ESCUCHARPor Enrique D. Dibo (*)
Resulta evidente a tantos días de la vigencia del aislamiento social y obligatorio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, que no solo el sistema de salud no estaba preparado para sobrellevar y convivir con el Covid-19, si no que el Poder Judicial, la justicia misma, tampoco. Y no hablo de recursos humanos, que sobran y altamente idóneos y capacitados. Sino de carencias de infraestructura edilicia e informática, tecnología y, por qué no, mala distribución de presupuesto.
La realidad nos encuentra hoy con la justicia de Córdoba literalmente paralizada.
Abogados y justiciables en grave estado de emergencia económica y operativa. Los jueces dispuestos a hacer el esfuerzo con los demás funcionarios integrantes de sus equipos de trabajo para tratar de poner en marcha tan esencial servicio.
Pero todos estos actores involucrados no encuentran en el TSJ, máxima autoridad de este poder estatal, la decisión operativa y política para que se apliquen en el marco de los mayores protocolos sanitarios vigentes los mecanismos de funcionamiento digital plenos. Y se desoyen reclamos cotidianos de toda la abogacía cordobesa, representados por el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba quienes. Me consta por haber trabajado en un protocolo de seguridad y sanidad para aplicar en el fuero laboral, que fue puesto a disposición y recepcionado plenamente por el colegio de esta ciudad, con reclamos y planteos constructivos, en los cuales se adjuntan soluciones concretas y coherentes que permitirían la apertura virtual de tribunales, casi sin circulación humana.
Tenemos que asumir luego de esta pandemia que la abogacía del mañana y su ejercicio estarán firmemente ligados a lo informático/digital (recomiendo leer “El abogado del futuro: Legaltech y la transformación digital del derecho”, producido por IAE Y Universidad Austral).
Puedo afirmar sin dubitación alguna que se avecinan profusos y necesarios vientos nuevos en el servicio de justicia y la industria del derecho misma.
Debemos saber que la justicia, como servicio y herramienta, operativa, administrativa y económica, es un poder independiente de todo Estado republicano y democrático, que no debería depender en sus decisorios del Ejecutivo, ergo poder político.
Digo esto porque, a mi humilde entender, existen innumerables DNU dictados por el Presidente de la Nación en uso de facultades constitucionales que le son propias, que refieren a la prohibición de libre circulación y desarrollo de actividades que no sean calificadas como esenciales (Ley 25250). El servicio de justicia, si bien adolece de la declaración formal, es escencial. Doctrina y jurisprudencia pacífica lo toman y declaran, toda vez que su interrupción prolongada pone en peligro derechos de carácter personalísimos de raigambre constitucional como la vida, la libertad y seguridad de toda persona o comunidad. Es, en definitiva, un servicio público y trascendental en materia de utilidad ciudadana.
Sostengo que reabrir tribunales no es, por parte del TSJ, cometer un acto de rebeldía política o violatoria de norma legal alguna. El Poder Ejecutivo nacional sugirió a los otros poderes qué podían hacer, no ordenó porque carece de facultades para hacerlo.
Ab initio de la pandemia podría resultar lógico y apropiado hacer una pausa, ver cómo reacomodar las piezas, cómo se van suscitando los hechos y a partir de detectado el problema encarar su solución. Cómo combatimos este furioso enemigo con la lógica, la razón, recursos humanos y tecnología actual.
Pero nada de eso está pasando. El TSJ dicta cotidianamente acuerdos que no son de utilidad para los abogados, los justiciables y la justicia misma. Desoye arbitrariamente requerimientos escritos con soluciones efectivas y prácticas acercadas por la representación de la abogacía cordobesa. Y sin argumentos técnicos ni operativos o funcionales que justifiquen su negativa.
Si no tomáramos el trabajo de correr el velo que oculta la verdad, tribunales no se abriría para no ir a contramano del poder político de turno.
Algunos podrán calificar mis apreciaciones como temerarias o carentes de rigor científico/medico. Les digo que se equivocan. Hace un tiempo largo algunos abogados de Córdoba venimos estudiando profundamente esta tragedia. Cómo convivir con ella y lo que dejará a futuro.
Nada tiene más valor que la vida. Esto no es un discurso o reclamo sectorial.
Al margen de la grave situación económica que hoy nos toca vivir a todos los argentinos y en especial los abogados que ya llevamos más de 30 días sin poder trabajar, decimos que tribunales puede y debe abrir sus puertas casi sin circulación de gente.
Ya se dieron los argumentos, que en honor a la brevedad no los voy a transcribir en la presente (TSJ y Colegio de Abogados los tienen en su poder).
Se puede volver a trabajar a distancia, mediante el sistema home office y disponiendo la apertura de los plazos judiciales. No sabemos hasta cuando el Covid-19 va a estar presente. Los daños por el cierre tan prolongado de los tribunales puede ocasionar graves e irreparables perjuicios a la ciudadanía en general y a los abogados en particular, amparados por tratados internacionales. Estamos hablando del acceso a la justicia.
Es obvio que la apertura debe ser gradual y progresiva, sin evadir las normas científicas y sanitarias dispuestas por la ONG y Ministerio de Salud, competentes en la materia. Y se puede hacer. Lo que le falta a las máximas autoridades judiciales de Córdoba y el país es la decisión política. Como si la independencia de poderes fuera una simple declamación impuesta por nuestra carta magna.
La abogacía de Córdoba se ha puesto a disposición para buscar una salida a este conflicto. Trabajar mancomunadamente entre el TSJ, la Asociación de Magistrados, gremio, Poder Judicial, Colegio de Abogados y Ministerio de Salud. Pero parece que no son ellos los que tienen la última palabra.
Para finalizar, estoy convencido que todo esto (y se verá el día que se normalice el servicio de justicia) va a cambiar las reglas del juego y del ejercicio de la profesión.
Que la justicia misma en todos sus estamentos se deberá adaptar a lo que se viene, que será positivo a largo plazo, que no hay que temer a los cambios. Hay que capacitarse, readaptarse. Nos va a pasar en todos los aspectos de la vida, no solo en materia de justicia y derecho
Eso sí, hasta que acontezca, no nos podemos dar el lujo de prolongar este cierre total de tribunales. No hay forma de dimensionar los daños irreparables que a corto plazo producirá.
Hay que estar a la altura de las circunstancias, con racionalidad, inteligencia y valentía.
(*) Abogado laboralista.
