Las normas restrictivas del FMI en cuanto al gasto público

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia

 Por Salvador Treber

El referido acuerdo, según surge de la conocida carta de intención emanada del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha sido suscripta en junio, requiere imperativamente una muy sensible reducción del gasto público en las tres jurisdicciones, que en los hechos implica recortar como mínimo 13% de la erogación.
Tal “poda” recae tanto sobre la jurisdicción nacional como en las 24 jurisdicciones intermedias, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. En esas condiciones también se prevé que el producto bruto interno crezca, como máximo, sólo 1,3%. Se promovió la convergencia de todos los partidos políticos, incluso los opositores, así como de organizaciones empresarias y gremiales.
En julio se comenzó a concretar el referido ajuste federal pero en el de área provincial se planteó que recién al elevarse los presupuestos para el próximo año se adoptarían criterios concretos en tal sentido. Además, el objetivo global para 2019 es que el déficit fiscal consolidado se reduzca a sólo -1,3% del producto bruto interno. El ministro coordinador y el del Interior se han mostrado muy activos en este aspecto y consideran que las metas fijadas son “alcanzables” pero advierten la necesidad de no deteriorar los recursos identificados como “sociales” pues ello causaría el incremento de la pobreza en forma muy peligrosa.

En cuanto al déficit fiscal, durante el año 2019 está previsto que se reduzca en $78 mil millones; lo cual surge de comparar el déficit antes estimado (-2,2% con -1,3% que fijó el FMI como nueva meta). Los gobernadores asistieron tantas veces como han sido convocados pero, en la mayoría de lo casos, han planteado que prefieren analizar la situación de su jurisdicción en reuniones bilaterales y no multilaterales. Los ajustes ya han comenzado en los diversos en las reparticiones de todos los ministerio nacionales y en los respectivos organismos descentralizados donde los cortes anuncian que serán muy considerables, especialmente en el Pami, Inta, Senasa, Inti y Anses.
En oportunidad de verificarse la reunión de las máximas autoridades de los países que integran el Mercosur, con la dirección a cargo del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, esta vez en la ciudad de Asunción, la vicepresidente argentina Gabriela Michetti pronunció una alocución que constituyó un pedido de apoyo a sus países socios. El texto, muy cuidadosamente redactado, procuró proporcionar la mayor confianza posible y se dio una información detallada sobre el alcance del acuerdo convenido con el FMI que, dicho sea de paso, no causó muy buena impresión en el seno de dicha reunión.

En el desarrollo del encuentro advirtió sobre que se debía ser muy prudente y que no se considera compatible con la declaración que “el Gobierno argentino este abocado a la tarea de construir un crecimiento económico genuino”. A su vez, por las expresiones de sorpresa, y hasta disgusto, Michetti debió explicar: “Decidimos recurrir al FMI para prevenirnos por cualquier situación posible pues el gobierno sabe que la solución de nuestros problemas depende exclusivamente de nosotros mismos, agregando al cierre: “debemos poner nuestra vista en el futuro, en las oportunidades que tenemos hacia delante”.
Las perspectivas del próximo cuatrienio
Fuera de las deliberaciones y en diálogo con el periodismo especializado, agregó que su gobierno “renovó su activismo internacional” y agregó:. “Confiamos en la capacidad de Argentina para ser un sitio constructivo y confiable. Los vaivenes internacionales pueden provocar incertidumbre pero una postura basada en el miedo y la añoranza del pasado solo podrían traer alivio transitorio”.
Con respecto al gobierno precedente ensayó una dura crítica a “las soluciones que el populismo impuso, que sólo provocaron un espejismo insostenible en el tiempo”, sin advertir que ese juicio se refería al período 2003/15, es decir, alrededor de 13 años dentro de los cuales en el lapso 2003/08 se verificaron los índices más elevados de crecimiento logrados a lo largo de los más de dos siglos de vida independiente.
Los recortes del gasto ya se están realizando desde junio y la agenda no está completa; pero se teme por una baja en el nivel de la ocupación privada y que tampoco se pueda sostener siquiera el mínimo nivel de crecimiento programado.

