ESCUCHARDesde el pasado miércoles, los cordobeses contamos con un derecho más. Y se trata de uno destinado a preservar la libertad de pensamiento y creencias en los momentos particularmente críticos de la enfermedad grave o las situaciones terminales.
Es, sin lugar a dudas, un jalón de gran importancia respecto de la vida de las personas. Concretamente, de cómo mantener su dignidad en momentos críticos como lo son los de la enfermedad grave y las fases finales de la existencia humana.
El derecho que otorga la ley provincial Nº 10.058, sobre declaración de voluntad anticipada, confiere el derecho a toda persona de poder asentar por escrito su decisión de requerir que los equipos médicos se abstengan de someterlas a medidas desproporcionadas que sólo prolongan artificialmente la vida.
Cabe destacar que dichos actos de voluntad se cumplimentaran únicamente frente a situaciones en que su titular se halle en estado terminal, privado de su conciencia o estado vegetativo, y deja expresamente afuera cualquier práctica de tipo eutanásico.
La reglamentación que operativiza dicha norma fue redactada por una comisión de expertos para lograr consensuar desde las distintas vertientes con injerencia en la cuestión, un proyecto de reglamentación, el cual fue promulgado sin cambios por el Ejecutivo provincial mediante decreto N° 1276 el 14 de este mes.
Integrada por médicos, presidentes de colegios profesionales, decanos de carreras de medicina, jueces y funcionarios judiciales, abogados, escribanos y miembros de diversas confesiones religiosas, y hasta un autor de esta columna (No, Sergio no, el otro), dicha comisión logró en el tiempo reglamentariamente previsto, de 60 días a partir de su conformación, acercar posturas y lograr un proyecto que contemplara las principales posturas en la cuestión.
No resultó un trabajo fácil. Todo lo relativo a la vida humana y su fin, se presta a la polémica. Resulta algo paradójico. Es algo que tenemos todos en común, y en general coincidimos en los valores que la presiden. Pero discutimos bastante a la hora de bajar esos valores a la práctica de todos los días. O como deben entenderse ante situaciones concretas.
En tal sentido, la labor cumplida por la Comisión Consultiva Interdisciplinaria sobre Muerte Digna fue, en su desarrollo, un ejemplo de lo que podemos lograr cuando se discute abiertamente, sabiendo el tema que se trata y con buena fe.
La norma trae asimismo algunas cuestiones metodológicas novedosas: la implementación de acciones para hacer conocer la ley a toda la población, y el establecimiento de un comité técnico interdisciplinario y consultivo que puede ser convocado por la autoridad de aplicación para expresar su parecer frente a situaciones dudosas.
Se establece asimismo, el deber de informar a la legislatura por vía de la comisión de salud, en forma anual, respecto de las distintas cuestiones que se hayan presentado sobre la aplicación de la norma en ese lapso.
En suma, una norma reglamentaria que rompe con los lugares comunes, y que presenta un consenso no menor entre las distintas posturas. Producto no de la unanimidad, pero sí de establecer una base común sobre las principales cuestiones. Y con novedades en materia de acercar la norma a la gente y de permitir su control periódico por parte de los representantes del pueblo. Un buen punto de inicio, a tono con las necesidades del presente de una sociedad con múltiples creencias. Y que resulta además, lo suficientemente flexible como para incorporar los nuevos tópicos que el avance científico imponga a la discusión como posibles nuevos escenarios.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. ** Agente de la Propiedad Industrial.
