Que nuestra sociedad está crispada, por motivos varios, es un hecho palpable en la calle todos los días.
Se dice que la pandemia ha exacerbado ciertos problemas sicólogos que siempre estuvieron ahí. Otro factor resulta la seguidilla de malas políticas económicas y la pauperización social, así como el divorcio que tienen con la realidad ciertos actores públicos, más preocupados en el interés propio que en el bien común.
El crimen del colectivero Daniel Barrientos en la madrugada del 3 de abril pasado, en La Matanza, volvió a poner en la discusión pública no solo el tema de la inseguridad, sino, al decir de la página digital de Todo Noticias, “la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie”.
Abonan eso con los resultados de un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés la pasada semana y que revela que “apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país”.
El chofer asesinado tenía 65 años, le faltaba solo un mes para jubilarse, vivía en González Catán y había trabajado por casi 30 años en la empresa que controla la Línea 620, siendo uno de los más antiguos, experimentados y queridos choferes de tal línea.
Por su muerte y en demanda de mayor seguridad para quienes trabajan en los colectivos, choferes de unas 86 líneas, declararon la huelga y cortaron la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en su intersección con General Paz.
Cuando el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni llegó al lugar fue atacado a golpes de puño y a piedrazos en una violenta escena, debiendo ser sacada por la Policía de la Ciudad.
Como nos dijo un analista político de Capital Federal: “Tenemos una dirigencia que no solo no hace bien su trabajo, sino que tampoco puede prever las consecuencias de esa ineficiencia. Siempre se creyó que el desborde social vendría por el lado económico y fue al final por el de la seguridad. Si se tomaran el trabajo de ver ciertas encuestas sobre por qué la gente se va del país verían que la inseguridad marcha pareja con las razones económicas. Otra nuestra que no hacen los deberes ni para su propia supervivencia política”.
No ayudó a la tranquilidad pública, lo que se difundió también por algunas redes, sobre los pocos o nulos antecedentes en materia de seguridad de funcionarios de alto nivel en dicha área. Se trataría, porque no nos consta, según esas publicaciones, de puestos logrados por afinidad política más que por conocimiento en el tema.
La agresión al ministro Berni es repudiable como toda muestra de violencia. Tanto, como las desafortunadas declaraciones de pretender mostrar un crimen común que provocó la muerte de un trabajador, como una oscura conspiración política. Según nuestras fuentes judiciales, ocurren entre tres y cuatro muertes de este tipo por semana en el conourbano bonaerense.
En igual sentido, también es lamentable la sobre actuación al detener a los dos choferes culpables de los golpes, como si se tratara de sicarios del narcotráfico o terroristas.
Para colmo, lo filman dejando en evidencia que se ejerció una fuerza desproporcionada para detener a quien solo era un trabajador en un hogar de clase media que no se resistió ni mínimamente a la detención.
Pese a ello se lo hizo salir de su casa y se lo echó al suelo e inmovilizó con uso de la fuerza mientras lo esposaban.
Tampoco ayuda a la percepción pública que todo el procedimiento fuera llevado a cabo por una policía cuyo jefe es precisamente a quien habían golpeado.
Para abonar las críticas de quienes dicen que todo era una puesta en escena, se los termina liberando a ambos choferes luego de decretarse una huelga de colectivos y al efecto de levantar la misma, sin cumplir con otro acto que tomarles declaración como imputados. ¿No podía solo citárselos como ocurre en cualquier hecho de lesiones leves?
La gente está crispada, es cierto. Y lo más preocupante que quienes deben llevar tranquilidad, parece que actúan en sentido contrario.
De la pandemia al presente ha transcurrido poco tiempo, que ha sido en el ámbito provincial uno de los más fecundos en cambios procesales. No solo por la adopción del proceso electrónico sino también por la implementación de nuevos carriles procesales tanto en el ámbito civil como en el laboral.
En dicho orden, la ley provincial Nº 10555 ha dispuesto un nuevo proceso civil oral para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el actual juicio abreviado, en el que, contestada la demanda, las excepciones y la reconvención -en su caso-, el tribunal citará a las partes a una audiencia preliminar en la que las invitará a conciliar y, de no poder llegarse a eso, proveerá lo referente a la prueba, estableciendo los extremos a probar, los medios para llevarlos a cabo y cuál de las partes deberá diligenciarlos.
Luego, producida la prueba pericial e informativa, en una audiencia complementaria se evacuará la testimonial y pericial en debate que será oral, público y continuo, que finaliza con alegatos en forma oral, por su orden. Lo actuado en dicha audiencia se registrará en formato audiovisual. El tribunal deberá dictar sentencia dentro de los 30 días.
Por otra parte, en cuanto al fuero del Trabajo, la sanción de la ley provincial Nº 10596 que ha establecido el denominado legalmente Procedimiento Declarativo Abreviado con Audiencia Única, que busca dar una respuesta jurisdiccional más adecuada al justiciable en el ámbito laboral cuando se está frente a diversas situaciones de menor complejidad que la litis laboral común y, por tanto, mayor sencillez probatoria.
Las causas que se tramitan bajo tal forma de proceso, a pesar de su disparidad de origen dentro del universo del conflicto jurídico laboral, tienen como elementos generales comunes que presentan atendiendo a su naturaleza o a la verosimilitud en el derecho invocado, la circunstancia de no requerir a priori gran amplitud probatoria.
Oralidad, inmediatez, posibilidad de avenir a las partes y uso de las nuevas tecnologías para la gestión del trámite son puntos en común en uno y otro fuero. Se trata de una transformación que retoma en más de un sentido la apuesta por el proceso oral, que ya se dio en materia penal a través del código que redactaran los juristas Vélez Mariconde y Soler en su tiempo para el fuero Penal, al establecer por primera vez en el país en el año 1940 el juicio oral y público.
Sin embargo, como decimos siempre, la adopción de un nuevo paradigma de gestión no significa per se una solución mágica de los problemas que abundan en nuestros tribunales y que se pueden ejemplificar, de manera no exhaustiva, en el atraso en la resolución de los procesos, la multiplicidad de causas y la mora en la tramitación de ellas, entre otros.
Hemos expresado ya nuestra postura en el sentido de que la oralidad no trae aparejado como consecuencia natural acelerar los procesos (la Cámara del Trabajo de nuestra ciudad es a este respecto el clarísimo ejemplo), sino que resulta una manera de juzgar a los ciudadanos con mayores garantías, por la inmediatez y con la posibilidad una reducción de la litigiosidad intraprocesal.
Celebramos, por tanto, cualquier iniciativa que se tome para mejorar el servicio de justicia, y sin dejar de entenderlo como un paso en la dirección correcta, debe ser completada con un mayor impulso de métodos alternativos de resolución de conflictos, como por ejemplo el arbitraje extrajudicial para los casos de menor cuantía económica, y mirando los intereses de los justiciables que, en definitiva, constituyen la razón de ser de la prestación de justicia.
También, no debe olvidarse que muchos de los inconvenientes que presenta nuestro servicio de justicia se relacionan con malos hábitos a veces enraizados culturalmente, y no de la legislación en sí, los que, por lo mismo, deben erradicarse con otro tipo de medidas, distintas de la oralidad o abreviación de los procesos.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Magíster en derecho y argumentación jurídica
