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Asistimos a la construcción de una realidad en la que se busca que mande, en gran medida, la lógica comercial y financiera del llamado “mercado” por sobre un abrazo leal y fraterno en humanidad.
Asimismo, la llamada “sociedad de control” tiene en el aspecto tecnológico-comunicacional el centro del denominado “biopoder”, en el que el poder es direccionado a condicionar y mandar sobre la vida y modo de pensar de las personas y las sociedades. La propia vida se ha transformado ahora en un objeto del poder, para que éste logre comandarla efectivamente, con lógicas de consumo. Además, sin educación adecuada en su debido uso y con juicio crítico meditado, las nuevas tecnologías de la comunicación, sus algoritmos y la inteligencia artificial, pueden conducir a verdaderos colonialismos o neocolonialismos mentales virtuales al servicio del mercado.
A su vez, el “mercado” es un concepto anónimo y oscuro que decide pero no asume responsabilidades directas específicas y resulta diluido en un concepto amplio en el que, casi nunca, se dice quiénes lo manejan. Además, en muchos casos, éstos no tienen patria y sus domicilios sociales y fiscales están en paraísos, para pagar menos impuestos. Esos sectores son los que se benefician con grandes ganancias y los que, si les conviene, producen los llamados “golpes de mercado”, con los que aumentan el valor del dólar o generan una inflación ficticia. Sin embargo, esas movidas de intereses cancerígenos para la sociedad se las presenta como determinantes y necesarias a tener en cuenta y respetar, por sobre derechos y necesidades sociales a cuidar en justicia.
Ahora, desde la perspectiva mencionada, ciertas propuestas políticas neoliberales, como las de Javier Milei y Patricia Bullrich, nos quieren hacer creer que nuestra realidad institucional debe manejarse como una “democracia de mercado”. En dicho objetivo se propone una libertad absoluta del capital y de sus movimientos y una apertura irrestricta de nuestras fronteras al comercio internacional y a la explotación de nuestras riquezas, sin importar que en ello se destruya nuestra industria nacional o se contamine nuestro ecosistema. En sus propuestas se quiere que el Estado deje en manos del mercado lo poco que le queda de poder soberano. El mercado, también se dice, debe regular ámbitos sociales básicos, como la educación, la salud, el trabajo, la previsión social (jubilaciones y pensiones) e incluso se propone privatizar hasta un recurso básico como es el agua. Todo eso por sobre los mandatos constitucionales y las leyes que se opongan al accionar o necesidades del mercado, sin importar que de esa manera se empobrezca, precarice o destruya cualquier intento de justicia social.
Aranguren y el aumento indebido del gas
En el aspecto antes señalado, cabe recordar que, como abogado, representando a las Pequeñas y Medianas empresas (Apyme) interpuse un amparo colectivo en contra de los aumentos desmedido del valor del gas efectuados en el año 2016, que traían gravísimos perjuicios a la producción, el comercio y a la población en general. Fundé la postura, entre otros argumentos, en la circunstancia de que el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, designado por el entonces presidente Mauricio Macri, estaba inhabilitado para dictar las resoluciones del enorme aumento del precio del gas, ya que dicho accionar violaba lo que dispone la Ley Nº 25188 de Ética Pública. Esta norma establece que todo funcionario debe “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”, (art. 15, inc. “b”). Aranguren había sido gerente (CEO) de la empresa Shell Argentina hasta poco antes de asumir y dicha empresa es la que, desde 1914, explota y comercializa gas en el país. Así y conforme a lo dispuesto por la referida ley, dicho funcionario no podía resolver los aumentos dispuestos y sus resoluciones eran nulas de nulidad absoluta (art. 17).
El planteo se ganó en primera instancia en el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, pero el Estado nacional, atento a que la norma estorbaba los objetivos de Macri, al apelar la medida judicial de primera instancia, sostuvo que las limitaciones de la Ley de Ética Pública no deben aplicarse “en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales empresarios de la actividad privada que son los más preparados como Aranguren” e instó a los jueces a no acatar dicha norma. La Cámara Federal de Córdoba obedeció y rechazó el amparo y todo el pueblo tuvo que soportar aumentos desmedidos y nulos de la energía, que favorecieron a sectores como a la empresa Shell Argentina.
Sin embargo, Macri dijo que, de esa forma, se lograba «el mejor equipo de gobierno en los últimos 50 años». La realidad demostró que dicho gobierno nos hundió, condicionó y endeudó gravemente como país, con grandes deudas externas, incluso algunas de hasta por 100 años.
Desde esa perspectiva de mercado lo que estorba no se cumple y ahora, en ese razonamiento, Milei sostiene que seremos más libres, por ejemplo, eliminando o no respetando la Justicia Social como lo que dispone el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Norma que ordena, entre otros aspectos, la tutela de la protección del trabajo y asegura dignidad en la labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas y retribución justa; la protección integral de la familia; gozar de una jubilación y tantos otros aspectos esenciales a cuidar en materia de derechos humanos.
«No» a la “mercadocracia”
La lógica del mercado produce relaciones económicas desiguales y en el mercado a los individuos se los considera meros espectadores a convencer pero no sujetos con derechos a garantizar desde la dignidad humana. En este papel asignado, sólo implica la consideración de su capacidad adquisitiva para usar, consumir o comprar.
Además, en este contexto, el gobierno en la democracia termina funcionando como un ámbito que, en definitiva, se ocupa, principalmente, de dar seguridad al capital y al mercado. Detrás de los fines referidos, al mercado se lo transforma en un “poder”, que maneja las actividades económicas, financieras, comerciales, políticas, educativas y sociales y transforma la democracia en una verdadera “mercadocracia”, en la que una minoría con hegemonía económica, financiera y mediática ejerce el poder de hecho sobre todas las instituciones del Estado.
Todo ello con la complicidad de grandes medios de difusión y del propio Poder Judicial.
El mercado debe ser controlado por el Estado y las fuerzas sociales, para que se logre garantizar que se satisfagan las exigencias esenciales de las personas y de la nación, en una democracia que asegure la verdadera soberanía del pueblo.
(*) Abogado constitucionalista y periodista de opinión
