ESCUCHARPor Gino Maffini / [email protected]
La sanción de la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras, cuya última versión databa de 1995 bajo la vigencia del modelo neoliberal en Argentina, constituye otro paso más en el camino de desandar ese largo período de ataques a la industria y al trabajo nacional que comenzó en 1976 y se profundizó durante la década menemista–aliancista.
En un rápido recuento de avances pueden señalarse el desendeudamiento con el FMI y los acreedores privados -lo que amplió los márgenes de decisión en materia económica-; el retorno de las negociaciones colectivas y el incremento del salario mínimo y las jubilaciones; la recuperación de la administración de los fondos de la AFJP para volcarlos al desarrollo nacional; y la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales, que -cuando esté en plena vigencia- ampliará aún más la pluralidad de voces y de fuentes de información.
Están a la espera en el Congreso otros proyectos clave, como la modificación de la actual Ley de Entidades Financieras -que fue central para el predominio de la especulación por sobre la producción durante muchos años- y la ley de limitación a la extranjerización de la tierra.
En ese marco, la reforma sancionada apunta a romper con una lógica perversa de vaciamiento de empresas, apoyada en la negación de derechos de los trabajadores, que contaba muchas veces con el aval judicial. Esta lógica resultaba funcional, a su vez, a una estrategia de concentración de la riqueza, pero fundamentalmente de socialización de pérdidas, que había que revertir.
En un contexto en que muchos sectores empresariales y políticos reclaman “diálogo” y “consenso”, la experiencia de la ley reformada sancionada ayer pone de manifiesto una práctica deliberativa que pocos le reconocen al Gobierno: la de tomar proyectos impulsados por diversos sectores de la sociedad organizada y darles cauce institucional para ponerlos en marcha, sin mayor preocupación por el origen de éstos, priorizando la demanda colectiva -más allá de sus intereses particulares, que también existen, por supuesto-.
De ello son ejemplos no sólo la reforma a la ley de quiebras -impulsado por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas- sino también la de servicios audiovisuales -promovida por la Coalición por una Radiodifusión Democrática- o la de matrimonio igualitario, por mencionar los casos más relevantes. Esta dinámica no debería escapar a las organizaciones que buscan imponer sus reivindicaciones en el debate y la agenda públicas.
