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Cercanos al centésimo aniversario de la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto, libre, individual y obligatorio, se impone un repaso de las elecciones cordobesas bajo su imperio. Por Silverio Escudero / Ilustración: Luis Yong
Cada vez que los cordobeses, por imperio de la Constitución, son llamados a votar, concurren convencidos de que elegirán como su mandatario, como su empleado más destacado, a quien -quizás- sintetiza mejor sus anhelos, esperanzas y desvelos.
Todas las campañas electorales han tenido su sello distintivo y pasional. Las movilizaciones fueron multitudinarias, plenas de pasión. Ser anarquista, demócrata, radical, comunista, socialista, intransigente o peronista ha sido –y es- un sello de pundonor, distintivo de la condición de ciudadano. Cuestión no comprendida por aquellos que reniegan de la política y del servicio público.
La primera elección que se celebró bajo imperio de la ley Sáenz Peña fue en Córdoba -1912-. La campaña tuvo sus condimentos y emociones. Los radicales estaban exultantes. Le habían arrancado al Régimen las garantías necesarias para que el voto de los ciudadanos no fuera trampeado. Sin embargo, Ramón J. Cárcano los derrotó en un comicio increíble. La UCR debió esperar tres años para sentar en la poltrona a Eufrasio Loza, quien debe renunciar para darle lugar a Julio Cesar Borda.
A partir de 1919 la supremacía demócrata se instala en la provincia. Resultan notables -a los ojos de la historia- las gobernaciones de Rafael Núñez, Julio A. Roca y Ramón J. Cárcano, quien es electo por segunda vez. Etapa oscura del radicalismo que vive una intensa crisis interna y opta por la abstención. Es justicia señalar, en este período, el compromiso social de Núñez, a quien muchos de los suyos le colgaron el mote de “comunizante”.
La campaña de 1928 fue violenta, muy violenta. Se enfrentan el radicalismo yrigoyenista y el Frente Único o Confederación de las Derechas. Yrigoyen los dobla en votos y el radicalismo de Córdoba consagra a Enrique Martínez – José A. Ceballos. La muerte -antes de asumir- del vicepresidente Francisco Beiró obliga a su reemplazo –Colegio Electoral mediante- por Martínez, razón por la cual José Antonio Ceballos será el nuevo gobernador.
El golpe del 6 de septiembre de 1930 interrumpe el curso de la historia. Al momento de la restauración institucional el radicalismo es proscripto. Retornan los “chuchumecos”. Emilio Olmos es electo en comicios dudosos. Pero, a poco de andar, muere en ejercicio del poder. Pedro J. Frías es el sucesor. El final de ese gobierno es una triste comedia de enredos.
Amadeo Sabattini y José Aguirre Cámara protagonizan –en 1935- un enfrentamiento antológico. El más brillante y estudiado de la historia. Todos coinciden en que se chocaron dos colosos que propusieron planes revolucionarios para su tiempo y recorrieron palmo a palmo la provincia. Ambos concebían, más allá de las banderías, la política como servicio. Ganó la Unión Cívica Radical. Cinco mil fueron los votos que distanciaron a los candidatos. Había comenzado un tiempo nuevo, revolucionario, según algunos, de la mano de un caudillo que permanece, sólido, en el imaginario popular: Amadeo Tomás Sabattini.
Lo sucede su correligionario Santiago H. del Castillo, quien no concluirá su mandato por imperio del golpe del 4 de junio de 1943. En 1946 se retoma el ritmo constitucional. Triunfa el peronismo.
Argentino Auchter asume la dirección de los negocios provinciales, tarea que excede sus fuerzas, razón por la cual el gobierno nacional decreta la intervención federal, situación que subsiste hasta el 12 de marzo de 1949, fecha en que asume el gobierno de la provincia el notable José Ignacio San Martín, de singular memoria entre los cordobeses.
La Revolución Libertadora interrumpe la gestión que encabeza Raúl Luccini, abriendo una etapa controvertida en la historia del país que profundiza las antinomias argentinas. Le tocará a Arturo Zanichelli la compleja tarea de reconciliar a los cordobeses. Los planteos militares, la aplicación del Plan Conintes y el atentado a los depósitos de la Shell acabaron con su gobierno. Fueron algunas de las razones por las que lo “degollaron” sus amigos.
Páez Molina -1963- será el siguiente gobernador. Recibió, sin eufemismos, la provincia fundida.
Debía ocho meses de sueldo a los maestros, siete a los empleados públicos y la cola de proveedores del Estado para reclamar el remate de la Casa de las Tejas era interminable. Tan pobre estaba el Tesoro que, el Gobernador prohibió a sus legisladores le aumentaran sus emolumentos. Cuando, al fin, puso la caja en orden y hubo guardado algunas monedas para emergencias, llegó el golpe de Estado de 1966. Y otra vez la fiesta de los interventores…
Alguien debe a los cordobeses algunas explicaciones. Es necesario que hablen con la verdad; que se nos diga quién ordenó el levantamiento policial que derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano y sus razones. Lo expresado hasta ahora no alcanza. Debió el Gobierno nacional reprimir a los sediciosos y remediar el orden constitucional alterado.
Los cordobeses sufrimos largamente los horrores de los años de plomo. Por ello en la construcción de la democracia se trabajó codo a codo. Ese espíritu que transmitieron a la comunidad todos los partidos – en especial la Multipartidaria Juvenil- primó, más allá de las diferencias, en la campaña electoral de 1983. Y llegaron Angeloz, Mestre, de la Sota y Schiaretti. Cuidemos nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes para felicidad de las generaciones que vienen. Mucho más cuando estamos en las vísperas de celebrar el primer siglo de la vigencia de la Ley Sáenz Peña, la del voto universal, secreto y obligatorio.
