ESCUCHARPor José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)
En un trabajo realizado por más de 600 periodistas de investigación de 117 países, bajo un consorcio que nuclea a las más importantes empresas privadas periodísticas del mundo, se comenzaron a conocer operaciones realizadas por miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, por medio de sociedades offshore inscriptas en refugios fiscales.
En los Pandora papers impacta la diversidad e importancia de las personalidades señaladas: presidentes en ejercicio como Sebastián Piñera, exmandatarios como Mauricio Macri, monarcas como Hussein de Jordania, artistas como Ringo Starr o Shakira, personalidades como Mario Vargas Llosa, unidos por un denominador común.
Doce millones de archivos “filtrados” provenientes de 14 despachos especializados, compuestos por actas, escritos administrativos o judiciales, comprobantes, pasajes, correos electrónicos, documentos informáticos, han sido analizados por el consorcio investigador (que hasta aquí no poseía actuación internacional reconocida). No es claro el acceso por éste a la información, que hasta aquí vamos conociendo en las dosis deliberadamente suministradas por este nucleamiento de empresas que, claro está, también son parte del mercado global y poseen intereses en él. En casos anteriores (Wikileaks, Panama papers, etcétera), la base de las denuncias presentó claroscuros y, finalmente, el impacto fue más mediático que legal.
Las operatorias offshore son prima facie legales y toleradas por el sistema internacional. La característica “on” o “offshore” se relaciona con la sujeción de la persona jurídica y sus operaciones a un determinado marco estatal soberano -nacional- o autónomo -subnacional-. Ya en el Imperio Romano se establecían espacios francos (la famosa isla de Delos desde el siglo 2 a.c. y otras ciudades que eran “liberadas” a cambio de su adhesión pacífica al régimen imperial). Este esquema se mantuvo en las etapas históricas posteriores hasta que desde fines del siglo XIX empezaron a funcionar, tal como las conocemos, en el estado de Delaware (EEUU), mecánica ampliada a otros Estados de la Unión, los cuales, como sabemos, reservaron amplias competencias originarias al poder dictar sus códigos de fondo. En el siglo XX, particularmente luego de la Gran Depresión, el secreto bancario amplió en el mundo entero las posibilidades para este tipo de operatorias.
¿Cuál es su objeto? Operar fuera del Estado que le otorga la personería. Si en razón de su composición social, objeto, integración y movimientos de capital, dotación de empleados, etcétera, la firma debe actuar dentro del Estado soberano o autónomo, tributa como cualquier empresa local y es considerada onshore. Caso contrario, con sólo pagar una tasa de inscripción y un mantenimiento anual encuadrará como offshore y podrá realizar las más diversas operaciones allende las fronteras de su domicilio de constitución. Incluye también la forma de fideicomisos que administran depósitos bancarios, acciones, inmuebles, etcétera
Consecuencias
Después de que se conocieron los Pandora papers, muchos países anunciaron, por medio de autoridades judiciales o fiscales, disponibilidad para iniciar investigaciones formales. Según los expertos, por razones de privacidad, separación de patrimonios entre personas físicas o jurídicas en diversos tipos de relaciones, inestabilidad jurídica y económica en países de origen, planificación empresarial, etcétera, pueden justificarse operaciones; pero nunca para no ser declaradas y perjudicar al fisco de ningún país, o para ocultar movimientos de fondos no declarados o percibidos en razón de ilícitos.
En la Argentina -“top 3” de menciones, según lo publicado- el Gobierno espera, con cautela, que decante la información y se pueda conocer con plenitud la totalidad de la lista -más de 2.400 nombres- como también los motivos de su inclusión.
Se estima que las 200 personas más ricas del mundo poseen tres billones de dólares, entre 3% y 4% del total de la economía mundial. Asimismo, el FMI en 2019 ponderó que la economía en negro supone unos siete billones de dólares, 8% del total. Se considera que entre 2012 y 2017, los ingresos no declarados y procesados mediante refugios fiscales crecieron a 5% anual, con pérdidas tributarias para ese período de entre 500 mil y 600 mil millones de dólares.
Se enfatiza que estas operatorias son legales; pero está claro que muchas personas tendrán que explicar por qué, por ejemplo, compraron, por medio de sociedades que poseen un costo anual de mil dólares, fastuosos inmuebles en las principales ciudades del mundo, que cuestan decenas de millones de la misma moneda; o vendieron costosos emprendimientos mediante un fideicomiso “ciego”.
ONU, OCDE, UE y otras organizaciones internacionales vienen trabajando en lavado de activos, intercambio de información fiscal para evitar la elusión impositiva, persecución de delitos económicos, determinación de tributos que graven la actual dinámica económica, transnacional y digital. Pero no siempre los criterios son similares y muchos actores principales de esos procesos deben enfrentar, por otra parte, contradictorios comportamientos de sus principales operadores económicos.
El reciente acuerdo de 136 países para aplicar el impuesto a las grandes empresas a operatorias digitales (que pondría más de 145 mil millones de dólares en los fiscos nacionales) impulsado por la OCDE es un hecho que apunta en este sentido; pero la distribución de esos fondos, que en más de 95% quedarán en los países centrales, implica una prolongación de muchos problemas.
En la actualidad, pequeños Estados como Samoa, Anguila, Islas Vírgenes, Seychelles, Bermudas, Caimán, Mauricio -antiguos protectorados de grandes imperios y algunos todavía bajo la órbita de ellos-; pero también Belice, Barbados, Chipre, Curazao, Hong Kong, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra -auténticos enclaves que recuerdan el criterio romano para la Isla de Delos-, y -en otra escala- Irlanda, Suiza, Países Bajos o algunos Estados estadounidenses, ofrecen incentivos -tasas accesibles, laxos regímenes impositivos, agilidad en la constitución, secreto, etcétera- para estas prácticas, que en inicio se reputan legales; como decía Barack Obama, ése quizá sea el inicio del problema.
Nodos conectados con los grandes centros del poder financiero internacional, en terminales en las que asoman los principales intereses del planeta. Si los Pandora papers son una escala de esa batalla permanente o son un paso para cambiar de una buena vez las cosas, todavía es una incógnita, otra más en el agitado siglo que nos toca vivir.
(*) Docentes, UNC
