ESCUCHARDesde la asunción misma del mando, el Gobierno nacional se muestra predispuesto a emprender, en lo inmediato, correcciones destinadas a asegurar la recaudación, sin atender aspectos vitales en cuanto a la real necesidad de insertar el esquema tributario en la concreción de una política global adecuada.
La última vez que se concretó una reforma de tal carácter fue en 1963. Desde entonces ha transcurrido más de medio siglo y en ese lapso se sucedieron gobiernos de las más diversas orientaciones pero que, en materia tributaria, nunca se plantearon una actualización total en función de las exigencias de un mundo en permanente cambio. Las iniciales reformas precedentes, que datan de los años 1891 y de 1932, en ambos casos fueron impulsadas por sendas crisis mundiales.
En la primera de ellas hubo que sumar fuentes suplementarias de ingresos a los que gravaban el comercio exterior por haberse registrado una seria caída de éste en todo el planeta. En cuanto al segundo caso, surge como consecuencia de la tremenda crisis de los Años Treinta (1929-1934), que expulsó millones de asalariados y generó un escenario de gran miseria que condujo a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En esa oportunidad, se introdujeron instrumentos muy importantes.
La estrecha relación económica de entonces con el Reino Unido obligó a integrar por primera vez un sistema tributario, incorporando los impuestos a las Ventas y a los Réditos. El ministro de Hacienda de entonces, el doctor Federico Pinedo, al presentarlos en el Congreso, lo hizo por el término de tres años y expresó su ferviente deseo de no tener que prorrogar su vigencia. Es evidente que, contra sus deseos y después de más de ochenta años de su introducción, continúa en su permanencia aunque bajo distintas denominaciones, siendo la actual la de impuesto a las Ganancias.
Pese a que la implementación puede convertirlo en un decisivo instrumento de política económica y asignativa, acentuando sus funciones como herramienta redistributiva y de expansión productiva, se advierte que, sin excepción alguna, las diversas conducciones siempre han hecho caso omiso a esa multiplicidad de fines y lo circunscribieron a que sea un mero proveedor de fondos.
Obviamente, esta limitación constituye un aspecto muy negativo y explica que los sucesivos equipos se hayan circunscripto a la incorporación de sendos, reiterados y sucesivos “parches” que siempre concluyen por hacer antifuncional un instrumento probadamente valioso. La flamante administración actual del país no es una excepción y, desde los primeros días de gestión, al eliminar o reducir las retenciones sobre las exportaciones, ha dejado expuesto que está dispuesta a realizar una muy significativa transferencia de ingresos y riqueza en beneficio de los empresarios que pilotean las actividades agrícolas y mineras.
Semejante decisión fue adoptada en forma simultánea con la vigencia de una continua macrodevaluación y la consiguiente pretensión de que los sueldos y/o salarios lo hagan con un límite anual insuficiente de 25% que, obviamente, es resistido por los afectados pero sirve para desnudar la esencia de la política implementada. Dado que el nivel general de precios en el transcurso de doce meses ha crecido alrededor de 40% es evidente que pretenden que esa amplia franja de la población económicamente activa, la más numerosa, sea la que pague el ajuste en plena marcha. En otras palabras, se procura generar una mucho mayor concentración en la franja superior de la pirámide distributiva en desmedro de la media y baja que contiene nada menos que a 91,7% del total de asalariados.
Los que dicen que debe esperarse un tiempo (vgr. todo el año 2016) para evaluar los resultados se convierten así en cómplices, están interesados directamente o pecan de una inexplicable ingenuidad. Los cambios en el esquema distributivo son muy rápidos en cuanto se busca acentuar la polarización regresiva, pero requieren mucho más tiempo y una diligente acción del Estado para tornarlo más justo y equitativo. Tales circunstancias se vuelven muy problemáticas cuando, como actualmente en Argentina, la clase alta se ha entronizado en el ejercicio del Gobierno central en forma absoluta.
El esquema tributario y la distribución del ingreso
Es oportuno advertir que se apunta, por lo tanto, a transferir ingresos y riquezas hacia los que moran en la franja de la cima; que en ese aspecto sería retornar a una situación similar a la que se extendió entre 1991 y 2002 inclusive, que concluyó causando una verdadera eclosión económica, financiera y social. La involución se ha podido cuantificar mediante el respectivo coeficiente de Gini (mide el nivel de distribución del ingreso), que en ese lapso pasó de un muy meritorio 36,5 a un penoso 52,7.
La posterior recuperación hasta 2014 lo retornó a 37,8, último dato disponible, pero cabe advertir que las medidas tomadas desde el 10 de diciembre ppdo. deben de haber deteriorado mucho dicho indicador. Según lo refleja el Anuario Estadístico del Banco Mundial 2010, se advierte que prevalece una actitud bastante renuente por parte de muchos países a proporcionar información relativamente reciente en esa materia. Y no se trata de economías rezagadas sino que abarcan incluso a las que figuran entre las diez más poderosas del planeta.
