Por Soledad Soler / [email protected]
“Henna fue apresada mientras preparaba un mate. Escondió la yerba detrás de un árbol y sacó la bombilla plegable. Un canillita le calentó agua y probablemente haya sido el que llamó a la policía. Henna clavó la bombilla, vertió el agua y apareció la patrulla. Alcanzó a vaciar el contenido mientras la apuntaban pero la yerba mojada no se esparce. La tiraron al suelo. Estaba indefensa, con las manos en la nuca, de cara al piso, en la posición contraria a cuando uno descansa. Juntaron la evidencia y la guardaron en una bolsa transparente que hacía parecer más de lo que había. La yerba estaba negra de tanto uso. La había secado antes de salir. Ella no espera del sol, la expande en un plato que pone a calentar en una hornalla. Humea y se seca. Ya está.” El extracto pertenece a un premonitorio libro que escribió Guillermo de Pósfay, en 2003, titulado “Yerba mate libre”, en el que narra un presente en el cual la yerba mate está prohibida. La realidad superó una vez más la ficción. Con el precio de la yerba por las nubes, la prohibición se transforma en límite económico de una costumbre que forma parte de nuestra identidad cultural y social. En el mate o en la taza, la yerba forma parte de la dieta básica de cualquier argentino y su consumo es (era) uno de los pocos placeres accesibles para todos, saboreados en comunidad.
“Yerba tiene que haber”. “Si no hay yerba, se viene la ley”. “El gobierno les prepara unos amargos”, fueron algunos de los títulos que publicó el diario Página/12 durante las últimas semanas. Por su parte, acorde a sus principios opositores, Clarín dijo: “Escasez de yerba: amenaza de Cristina”. “Sigue la pelea por el precio y se acentúa el faltante de yerba”. “Polémica entre los súper y la industria por la falta de yerba”, y remató el martes pasado con “Reclamo del GEN: La única verdad es la realidad, la yerba mate no aparece”.
Días atrás, el subsecretario de Agricultura de la Nación, Marcelo Yasky, reiteró que el abastecimiento de yerba mate tiende a “normalizarse con precios normales” y estimó que el valor del kilo en góndolas debería oscilar entre ocho y 16 pesos. Asimismo, la Secretaría de Comercio Interior habilitó la línea 0800-666-1518 para que los comerciantes denuncien los casos en que “que no puedan acceder a condiciones normales de comercialización” y estableció un margen para los precios acordados “de 15 por ciento para minoristas y 10 por ciento adicional para mayoristas”.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yahuar, afirmó que “lo que está pasando con el precio de la yerba es una vergüenza, es lisa y llanamente delincuencial” y advirtió que se clausurarán los comercios que especulen.
En Córdoba continuaba ayer el faltante en supermercados y aseguraron que el problema no es el stock. “Esto no es un problema de producción de stock, no hay problemas de cosecha ni nada raro”, afirmó al respecto el vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas, Benjamín Blanch.
El origen de la tensión
En nuestro país conviven más de 17 mil pequeños y medianos productores yerbateros. Todos ellos participan apenas de nueve por ciento de los ingresos del sector. En manos de los secaderos queda 24 por ciento, mientras que las firmas dedicadas a la molienda y la comercialización concentran más de 60 por ciento de los ingresos. En el mercado interno operan 12 fraccionadores, de los cuales solamente cuatro concentran 50 por ciento del mercado, con las marcas más conocidas: Rosamonte (Hreñuk), Nobleza Gaucha (Molinos Río de la Plata -del grupo Pérez Companc-), Taragüí (Establecimiento Las Marías) y Amanda (La Cachuera).
Y todo comenzó cuando los pequeños productores obtuvieron una mejora para su materia prima, por un acuerdo alcanzado con el Gobierno. A partir de ese momento comenzaron a registrarse faltantes en las góndolas y se trasladó un aumento superior a 100 por ciento a los consumidores finales. Así fue que, durante varios días, comprar un paquete de yerba implicó desembolsos de hasta 40 pesos. Una cifra ridícula que parece formar parte del relato de Pósfay que mencionamos al principio.
“Hemos aumentado el ciento por ciento, a 1,70 pesos el kilo de hoja, al productor yerbatero y vamos a tratar de que esto sea absorbido por la cadena de valor, que son cuatro o cinco grandes empresas, por lo menos en una gran parte”, explicó, en su momento, la presidenta Cristina Fernández. “No nos hagan faltar la yerba porque va a haber problemas y vamos a tener que aplicar la Ley de Abastecimiento”, afirmó más adelante, en relación con las presiones que ejercen quienes monopolizan la cadena comercializadora.
Sin embargo, ayer, los yerbateros de Misiones denunciaron el incumplimiento en el pago de los precios establecidos para la actual cosecha de la hoja verde y amenazaron con realizar cortes de ruta para trabar la circulación de camiones con este producto.
Por las dudas, a guardar y reciclar yerba, a lo Pósfay.