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La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
– Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
– El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
– ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
– Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
– ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
– Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
