ESCUCHARPor Salvador Treber
Cuando se elaboró el proyecto de Presupuesto Nacional del año que finaliza, éste había generado expectativas muy positivas que en el transcurso de 2018 se fueron diluyendo. Ahora cierra con un índice negativo que lamentablemente se extiende al ejercicio próximo.
En oportunidad de la elaboración y presentación del proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2019, en su etapa previa de preparación y hasta su presentación oficial que se concretó el 17 de septiembre pasado debió enfrentar serias objeciones por parte del FMI y su directora, Christine Lagarde, que incluyeron a la política monetaria a cargo del Banco Central. Ello explica que hayan exigido, organismo y funcionaria, que se adopten medidas restrictivas para acotar ese tipo de acciones. Es que luego de pasados los primeros tres meses desde que originalmente se había suscripto el acuerdo con el Fondo, entienden que se han usado imprudentemente los primeros US$15.000 millones.
Por ello plantearon que perentoriamente se eliminen tales falencias y se atengan a los lineamientos antes notificados. A la par, procedieron a acentuar la severidad de las condiciones vigentes para viabilizar los giros trimestrales de US$3.000 millones pero, de inmediato, los suspendieron mostrando su gran disgusto por lo sucedido. La situación derivó en nuevas exigencias que incluyeron una notoria ampliación actualizada y mucho más detallada de la información, incorporando un régimen de control permanente por parte de tres funcionarios que cumplirán dichas funciones con facultad de veto. El tono con que se comunicó el ingente refuerzo de los controles se debió más a la contrariedad que por la forma como se actuó que a las múltiples observaciones meramente técnicas.
Las críticas más duras las han dirigido contra la participación del Banco Central en el mercado cambiario y contra la inexplicable falta de identificación precisa de los mayores adquirentes de dólares con los que sugirieron cierta complicidad, así como por omitir un detalle pormenorizado de la situación y seguimiento de su cumplimiento por los adquirentes en carácter de contribuyentes de los Impuestos a los Réditos y Patrimonio. Dicho instrumento se ha confeccionado sin déficit, salvo el generado por el pago de intereses, y se admite que constituye un indicador más decisivo que la evolución registrada por el PBI. Exigen que no se registre una caída superior a -0,5%, que el índice inflacionario no supere 23% y que la paridad cambiaria tenga como tope 40,1%.
Además, han impuesto una “franja de flotación” (entre $32 y $40 de paridad) dentro de la cual no habrá intervención del Banco Central, al mismo tiempo que han reprobado sus sucesivas intervenciones que han causado la pérdida de una cuantiosa suma de divisas sin lograr detener en ningún momento la suba del dólar. Al revés de lo que caracterizó a 2018, se pretende que las tarifas no crezcan en 2019 como en este año, para que coadyuven a desacelerar el elevado ritmo inflacionario. Además, se considera que hasta fines del segundo trimestre del año próximo no se podrán revertir las tendencias y, por tanto, lo más probable es que se demoren los signos de recuperación como mínimo hasta entonces. Advierten que tales parámetros se ha establecido para ser cumplidos y que no tolerarán nuevas omisiones.
Conflictos y alternativas
En la confección del Presupuesto, los funcionarios a cargo de dicha tarea subrayaron que debieron tener muy presente el todavía conflictivo contexto internacional que aún se muestra y transmite volatilidad, pero como factor favorable citan un ciclo normal de lluvias.
Por lo tanto, la cosecha 2018/19 se espera muy superior y permita mejorar sensiblemente las colocaciones en el exterior, logrando así una notoria mejora en la disposición de dólares sin apelar a nuevos préstamos. Lo que no se comprende es el esquema para los exportadores. Se critica que no estén obligados a ingresar las divisas derivadas de sus embarques y los puedan mantener en el exterior sin término, lo cual no sucede en ningún otro país del mundo.
En cuanto a la reforma tributaria que se aprobó en el año 2017, se le han incorporado reformas que buscan obtener mayores recursos para lograr eliminar el déficit presupuestario. Sin dar a conocer los fundamentos, funcionarios del FMI sostienen que no permitirán un ritmo y secuencias de devaluaciones semejantes a las de 2018. Subrayan que a ese efecto se posterga por un año más la franquicia que permitirá deducir parcialmente el llamado impuesto al cheque en el Impuesto a las Ganancias y tampoco se permitirá ningún tipo de actualización de orden patrimonial, tal como lo reclaman los empresarios. Además, se eliminarán todo tipo de exenciones que sumarían alrededor de $25 mil millones, como así también se disminuirán significativamente los reintegros vigentes a las exportaciones.
