ESCUCHARDiversas cuestiones jurídicas fueron puestas en juego al resolver en ese tema
El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, el pasado viernes 14 usó sus poderes especiales para cancelar por segunda vez el visado del tenista Novak Djokovic en los términos de la sección 133C (3) de la Migration Act, la ley migratoria australiana, «por motivos de salud y orden público e interés público».
Los abogados del tenista impugnaron dicho acto ante la justicia federal, que accedió a que, antes de resolver, Djokovic fuera interrogado por las autoridades fronterizas y nuevamente detenido en el hotel reservado para inmigrantes.
El 15 de enero, el juez David O’ Callaghan, del Tribunal Federal de Australia, efectuó la audiencia preliminar -en forma virtual- del recurso presentado, a fin de determinar si el traspaso del caso a ese alto tribunal ameritaba o no que fuera evaluado en una sesión plenaria de los magistrados. Un día después se conoció la parte resolutiva de la decisión judicial, cuyos fundamentos se difirieron para más adelante, desestimando el Tribunal Federal de Australia la impugnación, con costos legales a cargo del accionante. Djokovic fue expulsado del país, además de que no podrá recibir un visado durante los tres próximos años como imposición accesoria.
No ha sido el único caso. Previamente, a la tenista checa Renata Voracova, quien pidió una exención médica mediante el envío a Australia de toda la documentación, y teniendo expedida la visa, al llegar a ese país para jugar el primer Grand Slam del año se le denegó el visado por no estar vacunada. Fue retenida en la misma instalación que el serbio y luego deportada. Voracova explicó que era su intención vacunarse pero no había podido hacerlo por problemas de salud. Ahora se propone pedir una indemnización a la federación de tenis australiana por los cambios de criterio que se han verificado relativos a la cuestión.
Se trata de un caso prácticamente calcado del de Djokovic, a quien la anulación judicial de la primera cancelación de la visa salvó en una oportunidad de seguir una ruta similar por el camino corto.
Por nuestra formación jurídica, hubiéramos preferido que la cuestión finalizara aplicando la normativa ordinaria de la ley: estaba claro para todos, y hasta el mismo Djokovic lo reconoció, que no había llenado la declaración jurada indispensable para el ingreso al país en forma adecuada y completa. Eso bastaba para cancelar la visa pero, al parecer, lo político ha predominado sobre el derecho en la resolución de la cuestión.
Asimismo, que el serbio haya estado flojo de papeles no debe hacer perder de vista un manejo al menos tan poco prolijo como aquél por parte de la Australian Border Force, un organismo de aplicación de la ley, de reciente instauración, creado en 2015 a partir de lo que sería entre nosotros Migraciones y que se ha ido “militarizando” hasta que la ABF’s Operational Safety Order (2020), el pasado año, le atribuyó el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, como antes se había dado el actuar de modo uniformado.
Presenta puntos en común con su similar inglesa, creada en 2012 para reemplazar con una fuerza armada las tradicionales tareas burocráticas de la UK Border Agency.
El tema aquí, más allá de todo lo mediático o las consideraciones deportivas, es ver si Djokovic fue tratado adecuadamente y si se le brindó, para usar un término jurídico australiano, procedural fairness, algo así como nuestro debido proceso, cuando ingresó al país.
Es que, en la primera cancelación de visa, después de haberlo dejado ingresar al país, dicho organismo fronterizo le notificó a Djokovic, a las 5.20 a.m., que tenía hasta las 8.30 a.m. de ese mismo día para responder a un aviso de intención de cancelar su visa mediante la presentación de los documentos con los cuales fundamentar su excepción médica. Después de eso, terminaron solicitándole que los entregara a las 6.14 a.m, sin cumplir con su propio plazo.
Impugnado el acto ante la justicia federal, en la audiencia para considerar tal presentación, Nicholas Wood representó al tenista, del estudio Hall & Wilcox, de Melbourne. Ello surge de la información periodística, si bien conforme fuentes consultadas de nuestra parte en dicho estudio, es Natalie Bannister quien lideró el equipo legal que atendió a Djokovic a lo largo de toda la crisis. Por parte del gobierno australiano compareció Christopher Tran.
Tomada de forma remota la audiencia, plagada de problemas técnicos que la hicieron iniciarse 40 minutos luego de lo previsto y con restricciones para conectarse por quienes no eran parte, luego el juez federal Anthony Kelly ordenó que se anulara la decisión de cancelar la visa y que Djokovic fuera liberado de la detención.
Un aspecto central para decidir en tal sentido fue el cambio sobre la marcha del plazo para presentar documentos y la hora en que fue notificado de las exigencias de la Fuerza Fronteriza Australiana. Es decir, un procedimiento viciado tiró para atrás lo resuelto pero no clausuró el procedimiento de revisión, que el ministro del ramo resolvió como se ha expresado al inicio.
Es por ello que el principal aspecto que deja el caso, a nuestro entender, es la necesidad de salvaguardar el principio de legalidad: que no solo existan reglas claras sino que la autoridad estatal encargada de hacerlas cumplir actúe con idéntica transparencia.
Párrafo aparte, por si hubiera la necesidad de enfatizarlo, es la esencial necesidad de todo Estado de derecho de tener jueces independientes que no duden en revocar tanto las actuaciones administrativas mal realizadas como de sostener aquellas legalmente válidas, aun frente a casos del dominio público mundial.