Un claro testimonio es el caso de Estados Unidos, indiscutiblemente la economía más poderosa del orbe, cuyos últimos disponibles corresponden al año 2000; por medio de ellos se puede apreciar una bastante poco favorable situación a través del coeficiente de Gini.
Este instrumento estadístico pone en evidencia que en dicho país incurren deliberadamente en evidente mora para aportar datos reales ya que prefieren ocultar la realidad.
Los analistas consideran que los índices conocidos siguen siendo representativos pues la situación que revelan se ha extendido en el tiempo casi sin variaciones temporales. De todas maneras aunque el indicador es bastante mediocre (40,8), supera muy levemente al de China para el año 2005 (41,5). En este último país cabe recordar que al principio del presente año los millonarios superaron el número de cien; convirtiéndose en la cifra más alta por país a escala mundial. Y ello algo quiere decir…
En nuestro país hubo hasta 1975 una evolución positiva pero desde el año siguiente y hasta fines de 2002 inclusive, el retroceso, como ya se ha subrayado, fue muy notorio y ello ha coadyuvado a polarizar mucho la riqueza y el ingreso. Los primeros anuncios sobre estos aspectos han expuesto la escasa voluntad de cambios. En lo inmediato sólo se mencionó que habrían de incrementar el mínimo imponible para los potenciales contribuyentes de cuarta categoría (trabajo personal) y postergar hasta 2017 la pretendida modificación de la vituperada e identificada como “tablita de Machinea” (su autor).
Las múltiples críticas, incluso de algunos integrantes de la propia bancada oficialista y los específicos reclamos de los demás partidos, que exigieron la inmediata actualización del artículo 90º de ley que la incluye, virtualmente obligaron a admitir la ampliación del planteo.
Es evidente que después de haber eliminado la mitad de las retenciones sobre exportaciones, los funcionarios temen una excesiva reducción de los ingresos tributarios, más allá de lo que habían previsto.
El difícil trámite parlamentario de las reformas propuestas
La perspectiva de tratamiento del tema en el Congreso llevó a que los dirigentes gremiales y la mayor parte de la oposición unieran fuerzas para imponer sus puntos de vista, que incluyó no sólo el importe del mínimo no imponible para la cuarta categoría sino la modificación y ajuste anual automático. Pero hay quienes pretendían que los jubilados fueran exceptuados sólo por el hecho de serlo y algún legislador llegó al extremo de propiciar la derogación lisa y llana de dicho tributo. Este planteo denota mucho desconocimiento y que la reacción obedece a que al susodicho “le aprieta el zapato”…
En 148 países del planeta, el impuesto a los Ingresos o Renta Neta es considerado el instrumento más idóneo para diseñar una política con efectos redistributivos. Por tanto, extraña que respecto a los impuestos sobre consumos, que cubren alrededor de 3/4 partes del total de la recaudación, no haya criticas expresas o tácitas; ello sólo se explica por el grado de ignorancia en este aspecto especial. Resulta obvio que si se elimina el primero, para no disminuir los recursos habría que elevar el rendimiento de los demás, lo cual acentuaría la regresividad global.
Muy posiblemente esta poco racional actitud se debe a que, en el caso de éstos últimos, la mayoría de los contribuyentes u obligados no advierten el grado de imposición porque ese componente integra los respectivos precios sin una mención específica. Hasta el momento, la marcada disminución de los ingresos derivados de retenciones a las exportaciones y su anunciada baja total en el futuro se recibió casi con beneplácito pero ello constituye una equívoca actitud.
El malestar y las dificultades actuales provienen de concretar, en forma simultánea, la eliminación de subsidios a ciertos consumos básicos (vgr. energía eléctrica y gas natural) con lo cual se ha generado una gran suba en el nivel del costo de vida, acentuando la regresividad de la carga tributaria, aunque no son identificadas como sus causas fundamentales. Lo que se viene haciendo anualmente por medio de meros “parches” sólo ha servido para aportar más fondos a la Tesorería, sin pensar demasiado sobre su efectos regresivos en la distribución del ingreso. Sin embargo, los cambios introducidos en los últimos meses, muchos por medio de sendos decretos, constituyen una violenta retrogradación que conduce la economía a un esquema semejante al vigente en la década de 90 (siglo XX).
En consecuencia, si se busca evitar que la carga tributaria recaiga en mayor medida sobre las franjas más bajas de la pirámide distributiva, además de desgravar totalmente la llamada “canasta familiar”, se deberá pensar seriamente en la introducción de nuevos tributos que graven a los titulares de bienes de riqueza que lucran con la especulación, a la par de racionalizar el tan injustamente vapuleado impuesto que recae sobre los ingresos netos. Muchos operadores actúan subrepticiamente o son evasores consuetudinarios, razón por la cual, una mejora sustancial en la administración fiscal se convierte en un condicionante decisivo.
Podrían ser útiles al efecto sendos gravámenes progresivos a la tierra libre de mejoras con fuertes recargos sobre los latifundios improductivos y, obviamente, otro que considere materia imponible el patrimonio global de las personas, incluyendo en ambos casos un régimen automático de actualización anual en las valuaciones.
