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Los peligros de suprimir una competencia

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José Horacio González del Solar, juez de Menores

Ante el traspaso de casos de la Justicia Prevencional de Menores hacia el ámbito Administrativo, Comercio y Justicia dialogó con José Horacio González del Solar, juez en lo Correccional del fuero, a fin de interiorizarse sobre las posibles repercusiones de la transición de modelos sobre la niñez.

-¿Hay inquietud entre los magistrados?
Toda la Justicia de Menores en este momento está en cuestión, sobre todo en su costado Prevencional, porque el modelo que se ha escogido en el ámbito nacional a partir de la ley 26061 es el administrativo. Es una opción que ha hecho el legislador y es cuestionable que pueda imponérselo a las provincias. Es discutible en su constitucionalidad.

Por ese motivo, Córdoba viene actuando con suma prudencia, si bien se hace eco de la necesidad de transferir a la Administración Pública todo lo que tiene un carácter meramente asistencial, como acciones que impliquen sostener a las familias para evitar la situación de tener que retirar niños, habiendo una situación de extrema pobreza. Así, a partir del 4 de agosto del año pasado, con la acordada del TSJ, quedó en el ámbito judicial todo aquello que implique litigio y se están transfiriendo casos -no causas- que de aquí en más serán atendidos por la Administración.

-¿La Administración ya cuenta con los medios?
Se ha dado su organización. Todo ingresa a través del llamado Órgano de Protección de Derechos, aquí en capital, y en el interior mediante las Unidades de Desarrollo Regional. Así arranca la actuación y se deriva al organismo que debe intervenir, de cualquier dependencia provincial. Está en marcha, pero ya hay reclamos de los interesados ante los Juzgados.

Lo que sucede es que se está ignorando cuál es la razón que explica la existencia de los tribunales de Menores en lo Prevencional, que empezaron a intervenir en lo que era netamente conflictivo, pero que fueron asumiendo mucho de lo asistencial durante la larga vigencia del Estado de Bienestar. Es bueno que esto regrese a la órbita de la Administración Pública, pero no que se supriman los Juzgados, que son, por excelencia, el ámbito indicado para atender lo que tiene carácter conflictivo, litigioso, y que requiere un pronunciamiento por razones de hecho y de derecho.

-¿Qué va a pasar con las declaraciones de  desamparo?
Se consideran prácticamente desaparecidas por decreto. Es como si de aquí en más no hubiera desamparo; para quienes sostienen esta corriente sólo han sido situaciones de pobreza extrema que la perversidad de los jueces ha confundido con desamparo, lo que motiva que se entienda que ya no habrá situaciones de conflicto y, por tanto, la Administración Pública se ocupará, a lo sumo, si hubo maltrato, de que el tema sea atendido por vía de la Violencia Familiar.

Uno desea buenamente que desaparezca, pero no se advierte. Lo que se advierte es que hay un movimiento dirigido a sostener que el desamparo, que antes los jueces identificaban y declaraban, ya no es tal y sólo se ha debido a una confusión entre la pobreza y el abandono de los hijos.

El desamparo es una realidad. El 58% de los casos permanece en los Juzgados. No puede discutirse la competencia y no se puede suprimir sin grave perjuicio para la niñez.

Ideologías
-¿Hay una ideología que cruza el sistema?
En el mundo hay dos modelos de protección a la niñez. País emblemático del modelo administrativo es España; del judicial, Francia. Se trata de dos maneras de abordar la problemática. Habrá preferencias, es opinable. Me inclino por el modelo judicial; creo que es el que da mayor sustento constitucional y legal a lo que es un conflicto de derechos, pero acá el cambio se presenta como un cambio de paradigma, cuando no es así. Todo eso, con un apoyo ideológico definido; por momentos, panfletario. Necesitan visualizar a un enemigo y debieron construirse uno: los jueces.

Además, es un discurso funcional al modelo neoliberal de Estado. ¿Cuál es la consiga en este tiempo? La reducción del gasto público. Y así lo aseguran, porque ya no habrá jueces que demanden servicios. Los administrados son hoy peregrinos, de una oficina los pasan a otra.

-¿Se politizarán los conflictos?
Hay dos peligros. El primero es que la respuesta al problema sea puramente discrecional; no quiere decir arbitrario, pero sí por razones de oportunidad o conveniencia. Y hay otro riesgo, potencial, que es que los manejos propios del proselitismo y del clientelismo contaminen el asunto y lo lleven a consideraciones ajenas a la protección del niño. Es un área muy sensible a especulaciones.

Los jueces están preocupados porque hay un volumen de casos que pueden llegar a caer en manos de personas que no son idóneas en Derecho. No se trata de defender un fuero sólo por aferrase a razones del pasado. Estoy de acuerdo con que la problemática de la niñez se mire dentro de una más amplia, que es la familiar, pero los tribunales de Familia abordan un costado que tiene más que ver con los adultos, no el que atienden los tribunales de Menores.

-¿Qué es lo más conveniente, ahora?
Creo que es conveniente que el Poder Ejecutivo corra con lo asistencial, en serio, y el Judicial con lo que tenga ribetes de Derecho.

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