ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
En las últimas semanas se ha repetido en Córdoba una serie de hechos en las que ciudadanos comunes han detenido y golpeado a delincuentes que encontraron robando o intentaban hacerlo a distintas personas que salían de su trabajo o transitaban “tranquilamente” por las calles de nuestra ciudad.
Se replican en casi todo el país hechos como el sucedido en Nueva Córdoba, -en el cual jóvenes de la zona la emprendieron a golpes contra un sujeto en plena calle-, o el ocurrido en Villa Cabrera, en el cual gracias a la oportuna intervención del juez federal Luis Rueda y su custodio se impidió que la cosa se agravara, cuando particulares detuvieron a los golpes a un sujeto que había asaltado a una joven.
Este fenómeno no es nuevo, ya que hace años vienen sucediéndose estos actos de “justicia por mano propia”, los que en general no terminan en linchamientos por obra y gracia de la providencia más que por control de las autoridades.
Es que la inseguridad es una de las preocupaciones más grandes que tienen los argentinos y parece ser un tema en el que las autoridades no dan en la tecla para solucionarlo, tal vez por la excesiva ideologización que lo rodea.
Como dijo Julio Bárbaro en un programa televisivo de la ciudad de Buenos Aires, la inseguridad no es de derecha ni de izquierda: se trata de hacer cumplir la ley. Pero hasta en eso, tan simple, la dirigencia política ha revelado su tradicional impericia para lograr los consensos más básicos.
Sin embargo, la cuestión de la inseguridad y de la justicia por mano propia no es patrimonio exclusivo de nuestro país sino que es compartido por otras sociedades, especialmente latinoamericanas, que sufren casi los mismos problemas que nosotros padecemos.
Un ejemplo de ello es México, donde -pese a estar prohibidos los linchamientos- éstos se multiplican. Efectivamente, en ese país el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, hizo un estudio en 2018 el que determinó que en los últimos años hubo un promedio de 16 linchamientos anuales, detectando la Comisión de los Derechos Humanos de aquel país 25 linchamientos consumados y 40 intentos (hasta septiembre de 2018).
Según el académico de la UAM, Raúl Rodríguez Guillén, factores como impunidad y debilidad del Estado de Derecho son los que propician que diferentes grupos de personas decidan ejercer la violencia, la justicia por propia mano. Justamente, esta falta de confianza en las autoridades, es lo que dificulta que las personas decidan entregar a quienes acusan de cometer un delito y actúan violentamente contra él. El mismo Rueda, luego de intervenir para evitar el linchamiento que mencionamos párrafos más arriba, comentó que nadie de los allí presentes “llamó a la policía”. Claro que, de haber estado allí ni el robo ni la actuación por mano propia de los transeúntes hubieran sucedido.
La gente está harta, y con razón, de la inseguridad; sin embargo, esto no puede justificar nunca que actúe por sí misma y trate de hacer la mal llamada “justicia por mano propia”, que en realidad es responder a la barbarie delictiva con más barbarie. Supone un retroceso inadmisible a la ley del ojo por ojo y diente por diente, propia de la venganza privada e inconcebible en un Estado de Derecho.
No obstante, es necesario que nuestras autoridades políticas y judiciales se hagan cargo del problema y lo enfrenten como debe ser. La justicia por mano propia tiene autores materiales en cada caso particular, pero también, en todos los casos, un “ideólogo” por omisión: la falta de actuar eficiente del Estado.
Por ese motivo, esta repetición de situaciones no puede agotarse en la condena de la actitud de la justicia propia. Requiere acciones concretas que restablezcan ese pacto cívico de convivencia que hace que los ciudadanos pongan el cuidado de su seguridad personal en manos del Estado.
Cuando esto pase, y las instituciones recobren la confianza perdida por la sociedad, seguramente gran parte de la inseguridad desaparecerá y los ciudadanos honestos volverán a creer en su servicio de justicia, que es en definitiva la que debe juzgar con la ley a todo acusado de un hecho criminal.
