Reactivación fase 1

Por Enrique M. Martínez*

Los anuncios del Gobierno para la etapa que se inicia están bien perfilados. Pero la fase 2 de la reactivación económica nacional exige mucho más. Necesita una mirada estructural de largo plazo que se imponga al mercado, que lo dirija, como dicen que sucedió en los países con industrialización equilibrada en la posguerra

El Gobierno comenzó a mover sus piezas para favorecer la recuperación de la actividad económica. En pocos días se anunciaron iniciativas asociadas a la obra pública, a la construcción privada, a la vivienda propia, a la inversión turística, a la industria en varios planos, con algunas facetas inéditas como una línea de subsidios de capital a pequeños emprendedores nuevos.

Es interesante y tal vez valioso intentar clasificar los posibles efectos de tales pasos. Un primer grupo comprende a la inversión directa del Estado en infraestructura, sumada a las facilidades para la inversión privada, incluso la individual, en el mismo ámbito. Hacer un camino o completar un dique puede ser analizado del mismo modo que propiciar un nuevo plan Procrear, para que los compatriotas se apliquen a la autoconstrucción de su vivienda. Aquí es evidente que incursionar en el tema mejora la actividad general y que eso es tanto mejor cuanto más potentes son las masas de recursos aplicados.

Las precauciones a tomar se relacionan con evitar favorecer la especulación o la explotación laboral en la cadena de valor.

Financiar viviendas sin hacer lo mismo con el acceso a lotes con servicios ya se demostró que es dar de comer, y mucho, a la especulación en tierra urbanizada. No se debe repetir ese error. Complementariamente, en la medida en que se expanda la demanda de trabajo en la construcción, sea por pymes o por obras individuales, debe consolidarse allí un sistema de protección social de quienes trabajen, especialmente los monotributistas, quienes necesitan salir del casillero de “changuistas” en que se los ha colocado, para ser miembros del espacio de producción popular, con cobertura médica y previsional dignas.

Como tercera faceta a cuidar en esta actividad es la dimensión de los planes que se encaren. Se trata de un verdadero desafío para cualquier gobierno. En un país con cuatro  millones de viviendas dignas faltantes, anunciar un plan de 10.000 unidades pone tan lejana la meta para la mayoría que invita a que muchos compatriotas crean que su solución no se alcanzará por ese camino. Es imprescindible tener planes a corto y mediano plazos, en que todos -reitero, todos- vean que están siendo considerados. De lo contrario, lo que es una idea positiva –construir viviendas– puede resultar paradójicamente un incentivo para apresurar la toma de tierras.

Distinto es anunciar un programa de, digamos tres años, para urbanizar y vender en cuotas un millón de lotes y llamar a la inscripción de postulantes en todo el país, comenzando la verificación in situ de la necesidad de cada uno. Eso genera una lógica y positiva movilización social que da sustentabilidad a todo el proyecto

En cuanto a los montos a invertir por el sector público, invito a cualquiera a hacer números y verificar que si el Estado se organiza como capitalista social, con un fideicomiso que habilite y venda tierras, los montos a manejar son menores que los que demandaría un plan de viviendas sociales modesto -100.000 anuales–, contando además con una recuperación  cierta de los fondos en corto plazo. Lo antedicho vale para planes de infraestructura pública o social. En materia industrial, se necesitan análisis más complejos.

Comencemos por la reacción inicial de los actores privados, por medio de sus ámbitos corporativos, sean la UIA o agrupaciones pyme.

Todos reciben con agrado créditos con tasa subsidiada o programas que generan economías externas, como los parques industriales. Simplemente, piden más. Quieren que se reduzcan los aportes patronales; que se bajen alícuotas impositivas y medidas similares. Es decir: apuntan a mejorar su participación en la distribución del ingreso, sea porque todos les cedemos dinero porque sus trabajadores lo hacen, por caída relativa del salario real. En rigor, tanto el Gobierno como los empresarios plantean el futuro en similares términos: que sigan produciendo los que hasta ahora lo hacían, con más incentivos para el capitalista y –agrega el Gobierno y algunas pymes– con más capacidad de consumo popular.

Esas medidas han de funcionar. ¿Y entonces? ¿Las industrias láctea, avícola, aceitera, azucarera seguirán concentrándose, dejando más zonas del país sólo como consumidoras, cuando podrían también producir?

¿La molinería de trigo seguirá el mismo camino, ya que está cerca? ¿Comenzará una concentración más acelerada en carne de cerdo o vacuna; en yerba; en arroz?

¿Los autos seguirán teniendo 25/30% de componentes nacionales cuando esta participación podría ser mucho mayor? ¿Tendremos que seguir festejando que se inauguren ensambladoras de lavarropas, de heladeras, de televisores, que nunca fabricaremos con alta integración nacional?

¿Acaso estas deficiencias estructurales no están entre las causas de la inflación o de las restricciones externas que tanto nos preocupan y molestan?

Alguien podría decir: ¡Ufa, viejo, estamos en el fondo, primero rebotemos!. Eso es parcialmente cierto. Sí: por algo titulo Reactivación fase 1. Pero la fase 2, que avance hacia aumentar la cantidad de actores productivos en la industria alimentaria; a recuperar las cadenas de valor densas en la industria automotriz, en la línea blanca y en la electrónica de entretenimiento; a convertir el sistema financiero en real apoyo de la producción, sin subsidios del Estado, requiere más que créditos baratos o reducción de impuestos.

Necesita una mirada estructural de largo plazo que se imponga al mercado, que lo dirija, como dicen que sucedió en los países con industrialización equilibrada en la posguerra. Esa mirada debe ser concebida, difundida como documento preliminar, discutida y finalmente instalada en la sociedad para bien de todos, incluso de los mentados inversores externos, quienes deben ser bienvenidos en tanto generen trabajo, aporten tecnología, pero deben tener claro que no pueden complicar nuestro frente externo porque, en tal caso, su negocio futuro no será exitoso.

La reactivación está perfilada. Está bien.

El país productivo con justicia social; con una producción popular con iguales derechos que las corporaciones; con la posibilidad de mirar el futuro con la misma serenidad que un austríaco o un belga, por mencionar países pequeños del mundo central donde sus habitantes no pasan penurias, está para ser pensado y luego implementado. Vamos para allá.

(*) Instituto para la Producción Popular