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Dice el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española respecto de la voz “paraestatal” lo siguiente: “Que, por delegación del Estado, coopera a los fines de éste sin formar parte de la Administración pública.”
En los últimos años hemos visto muchos ejemplos al respecto, sobre todo de una “privatización” de la acción social. Desde Sueños Compartidos de Hebe de Bonafini y Sergio Mauricio Schoklender a la Tupac Amaru de Milagro Sala, o -en el presente- el clan de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos ellos comparten ese rasgo de “parecer” Estado por fuera del Estado.
Otro tanto podemos decir de las decenas de miles de planes sociales que son manejados por organizaciones sociales.
No es un fenómeno nuevo y, casi de forma inevitable, acaba mal. Porque no es lo que corresponde. Como se estudia en la materia tributaria, el Estado recauda coactivamente impuestos para atender necesidades públicas. Cuando la ecuación se altera y vamos por otros senderos, nada sale bien.
Esto ocurre principalmente porque el Estado, desde la ley nacional de administración financiera para abajo, tiene toda una estructura normativa de controles y rendiciones de cuentas, con intervención de organismos de contralor que apunta a tener controlado y dentro de un margen legal a la aplicación de los recursos del Estado, lo que en el caso de estos “privados” no existe.
Es también bastante curioso que estas prácticas surjan por lo general de parte de quienes sostienen las concepciones más expansivas de la actividad estatal.
Opacado por el terrible homicidio de la joven Cecilia Strzyzowski, que, según algunos analistas del caso, además de resultar un femicidio puede también convertirse en un crimen de ribetes políticos, existe otra causa derivada de su muerte. Un expediente judicial que, de prosperar, situaría a los hechos de este denominado “clan Sena” como el más reciente y peor ejemplo que esta negativa paraestatalidad trae aparejada.
Pues en tanto la justicia provincial de Chaco avanza sobre el hecho del asesinato de Cecilia, en la justicia federal se halla abierta otra investigación penal respecto de posible uso indebido de fondos públicos y lavado de dinero.
Esta investigación parte de que cuando allanaron la gran casa situada en el centro de la ciudad de Resistencia del líder piquetero Emerenciano Sena, los fiscales provinciales debieron solicitar la intervención de un camión de caudales, pues además de un machete y una sierra de carnicero con restos de sangre, los investigadores encontraron la millonaria suma de 6.058.190 de pesos, para ser exactos.
Dicho dinero se halló escondido en un mueble metálico para herramientas. Se guardaba en tres compartimientos iguales, cargados de billetes. Llamó igualmente la atención de los investigadores que en tal suma abundaban de forma principal los billetes de cien pesos, lo que dificultó la tarea de recolección, registro y demás actividades de su secuestro.
La organización que dirigían los ahora detenidos Emerenciano Sena y Marcela Acuña, presentando rasgos con lo actuados por Milagros Salas en Jujuy, había construido un barrio al que había puesto su propio nombre, en donde todos los servicios eran prestados por la organización, incluyendo una escuela “de gestión social” que seguía los rasgos de organización, uniforme y hasta bandera de Cuba, sin observancia de la normativa educativa argentina.
La misma gobernación que le dio a lo largo de años los fondos a esta estructura, últimamente procedió por medio de la resolución 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo a intervenir la Escuela de Pública de Gestión Social (EPGS) 2 del barrio Emerenciano y la fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, entre otras cuestiones, para auditar qué hicieron con los fondos entregados por el Estado. Esperemos que haya compromiso con la verdad y objetividad en tal indagación respecto a cómo ésta se llevaba a cabo. Sobre todo, porque puede mostrar no pocas responsabilidades, incluso penales, de actuales funcionarios provinciales, de confirmarse los rumores sobre un mal manejo de fondos.
Es de esperar que este actuar administrativo, como la causa federal por lavado de dinero, muestren la verdad sobre tales manejos. Sobre todo, que se aprenda de una buena vez que la institucionalidad es el único camino, también en lo social y que todo apartamiento de ella no sólo es malo para la gestión de la cosa pública sino que termina formando estados paralelos que degradan seriamente nuestra realidad democrática.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
