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Aída Kemelmajer de Carlucci, ex ministra de la Corte Suprema de Mendoza.
Se cumplieron cinco años desde la sanción de la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061. Sin embargo, muchos son los asuntos pendientes que el Estado tiene para con los niños y jóvenes de nuestro país.
En el marco del Segundo Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia que se realizó en Córdoba, fueron varios los panelistas que expusieron en relación con los avances y retos que quedan por cumplir para garantizar el respeto de los derechos de la niñez.
La falta de estadísticas confiables en relación con la infancia es un factor negativo que incluye la larga lista de falencias estatales en lo que hace al trabajo sobre este sector vulnerable de la población.
Aída Kemelmajer de Carlucci, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue una de las disertantes del evento y reflexionó sobre el tema con Comercio y Justicia.
-¿Qué evaluación hace sobre la puesta en marcha de la ley 26061?
– El problema que tenemos aún hoy es que muchas provincias todavía no logran cambiar las leyes originales que tenían, entonces estamos sumergidos en problemas y discusiones que tienen que ver estrictamente con cuestiones de competencia. Hay que recordar que mientras la vieja ley delegaba facultades al Poder Judicial, la 26061 las ha traslado a la administración, entonces hay muchas provincias en las que todavía hay muchas dificultades.
– ¿Pero no debería ser ésta una discusión menor atento al espíritu de la ley 26061?
– Sí claro, esto de andar peleando para saber quién es el juez competente es un problema muy serio porque en el derecho de Familia lo importante es responder con celeridad a los problemas. Si usted no responde con celeridad y se pone a discutir estas cosas, puede dictar una sentencia maravillosa, que es un libro que usted escribió, pero que no sirve para nada. Le doy un ejemplo: es como si en una petición de interrupción de embarazo de una niña violada usted escribe un libro que le demora seis meses, obviamente después que lo terminó no puede practicar la interrupción del embarazo. Con esto quiero decir que lo importante es entender que los problemas en materia de familia siempre tienen un carácter urgentes y así hay que verlos y entenderlos, si no todo se desnaturaliza.
– Además de las cuestiones de competencia ¿qué otros escollos ha encontrado en la aplicación de esta ley?
– Yo creo que el principal problema de la ley 26061 son las declamaciones, especialmente por parte del poder administrador, que se la pasa declamando. La cuestión es clara, uno no ve las efectividades de esas declamaciones. Hay que tener en cuenta que la 26061 trae a la ley todo lo que son derechos económicos y culturales y nosotros sabemos que muchos de nuestros niños no tienen vivienda, no tienen salud, no tienen educación. Entonces ¿cómo se está aplicando la ley? Yo diría, y bueno, en el contexto de un país en el que lamentablemente siguen predominando las declaraciones sobre la eficacia y las efectividades.
-Entonces ¿es un anhelo esta ley en el contexto en el que vivimos?
-Yo creo que si todos actuáramos seriamente es perfectamente aplicable, lo que pasa es que acá de lo que estamos hablando es de políticas públicas, y cuando digo políticas públicas me refiero ni más ni menos que a dinero, a plata, a recursos.
-¿Y qué pasa con los operadores judiciales? ¿Hay reticencia para aplicar esta ley?
– Sí. Son muchos los jueces que continúan atados a los viejos paradigmas. El tema es que acá hay miedo a ceder el poder, el que tiene poder no quiere cederlo. El otro problema son las concepciones, en el derecho de Familia hay muchas ideologías.
– ¿Y cómo se achican esas diferencias?
– Y hay que ablandar (risas), no queda otra. Organizar congresos, reunirnos a debatir, dialogar, capacitarnos.
