ESCUCHARPor Jorge Fabián Villalba (*)
Considero interesante comenzar esta columna con el caso BitFury, para adentrarme en las próximas semanas en la temática tokenización de activos.
Cuenta la leyenda -para darle cierto origen mitológico-, o mejor dicho cuenta la historia que existía una nación, independizada de la Unión Soviética en 1991, que transitó por numerosos estadios rumbo a la democracia, pero obstaculizada durante mucho tiempo por la corrupción y la ineficiencia del gobierno.
En el año 2004, Mikheil Saakashvili resultó elegido presidente, dando inicio a una nueva era en la que buscó adoptar varias medidas para erradicar la corrupción y liberalizar e impulsar la economía.
Sin embargo, el gobierno central fue desafiado por los movimientos de independencia fomentados por Rusia en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia.
En el año 2008, una tensa relación de países culminó con la guerra de Osetia del Sur, que provocó la caída de las inversiones y una disminución marcada del PBI.
Finalizada la guerra, Rusia retiró su ejército del territorio de Georgia, aunque este país nunca recuperó el control total de las regiones en disputa.
En el año 2012, el Banco Mundial había reconocido a Georgia como una de las economías de reforma más rápidas del mundo y como líder en la lucha contra la corrupción.
Para el año 2017, esta nación tenía la tasa de corrupción más baja de la región, logrando en el índice EDB ocupar el número 3 en cuanto a la factibilidad para registrar propiedades de manera transparente.
¿Cómo sucedió?
Uno de los grandes aciertos fue la búsqueda de leyes flexibles, simples y apropiadas para las compañías que trabajaban con internet y blockchain, con bajos costos en electricidad, ya que Georgia tenía mucho acceso a energía hidroeléctrica barata, situación parecida que hemos tomado conocimiento con el gobierno de El Salvador.
Pero uno de los primeros pasos consistió en la digitalización, lo que permitió un registro de propiedades descentralizado con el tiempo.
Demás está decir que -como toda innovación en beneficio de la ciudadanía- hubo conflictos de intereses y prácticas de corrupción puestas en evidencia con la manipulación y adulteración de registros de propiedades por distintos funcionarios.
Los registros de propiedades presentaban demoras y un alto costo porque todos los registros estaban previamente en papel, lo que ponía en evidencia la necesidad de cortar dicha irregularidad mediante el paso a la digitalización.
Con el inicio de ésta, no sólo se registraron propiedades sino también las empresas y todo cuanto podía ser susceptibles de registro.
Todo manejo centralizado de la información terminaba en actos de corrupción. La digitalización permitió reducir los tiempos de espera, las reformas redujeron el número de empleados necesarios y mejoraron la eficacia.
El gobierno buscó eliminar las filas y la corrupción simplificando los procedimientos y generando mayor eficiencia. Se adicionaron servicios de vía rápida por una tarifa adicional que aumentó aún más las ganancias, con la consecuencia involuntaria de privar a los empleados poco éticos de la oportunidad de facilitar las solicitudes con una tarifa adicional, que luego se embolsarían.
Nació así una “mejor práctica” para la lucha contra la corrupción en los sistemas de registro de propiedades.
No contentos con esta innovación en beneficio del bien común, el Estado buscó la incorporación de la tecnología de cadena de bloques, convencido de que aumentaría la eficiencia y agregaría otra capa de protección.
Ésta saldría de los límites del Estado para no discriminar barreras territoriales, ya que la protección sería ahora mundial y a un nivel muy superior ya que, si alguien intentara modificar los datos, el hash para la transacción sería diferente del que está escrito en la cadena de bloques.
La base de la desconfianza que motivó estos cambios radicaba en los políticos, ya que la gente sentía que éstos podían influir en las transacciones.
Es así que en 2016 se mudaron los registros de propiedad a Blockchain, siendo el primer caso en todo el mundo.
La incorporación de la cadena de bloques permitiría una posible nueva forma de contratación: “Los ciudadanos iniciarían sesión en una plataforma segura pudiendo acceder a todos los datos (previamente digitalizados) de su propiedad y la pondrían a la venta. La información se enviaría al banco de datos y a la entidad financiera o DeFi; y los nodos verificarían que el comprador tuviera el dinero disponible y el vendedor tuviera la propiedad, permitiendo concluir la transacción. Esta información estaría disponible públicamente en blockchain”. Conclusión: un sistema ágil, transparente, dinámico y perfecto.
(*) Director Sala Blockchain e Inteligencia Artificial de la UCC; gerente Académico de Criptovisión LLC; consejero en The Blockchain Arbitration Society