Por su parte, al ser convocados con este objeto los gobernadores de Entre Ríos, San Juan, Salta y Chaco, han coincidido en efectuar acerbas críticas a la decisión presidencial de apelar al FMI. Además, exigen que se analice caso por caso la totalidad de medidas sugeridas y sus eventuales consecuencias. Subrayan que otras varias provincias tienen posiciones semejantes aunque no lo hayan hecho público todavía.
Obviamente, en el FMI consideran que nuestro país está en la buena senda y que ha reaccionado adecuadamente para fortalecer y proteger la economía de los mercados que golpean con fuerza a las que se muestran menos sólidas. Los dos economistas de dicho organismo que manejan la relación con Argentina admiten que uno de los temas que les preocupan es el grado de viabilidad política que podrá imprimirles el Gobierno frente a las muy fuertes críticas de toda la oposición debido a haber consentido realizar un fuerte ajuste.
El jefe de la delegación sostuvo al respecto: “Esperamos que a través de los elementos de política que están incluidos se logren estos consensos”.
Luego de su retorno en agosto a nuestro país, dicho funcionario internacional reiteró enfáticamente que la economía argentina es hoy es “muy diferente” a la de 2001 y ha tomado el “camino correcto”. “Lo que pasó en marzo y abril de este año, producto del cambio en las condiciones externas hizo patente la necesidad de que la estrategia, que depende del financiamiento externo por los altos desequilibrios que heredaron, tenía que acelerarse y nuestra interpretación fue que el Gobierno actuó de una manera muy oportuna. Creemos que eso va a ayudar a que el rebote económico sea más rápido”, afirmó.

Aprehensión por la penosa experiencia anterior
Dicho enfoque no es para nada unánime pues la mayoría de la población recuerda con cierta aprehensión la precedente gestión del FMI en nuestro país y que para desembarazarnos de sus rígidas imposiciones debió optar por cancelar en un solo pago la deuda contraída y acumulada. Hasta el momento los reclamos no sólo han estado a cargo de opositores políticos sino, muy especialmente, por voceros de organizaciones de empresarios que representan a la pequeña y mediana empresa, que constituyen una marcada mayoría pues está integrado por nada menos que 72,5% de todo dicho sector.
Los miembros del FMI no pisaron el país desde inicio del año 2006 y ahora pretenden actuar con sigilo porque saben que no son bienvenidos, aunque parece que en esta oportunidad la recepción fue bastante mejor. Ellos mismos admiten que actúan con prudencia y que la meta de 17% de inflación para 2019 podría ser tildada de “optimista” al mencionar las principales medidas entre las cuales resaltan la de conceder plena autonomía al Banco Central, por considerar que por medio de su operatoria se logrará alcanzar todos sus demás objetivos.
La mayoría de los analistas argentinos no creen en la inminencia de mejores tiempos. Al encarar la evaluación de las reales perspectivas rechazan que sean tan promisorias y, por el contrario, coinciden en que nos esperan “años muy duros”.

El ministro coordinador del equipo económico sostiene que nuestro país se encamina hacia un “muy necesario” nuevo consenso fiscal con las provincias y es muy sintomático que previamente a tal anuncio giraron desde la jurisdicción federal a una serie de provincias importantes fondos para evitar la interrupción de diversas obras que están en plena ejecución.
El FMI, en su rol de delineador de toda la política económica, ha hecho conocer que considera imprescindible armonizar las respectivas políticas de las dos jurisdicciones. A modo de ejemplo sobre lo que vendrá en dicho sentido advirtieron que procederán a revisar todo lo referido a las obras en ejecución sobre vivienda, hospitales, escuelas y rutas, advirtiendo además que las todavía no iniciadas quedan automáticamente suspendidas hasta que se las autoricen expresamente o las anulen en horma definitiva.
Luego de la recepción de los primeros US$15 mil millones, las posteriores remesas requerirán previamente aprobar las auditorias que se ordenen no sólo respecto al nivel federal sino también en las provincias. Los funcionarios del FMI han tomado muy en cuenta que el ministro coordinador haya declarado que el presupuesto consolidado de las tres jurisdicciones debe mostrar un superávit en 2019 de 0,1%, el cual para el año subsiguiente deberá elevarse a 1,2%. Por lo tanto, se advierte que el futuro gobierno que surja de las próximas elecciones generales ha quedado desde ya condicionado por lo que se ha venido haciendo y virtualmente asumirá casi “con las manos atadas”.

La severidad de dichos “cortes” es tal que habrán de exigir, para concretarse, una amplia y anticipada aprobación que autorice expresamente a revisar y recortar todo lo que los funcionarios del FMI consideren necesario para cumplimentar las metas que dicho organismo ha establecido como objetivos para cada uno de los próximos cuatro años. El horizonte económico-financiero por tanto, se presenta muy comprometido y hay serias dudas en cuanto a las perspectivas reales de crecimiento.
Por otra parte, seguramente si a fines del ejercicio 2019 asume el Gobierno de la nación un equipo de diversa concepción al actual, es muy posible que se planteen conflictos internos y también externos muy serios pues, salvo los que respaldan a la actual administración, nadie está dispuesto a continuar con lo que consideran una senda equivocada y muy cuestionable.

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