El proyecto de Ley de Presupuesto fija un límite a los derechos de exportación en su artículo 83º, estableciendo: “Se podrán fijar pero no deberán superar el 33% del valor imponible del precio oficial FOB”. También se establece que se debe cumplir todo dentro del “marco de las facultades acordadas por el Poder Ejecutivo Nacional” para coordinar con lo que bastante antes impusiera pagar una obligación de cuatro pesos por cada dólar en la exportación de productos primarios o bajo valor agregado exportados y de tres pesos para los industrializados. Frente a una cotización del dólar de alrededor de $40 para las exportaciones ello implicará apenas 0,09% en las ventas de trigo y maíz y 28% para las de soja.
Con posterioridad se mencionó una alícuota más elevada (de 12%) y ello agitó los mercados pues creció notoriamente la inquietud porque se incrementen demasiado, pero esto fue una falsa información originada en discusiones internas previas de los funcionarios.
En última instancia, sólo se introdujo un párrafo que limita la vigencia de dicha norma “hasta el 31 de diciembre de 2020”, es decir que dichas retenciones tienen carácter “transitorio”. En este rubro se ha estimado que el año próximo proporcionarán $440 mil millones que, se espera, coadyuven a equilibrar las cuentas fiscales, pues pasarán a duplicar su rendimiento y equivaldrán a 2,4% del PBI, ya que también serán impulsadas por la notoria recuperación de la producción agrícola que se anuncia.
Sustanciales “recortes” del gasto público
En consecuencia, los más significativos provendrán de fuertes recortes del gasto que ascenderán a no menos de $400 mil millones respecto al monto total del gasto público en el año precedente; 75% de dicha suma en la jurisdicción nacional y el 25% restante deberán cumplir las provincias.
En este último ámbito hay marcada resistencia a hacerlo pues virtualmente no registran déficit (-0,4%) y no tendrán dificultad alguna en eliminarlo totalmente. Respecto a 2019, las provincias en las que su gobierno es afín al nacional se han mantenido dentro del más estricto silencio, pero todas las demás, con gobiernos de diverso origen, vienen resistiéndose a introducir cortes de cualquier naturaleza y seguramente incidirá bastante en ello que se trate de un año electoral.
Las discusiones continúan, pero el Fisco nacional tiene medios para ejercer presiones. Muy probablemente no se vacilará en utilizarlas para que se deponga todo tipo de obstáculos y objeciones. Las provincias apenas si han logrado que se reincorpore en una muy parcial medida el denominado “fondo sojero”, mermado en alrededor de 50% y sólo hasta fines del presente año, ya que para el año próximo se insiste en su desaparición. En cuanto a los gastos de inversión, se han reducido a la mitad para el próximo ejercicio y el conjunto de cortes significarán para la provincia de Córdoba una merma en dichas erogaciones de unos 8.000 mil millones de pesos.
Lo menos comprensible es que no se prevea para todo el curso de dicho año ninguna devaluación y se conciba una estabilidad con una oscilación moderada, ya que para 2019 expresamente ratifican que “no se piensa que haya una devaluación de la moneda como ocurrió este año”.
Los analistas consideran que ello es virtualmente imposible, dado que nunca antes eso sucedió y entienden que ello es sólo una “ilusión incumplible y hasta ingenua”. El jefe del interbloque parlamentario desechó “volver al pasado”, pero tampoco considera adecuado dar continuidad al presente porque “se ha fracasado”.
En cuanto a la posible evolución de la paridad cambiaria, hay plena coincidencia en que no se mantendrá estable y que sólo transitoriamente constituye “un factor súper competitivo”. Otra omisión preocupante es que sólo esté prevista un alza en las tarifas eléctricas durante el próximo mes de enero para los diversos medios de transporte que sólo complementarán los incrementos introducidos en el último trimestre del año precedente, pero no cubrirán los mayores costos que seguramente se operarán en el transcurso del año 2019.
