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Alejandro Cohen, arquitecto, profesor titular de la UNC e investigador en urbanismo de la SECyT
El conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Buenos Aires y la actual ocupación de un terreno ubicado en barrio Marqués de Sobremonte en Córdoba colocaron sobre el tapete una histórica problemática, propia de las ciudades de Latinoamérica.
Los procesos de desalojo de villas de emergencia y su relocalización en zonas urbano- marginales configuran una estructura del espacio social en el que los ciudadanos con menos recursos económicos son invisibilizados y condenados a una vida que transcurre en verdaderos guetos urbanos, más conocidos como ‘ciudades-barrio’.
Consultado sobre este tema, el arquitecto Alejandro Cohen -profesor titular de Tesis de Grado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD, UNC) y director del Taller de Investigación en Proyectos Urbanos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT)- aseguró que la solución del problema es responsabilidad del Estado y que el conflicto desatado en Villa Soldati “repone en la agenda pública la necesidad de una política de vivienda regulada por las jurisdicciones”.
-¿De qué manera se definen los límites territoriales en las ciudades latinoamericanas? ¿Existe algún elemento común que las atraviese?
-Si hubiera que establecer una diferencia con las ciudades europeas, en éstas se urbanizó y después se ocupó, al revés de lo que ocurrió en Latinoamérica. Nuestras ciudades tienen incapacidad crónica para llevar infraestructura. Nuestras ciudades han crecido consumiendo mucho suelo, porque los dueños de la tierra la ofrecieron, vendiendo lotes. Lo cierto es que la ciudad funciona como un tablero de ajedrez. Al lado de la ciudad formal, con reglas e infraestructura, nos encontramos con la ciudad informal como subproducto de la primera.
Lo que se repite es el conflicto por ‘el lugar’. El problema es quién resuelve los conflictos. Ahora en nuestro país se produce un doble fenómeno, producto del modelo de exclusión neoliberal, gente fuera del sistema productivo que también quedó fuera habitacionalmente. Por otro lado, también existe la demanda insatisfecha de los denominados “nuevos desocupados”, quienes antes alquilaban e ingresaron luego como demandantes de viviendas. Por último, tenemos la clase media con cierto poder adquisitivo para suscribir créditos.
-¿Cuáles son los intereses en juego cuando se organiza el uso de terrenos en la ciudad?
-En primer lugar, tiene que ver con intereses económicos, ya que se trata de procesos de concentración económica. La disputa entre pobladores y desarrollistas debe incluir el Estado como generador de políticas de vivienda. En las ciudades europeas es tradición que éstas sean parte del desarrollo urbano. Salvo excepciones, como en Rosario, donde el municipio encaró el proceso, en Argentina las políticas están disociadas. El término ‘vivienda social’ pasó a estar estigmatizado, como si únicamente estuvieran destinadas a poner gente de las villas en las ciudades “de De la Sota”. Lo cierto es que hoy existe una demanda real.
-Concretamente, ¿qué puede hacer entonces el Estado para brindar soluciones a la problemática habitacional?
-Hay que aclarar que éste es un problema del Estado provincial y también del municipal. La tendencia siempre ha sido vender la tierra pública, porque para hacer (la sede) el Concejo Deliberante nos quisieron convencer de que había que deshacerse de la tierra. Lo cierto es que no hay política pública sin política de equidad. No se trata sólo de construir viviendas sino de hacer más ciudad. Si bien se trata de un proceso costoso, habría que discutir el tema con las entidades financieras. En Córdoba hay centenares de personas que viven en casas levantadas por sindicatos y por el instituto de la vivienda. Lo que no hubo es un rol fuerte del municipio.
Frente a este panorama, ¿cuáles son las salidas posibles?
-En primer lugar, regular el mercado del suelo y destinar porciones de tierra para viviendas sociales. En París, por ejemplo, siempre se exige un mínimo destinado a vivienda social. Tenemos que mezclar. Por citar un ejemplo, en la ciudad de Córdoba, cuando se erradicó la villa El Pocito hubo concurso para viviendas sociales, con De la Sota pasó a venderse el terreno. Si esto se ve solamente como un negocio no existe margen para una acción social de integración. Y si el proyecto es ‘vender todo’: que lo compren. No debe regalarse. Esto debe ser tomado como un ‘problema social’. Hay que sacarle el estigma a la vivienda social e incluirla en un plan urbano. Esto incluye las viviendas con sus servicios, que suelen contar con subsidios. La disputa sólo puede ser regulada por las políticas activas del Estado, si no es pobres contra pobres.
