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Miguel Castillo Martínez, presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán.
En los últimos años, varios países de Latinoamérica han sancionado leyes con la intención de superar la cultura del secretismo imperante en el continente. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Chile y Uruguay son los últimos Estados que dieron este paso. Si bien desde 1994 en Argentina el derecho de acceso a la información se encuentra reconocido explícitamente en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales –que tienen jerarquía constitucional–, este reconocimiento aún no ha sido acompañado por la sanción de una norma nacional; una materia pendiente.
De visita en nuestra ciudad, invitados por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, expertos mexicanos disertaron sobre el derecho a la información pública. Comercio y Justicia dialogó con uno de ellos, Miguel Cartillo Martínez, quien relató la experiencia en su país.
– ¿Hace cuántos años que está funcionando en México la ley de acceso a la información pública?
– La ley federal se creó en 2002 y en 2004 se sancionó en Yucatán. A partir de allí y hasta 2007, todos los Estados del país crearon una ley de acceso a la información pública y un organismo garante. Hoy, a ocho años desde que se creó la ley federal , en todo México existen leyes de acceso a la información pública.
– ¿Cómo está funcionando la ley? ¿Qué balance hace de su puesta en marcha?
-Está funcionando muy bien. Un estudio de métrica nos dio algunas buenas noticias respecto de que el sistema de acceso funciona: sólo cinco de cada cien preguntas no se responden en tiempo y forma y van a recurso de inconformidad. El estudio demuestra, a su vez, que del total de recursos de inconformidad, en 95% de los casos, el órgano colegiado revoca la decisión del gobierno de no entregar información y obliga a entregarla.
– ¿Qué tipo de información es la que más requiere la gente?
– Esto ha pasado por diferentes fases. En la primera etapa, la gente pedía información sobre los sueldos y los viáticos de los funcionarios: todo lo que tiene que ver con el manejo de los salarios. Hoy, como esa información tiene que estar en las páginas web, de oficio, ha bajado la solicitud. Ahora se está requiriendo mucha información sobre concursos y licitaciones: cómo se concursa una obra, quiénes ganaron la licitación, cómo la ganaron, cuánto costó, etcétera.
– ¿Cuál es la vía que utiliza el ciudadano para pedir esa información y cuáles son los pasos que se siguen?
– Vía e-mail, vía presencial ante el organismo de acceso a la información y en algunos casos hasta telefónicamente. Luego se remite una solicitud al gobierno que en un lapso de entre 12 y 20 días, dependiendo del Estado de la República, debe responder el requerimiento.
– ¿ Y se cumple ese plazo?
– En siete de cada diez casos se cumple. En los casos que surgen controversias, el ciudadano puede denunciarlo al órgano garante para que obligue al gobierno a cumplir el pedido.
– ¿Cuál es la sanción para el que no cumple?
– En cada Estado es diferente. En Yucatán se ha llegado a aplicar multas económicas a los funcionarios, incluso han derivado en denuncias criminales por el delito de abuso de autoridad. Dicha figura penal está contemplada en la ley de acceso a la información pública de Yucatán.
– ¿Costó mucho la sanción de la ley?
– En términos generales desde que se creó la ley federal, en 2002, en algunos Estados fue muy rápido, ya en 2003 había leyes y en otros estados se demoró hasta 2007. En Yucatán, la ley ya ha tenido dos reformas importantes: la última en 2008 y ahora, en 2011, hemos presentado una propuesta para mejorarla.
– ¿Cuál es la situación de América Latina en lo que acceso a la información pública se refiere y cuál la de Argentina particularmente?
– En América Latina, el único país que tiene un órgano garante autónomo es México. En términos generales, es donde se cumple más o menos con un modelo de ley. En algunos países no hay leyes y, en otros, si bien hay organismos, éstos dependen del gobierno y entonces no garantizan su independencia. Argentina tiene leyes de acceso en algunas provincias, pero éstas no tienen órganos garantes ni hay un proceso claro de entrega de información. Además, hay muchas causales de reserva, lo que no permite que la ley fluya.
