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La Administrative Procedure Act (Pub. L. No. 79-404, 60 Stat. 237 -1946), más comúnmente denominada por sus siglas como “APA” es la ley federal estadounidense que rige el procedimiento mediante el cual las agencias federales desarrollan y emiten sus regulaciones, otorgando al “público” la posibilidad de intervenir o cuestionarlas, así como consagrando la potestad de los tribunales federales de controlar todas las acciones de tales agencias, en palabras de Daniel E. Hall en su libro Administrative law bureaucracy in a democracy.
Kristin Hickman y Richard Pierce, por su parte en Federal administrative law: cases and materials, la entienden como una de las piezas de mayor importancia del derecho administrativo de ese país, que sirve como una “especie de “constitución” de la normativa administrativa de Estados Unidos”.
Promulgada el 11 de junio de 1946, luego de más de una década de discusiones, se trató de la respuesta a los temores sociales y políticos por la expansión de la administración federal a través de múltiples organismos y agencias que comenzaron a regular aspectos de la economía y hasta la vida social hasta entonces nunca tocados, en virtud de la ejecución del plan del new deal del presidente Franklin D. Roosevelt.
George Shepard en su artículo “Fierce compromise: the administrative procedure act emerges from new deal politics”, publicado en la Northwestern University Law Review, narra que con la sanción de la APA se buscó una norma para regular, estandarizar y supervisar tales organismos. Oponentes y partidarios de Roosevelt lucharon en su diseño, lográndose un equilibrio consistente en “la decisión de la nación de permitir un gobierno extenso, pero evitando la dictadura y la planificación central”.
Este fenómeno de un “rápido crecimiento de la regulación administrativa de la conducta privada”, condujo incluso al propio ejecutivo a estudiar el tema, pues tales agencias “autónomas” conllevaban la “amenaza de desarrollar una cuarta rama del gobierno para la cual no existe ninguna sanción en la Constitución”.
Al efecto, en 1939, el United States Attorney General Frank Murphy conformó un comité cuyo informe final (Final Report of Attorney General’s Committee on Administrative Procedure, Senate Document No. 8, 77th Congress, First Session, 1941) contenía datos detallados sobre el desarrollo y procedimientos de 51 agencias a nivel federal, con varias recomendaciones sobre la estandarización de los procedimientos administrativos.
Tras el impasse por la Segunda Guerra Mundial, la norma finalmente fue sancionada un año después de la finalización del conflicto.
El juez Robert Jackson, quien se desempeñó como principal fiscal estadounidense en los juicios de Núremberg, en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1950 en el caso Wang Yang Sung v. McGrath (339 U.S. 33 – 1950), definió a la norma como el fruto de “un largo período de estudio y lucha” que “resuelve disputas persistentes y reñidas desde hace mucho tiempo, y promulga una fórmula sobre la cual se han apoyado las fuerzas sociales y políticas opuestas” y por eso mismo “contiene muchos compromisos y generalidades, y sin duda, algunas ambigüedades”.
Jeffrey Lubbers, en su artículo de 2022 “Putting the US Administrative Procedure Act in Perspective”, aparecido en The Regulatory Review con motivo del 76 aniversario de la norma, expresó: “Es difícil creer en estos tiempos polarizados que la APA se aprobó sin oposición en 1946. Pero este hecho oscurece el largo período de negociaciones y controversias que acompañaron su redacción incluso en un período en el que el Partido Demócrata controlaba todos los resortes del gobierno. Tal vez el éxito de la nación en la Segunda Guerra Mundial había aplacado los temores anteriores de un gobierno grande, pero en 1946 había un consenso general de que la APA era un buen compromiso que daba al pueblo y a los tribunales suficiente control sobre las agencias ejecutivas (…) Aun así, dados sus controvertidos orígenes en la década de 1930, la APA ha demostrado una notable capacidad de permanencia”, con sólo seis modificaciones respecto de cuestiones periféricas de la norma.
En 1966 fue incorporada dentro del Título 5 (5 USC §551 et seq. – 1946) referido a la organización del gobierno, del United States Code, la codificación por materia de las leyes generales y permanentes de los Estados Unidos, publicado por la Office of the Law Revision Counsel de la House of Representatives del Congreso estadounidense. Asimismo, cada Estado ha aprobado su propia versión de la ley a nivel estatal.
Desde 2005, el House Judiciary Committee de la Cámara de representantes ha estado estudiando cambios en la APA. Pero el tiempo ha transcurrido sin resultados y no pocos se muestran escépticos que en pueda llegarse a un buen puerto sobre la materia en una época donde escasean tanto el diálogo como los consensos.
Es enriquecedor estudiar el fenómeno del procedimiento administrativo en la visión estadounidense, desde que estamos frente a otro sistema jurídico, distinto del derecho continental en que abrevamos por estas tierras. Una diferencia marcada que torna más interesante aunque por otras vías y fines llegan a la misma necesidad de establecer un procedimiento administrativo con no pocos puntos de conexión conceptual con el nuestro. Algo que demuestra que esa tensión entre autoridad pública y derechos de las personas, es mucho más que un elemento de nuestro derecho administrativo. Trátase, como se comprueba aquí, de una cuestión universal de cuando se gestiona el bien común entre seres humanos.
