Sosa”, en Santa Cruz. Sobre esta última situación, que generó gran polémica en su momento, advirtieron que habiendo cuatro fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún se niega restituir a Eduardo Sosa como fiscal General de la provincia, advirtiendo que “el principal escollo es la justicia, porque no todos son iguales ante la ley”.
El informe, presentado en el marco del “Diálogo para una agenda de trabajo: ¿Cómo mejorar la calidad institucional en Córdoba?”, organizado por el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia (Copec), al que asistieron políticos, empresarios, funcionarios judiciales y periodistas, también advirtió que Córdoba está entre las provincias por debajo de la media en cuanto a transparencia electoral y entre las seis últimas –puntaje negativo- en cuanto a la influencia del clientelismo político en el resultado de las elecciones para el cargo de gobernador.
Cabe aclarar que el documento refleja la “percepción” con base en entrevistas en profundidad realizadas a informantes claves de las distintas provincias argentinas.
Sin rotación
Los investigadores también analizaron cómo ha sido en cada distrito la rotación del partido del gobernador desde el retorno de la democracia hasta la actualidad.
Sobre este punto, concluyeron que durante ese período “ocho provincias no experimentaron rotación de partidos en el cargo de gobernador (Formosa, Santa Cruz, San Luis, La Rioja, Río Negro, Jujuy, Neuquén y La Pampa); cuatro contemplan -o lo hacían hasta muy recientemente- la cláusula de reelección indefinida y Catamarca, única provincia con reelección indefinida y rotación, experimentó esta última luego de una intervención federal”.
En detalle, el documento presentado por Pablo Secchi, directivo de la organización monitora, aclara que Corrientes experimentó tres rotaciones, pero entre ellas mediaron dos intervenciones federales y varios cambios de autoridades; Tierra del Fuego recién inicia la elección de gobernador por medio del voto popular con su “provincialización” en el año 1992, en tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) inicia la elección directa de jefe Gobierno en 1996.
Finalmente, el equipo de investigación de la ONG recomendó que “para favorecer la alternancia y rotación de partidos en el ejercicio del poder, las provincias que aún tienen vigentes en sus constituciones cláusulas de reelección indefinida y leyes de lemas, deberían considerar su derogación. Asimismo, debe desalentarse la sanción de nuevas cláusulas de reelección indefinidas”.
