ESCUCHARPor Daniel Filmus (*)
El pasado 2 de agosto la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, planteó en una carta dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuáles eran los intereses británicos respecto de las Islas Malvinas: establecer vuelos directos a terceros países y remover las “medidas restrictivas” que adoptó Argentina en defensa de sus recursos naturales, en particular los hidrocarburíferos. Con una rapidez asombrosa, el 13 de septiembre nuestra Cancillería atendió estos reclamos en una declaración conjunta con el Reino Unido.
Además de expresar que “ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países”, dicho documento pone de manifiesto que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. O sea, cumplir con las dos demandas de la potencia que usurpa el archipiélago desde 1833. Sin embargo, en el texto no está presente ninguna de las históricas demandas argentinas. No se hace mención a la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que plantea la necesidad de la negociación bilateral para resolver la controversia; tampoco a la violación de la Resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe las acciones unilaterales que el Reino Unido está llevando adelante en el área, a la ilegal exploración de hidrocarburos y explotación depredadora de la pesca y mucho menos a la existencia ilegal de una base militar británica en la zona de paz del Atlántico Sur.
La declaración conjunta también contiene, es importante destacarlo, un aspecto positivo: ambas partes expresan “su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin” que oportunamente demandó Cristina Fernández de Kirchner. Una cuestión humanitaria en la que ha sido clave tanto la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja como la tarea de especialistas argentinos en antropología forense que acompañaron al gobierno argentino a llevar a cabo el proceso de obtención de muestras genéticas de los familiares de nuestros compatriotas caídos en el conflicto bélico de 1982.
Pero no hay que perder de vista el objetivo principal del Reino Unido: que Argentina elimine las legítimas medidas adoptadas para defender sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos que le pertenecen por estar dentro de su Plataforma Continental. Londres pretende que nuestro país derogue las leyes 26659 y 26915, votadas por unanimidad o amplia mayoría por el Congreso Nacional para proteger las riquezas que pertenecen a 40 millones de argentinos.
En este contexto, cabe preguntarse a qué se debe tanta generosidad del Gobierno argentino y qué es lo que justifica apresurarse a acceder a las demandas británicas en contradicción con el espíritu que plantea la Constitución Nacional y las resoluciones de la ONU. Una primera hipótesis permite proponer que es la forma de expresar el deseo de volver a sostener “relaciones carnales” y las políticas de seducción con los países centrales. Lo preocupante es que esta manifestación no asegura de ninguna manera que, haciendo bien los deberes y cediendo en nuestros reclamos, el Reino Unido nos retribuya con acciones recíprocas. Quienes conocen los vericuetos de la diplomacia internacional saben bien que las potencias coloniales no cambian de actitud por más que uno sonría y se muestre sumiso.
Una segunda hipótesis, particularmente grave, es que esta postura esté basada en la especulación de evitar el veto británico para la candidatura de nuestra canciller, Susana Malcorra, a la Secretaría General de la ONU. Si algo esperan las más de 190 naciones integrantes de la ONU es un secretario general que se preocupe por hacer cumplir las resoluciones de este organismo. No parece ser una buena carta de presentación para la gran mayoría de los países que votan en la Asamblea General una candidata que desconoce la necesidad de implementar decisiones que, como la Resolución 2065, provienen del máximo organismo de las Naciones Unidas.
Para colmo, en un intento por tapar el desacierto de la declaración conjunta, Macri cometió un gravísimo error al adjudicar a May la intención de debatir sobre soberanía, lo que obligó al Foreign Office a desmentirlo rápidamente. Este auténtico papelón internacional permite plantear una tercera hipótesis: que se esté aplicando en el tema de Malvinas la misma política del ensayo y error que se utilizó en otras áreas de gestión pública de este gobierno. Hay que advertir que en la diplomacia internacional cuesta mucho revertir las consecuencias de errores tan graves.
Estamos convencidos de que Argentina debe sostener las mejores relaciones posibles con el Reino Unido y con quienes viven en las Islas Malvinas siempre que ello no implique retirar el reclamo por la soberanía o permitir que se lleven las riquezas que pertenecen a los argentinos. De hecho, en los últimos años se ha profundizado la relación económica, académica, cultural y científica con Gran Bretaña y debemos apostar a que avance más aún. Es mucho lo que se ha hecho en los últimos años por convertir la Causa Malvinas en una verdadera política de Estado. Ha estado presente como uno de los objetivos principales del gobierno y de todos los argentinos. Se trata de continuar avanzando en la consolidación de la Cuestión Malvinas como causa regional y global a partir de la solidaridad y el apoyo recogidos por nuestro país en todos los foros mundiales.
(*) Parlamentario del Mercosur-Frente para la Victoria y ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas.
