Fijan indemnización por final laboral por incapacidad absoluta

El chofer demandante se encontraba tramitando la jubilación por invalidez cuando pidió su desvinculación en razón de padecer una minusvalía superior a 66% de la total obrera

Al evaluar que la relación laboral con el accionante seguía vigente al momento de pedir la indemnización por incapacidad absoluta del artículo 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), ya que el chofer no había renunciado sino que transitaba un retiro transitorio por invalidez mientras se decidía su jubilación, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba condenó a Coniferal Sacif a pagarle la indemnización reclamada, al corroborarse que el demandante padecía de una incapacidad superior a 66% de la total obrera (TO) al notificar su desvinculación por esta causa.

Cecilio Walter Avendaño relató que ingresó a trabajar en relación de dependencia para la demandada el 27/11/1985 y que, hasta el distracto, el 13/3/2018, cumplía tareas de conductor-guarda único.

Carpetas médicas

Manifestó que progresivamente gozó de carpetas médicas por distintas patologías, especialmente de columna y tendinitis, y que presentó el trámite de retiro transitorio por invalidez el 6/8/2015, al contar con una incapacidad de 66% TO.

Avendaño refirió que la Comisión Médica Central le denegó el beneficio y que el Juzgado Federal N° 3, actuante en el recurso de apelación, emitió dictamen a su favor, lo que motivó que el 13/3/2018 comunicara a la patronal la invalidez y le solicitara la indemnización señalada ante el cese de actividades desde el 16 de febrero de ese año, el porcentaje superior a 66 % TO y la extinción del ligamen laboral.

Finalmente, el accionante indicó que Coniferal Sacif rechazó el telegrama colacionado con la notificación y desconoció la pretensión de pago de los rubros en cuestión.

El tribunal integrado por la vocal Nancy El Hay señaló que, conforme surge del relato precedente, el trabajador transitó y cumplimentó las instancias pertinentes para la obtención del beneficio referenciado, hasta obtener resolución favorable, y que anotició a la empleadora de aquéllo en forma.

Periciales

Asimismo, la magistrada destacó que, además de las periciales diligenciadas en autos, surge que el profesional en psiquiatría interviniente concluyó que el actor “presentó una RVAN (Reaccion Vivencial Anormal Neurótica) grado II y le correspondía una incapacidad psiquiátrica del 10%”, mientras que el especialista en salud física determinó que Avendaño sufría de una incapacidad de 66%, TO, derivada de hipertensión arterial esencial grado II, RVAN grado II, diabetes tipo II, limitación funcional de hombro derecho por artrosis y secuelas de tendinopatía, gonalgia bilateral por artrosis, artrosis de columna lumbar, cervicalgia por artrosis, todas con limitación funcional e hipoacusia bilateral, luciendo ambos dictámenes fundados científico-técnicamente, por lo que se les concedió idoneidad probatoria.

Asimismo, el tribunal aclaró que, respecto a la RVAN, ambos profesionales otorgaron el mismo porcentual (10%) y que la incapacidad funcional correcta del último dictamen es de 70,35%, dado que el galeno aplicó incorrectamente el Método de Capacidad Residual -partió de la dolencia de mayor valor-, cuando únicamente se utiliza en caso de existir incapacidades preexistentes, detectadas en causas anteriores, para abonar prestaciones de Ley de Riesgos del Trabajo, lo que no sucedió en el caso.

Finalmente, El Hay observó que el dispositivo referido condiciona la obligación de pagar la indemnización a la incapacidad absoluta derivada de un accidente o enfermedad, sin discriminar la causa, encontrándose vigente el plazo de conservación del empleo, todo lo cual fue probado en autos.