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Blancos y negros del proyecto de ley presentado en el Congreso
Prácticamente no hay empresario –pequeño, mediano o grande- que no critique la asistencia que brinda actualmente el sistema financiero en nuestro país. Transformarlo es un consenso básico entre los distintos actores de la economía, fundamentalmente entre aquellos vinculados con la producción, pero también con el comercio y el consumo interno. Las diferencias aparecen cuando se debate el sentido y la intensidad de esas transformaciones.
En ese marco, un proyecto de ley de servicios financieros presentado al Congreso nacional semanas atrás por los diputados Carlos Heller y Martín Sabatella, sirvió como un primer paso para abrir el debate concreto alrededor de una propuesta. Muchos economistas y legisladores la consideran “superadora” de la actual Ley de Entidades Financieras y acuerdan con sus principios. Otros también acompañan su espíritu, pero discuten buena parte de la “letra fina” de la iniciativa.
Por último, otros la demonizan y la critican con dureza, al punto de considerar que todo el sistema financiero argentino estaría en peligro si un proyecto de esas características fuera aprobado.
Comercio y Justicia recogió las opiniones sobre el tema de algunos de los principales políticos, consultores y economistas del país, para sumarse a un debate necesario que puede abrirse en cualquier momento, como ocurrió con la Ley de Servicios Audiovisuales, impensada tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del 28 de junio del año pasado y aprobada meses más tarde.
La importancia de una ley
El 1 de junio de 1977, hace poco más de 33 años, el entonces ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, anunció la puesta en vigencia de la ley 21256, de Entidades Financieras. El propio funcionario resaltó por entonces que era una de las leyes más importantes del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” y que estaba destinada a marcar el destino de Argentina en lo que restaba del siglo XX.
Aunque no fue el único elemento, esta ley permitió la instalación en el régimen bancario argentino de un modelo de desregulación, concentración, privatización y extranjerización, que privilegió la especulación financiera sobre el financiamiento de la producción. La nueva legislación significó una ruptura muy grande con una extensa historia de subsidios fiscales, créditos de bancos oficiales, del mecanismo de redescuentos y de la tasa de interés negativa, que jugaron un papel dominante en el financiamiento de las empresas nacionales.
Hace pocas semanas, 33 años después de la puesta en vigencia de la Ley de Entidades Financieras, se presentó en el Congreso un proyecto para universalizar el acceso al sistema financiero, establecer cupos de créditos, fijar tasas reguladas para las pymes, limitar la concentración bancaria y reestatizar el seguro de depósito.
Uno de sus impulsores, el banquero y diputado nacional Carlos Heller, destacó que el proyecto tiene dos grandes ejes. El primero es “concebir la actividad financiera como un servicio público que, como tal, no puede quedar en manos del mercado sino que debe estar adecuadamente regulada por quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado”. El otro eje es pensarse “desde las necesidades de los usuarios de los servicios financieros y no de las entidades, que son las prestadoras de esos servicios”.
Un gran debate
Aquí se abre entonces un primer e importante debate respecto a la noción de “servicio público” para el sistema financiero. ¿Qué implica esa concepción? ¿Qué consecuencias acarrea? ¿Qué impacto puede tener en los bancos, las empresas y los ciudadanos?
Quienes defienden esta concepción, como el dirigente cooperativo Edgardo Form, sostienen que la actividad financiera no puede concebirse primodialmente “en función del negocio bancario”, sino “de las necesidades de la economía real y, más particularmente, de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los usuarios de los sistemas financieros”.
Para Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews, esa actividad “tiene elementos de servicio público, por ejemplo, el sistema de pagos, sin el cual las familias tienen un problema”. De todas maneras, el economista consideró que los bancos “son una empresa que hace algunas cosas que son de servicio público y otras que no, y eso es lo que hace tan difícil su regulación acá y en el mundo”.
Por su parte, el consultor Orlando Ferreres consideró que “si la actividad financiera va a ser vista como un servicio público, nadie va a depositar, porque el servicio público tiene prioridades que pueden no ser las de cada ahorrista sino las del interés del que manda en ese momento”.
La actual presidenta del Banco Central fue más allá y no sólo consideró necesario modificar los objetivos de la legislación que regula el sistema financiero del país sino la propia entidad monetaria. “No podemos dejar de lado que la Ley de Entidades Financieras es la ley de la dictadura militar y no podemos dejar de lado que tenemos la Carta Orgánica de los 90, que por primera vez alteró toda una tradición que había tenido el Banco Central desde su creación en 1935, de plantearse objetivos que tenían que ver con la estabilidad pero también con el crecimiento y con el empleo. Los objetivos deben quedar en la letra de las normas que rigen estos sectores”, remató la funcionaria.
Este debate alrededor del sentido de la actividad bancaria es apenas el primero que se abre a partir del proyecto, pero importante para delinear la “sintonía fina” de cualquier proyecto transformador del sistema financiero en Argentina.
