ESCUCHARPor Salvador Treber
Las 23 provincias y los principales municipios, incluso el de la Capital Federal, no cesan de incrementar, aunque moderadamente, su personal, mientras en el ámbito nacional se advierte un mayor control en ese aspecto.
El tema queda patentizado plenamente tomando en cuenta el transcurso del ejercicio 2016, siguiendo una tendencia que las caracteriza, en alrededor de 800 municipalidades evaluadas sobre un total 2.251, aunque fueron más las no consideradas dado que son menores y no disponen de registros confiables. De esa forma se estableció que el crecimiento interanual medio en ellas fue +2,4%, a la par de que en el área de las 23 provincias aquél ha sido de +0,9% y en el conjunto de dependencias nacionales se redujo levemente (-0,2%). Cabe señalar que en estas últimas, para la misma fecha, el personal ascendía a 786,3 miles de funcionarios y empleados y en el término de cinco años hubo un incremento de 119,8 miles.
Ello significa que desde comienzos de 2012, en estas últimas eran sólo 646,5 miles, lo que implica un promedio anual de incremento aproximado de 24,0 mil, lo cual revela que quizá en 2016 hubo, como excepción, la ligera baja antes referida pero ello no ha constituido la característica predominante en el mediano plazo. Tampoco debe olvidarse que a inicios del ejercicio 2009 el personal era de 606,8 miles, lo que permite advertir que en el término de menos de cuatro años sumó 39,7 miles, verificándose una tendencia siempre creciente bajo todas las diversas administraciones que se sucedieron.
La intención de frenar en forma total el crecimiento no ha sido nunca una tarea factible, ya que siempre ha crecido el número, pero ello ha sido más racionalmente ejecutado en la jurisdicción nacional, quizá porque en el ámbito territorial de los gobiernos locales el «amiguismo» es más frecuente por el tipo de relación que mantienen las familias. Discutible o no esa realidad, lo evidente es la continua e ininterrumpida influencia que esas relaciones generan.
En el ámbito nacional trabaja 21,0% y el 79,0% restante corresponde a las provincias y municipios, que cubren alrededor de 56,4% y 23,6%, respectivamente. Los analistas advierten de que los datos estadísticos en esta materia no son todo lo precisos que deberían ser y que no debe descartarse que tal circunstancia no sea por incapacidad técnica sino, en alguna medida, intencionada.
La evolución medida en términos numéricos
Si nos remitimos el Censo 2001, advertimos que para entonces los empleados públicos eran, sumados los que se desempeñaban en los tres ámbitos, sólo 2,3 millones, y que el mayor ritmo de incremento se verificó en el corriente siglo pues en el quinquenio 2010/14 pasaron de 3,3 a 3,9 millones (+600 mil), mientras en el período precedente 2001/09 hizo lo propio otro millón, siempre con amplia primacía de la jurisdicción provincial. Con posterioridad, en el bienio 2015/16, el precitado total habría llegado a 4,050 millones (+150 mil). Pero en el ámbito federal sólo subieron 38,3 miles, mientras en provincias y municipios los ingresos llegaron a 111,7 miles, lo que permite apreciar cómo y dónde se concreta el mayor aumento interanual.
La relación de empleados públicos en cada una de las 24 jurisdicciones intermedias respecto al número de empleados que en ellas revistan en el sector privado es muy variada. Corresponde la mejor a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pues es de sólo 30 por cada 100. En el segundo lugar aparece la Provincia de Córdoba, donde esa relación es de 41; seguida por Santa Fé, con 44, y Buenos Aires, que tiene 46. Tras éstas surge Chubut con 61, Tierra del Fuego, 63, y Mendoza con 68; mientras ocho provincias se escalonan entre 72 y 88. En las seis restantes el empleo público es decisivo y preponderante; ellas son La Pampa con 94; Salta, 98; Corrientes, 105 y Chaco, 138; Catamarca, 162 y La Rioja, 174. En el Ministerio de Modernización advierten de que «en el Estado nacional no hay plan para reducir el empleo, aunque tampoco para aumentarlo. Pero en provincias y municipios no hay ninguna manera de controlar el aumento del empleo público ni de dar la orden que lo hagan». En ese ministerio consideran que debería exigirse el aporte de información para confeccionar un registro unificado y, si no se cumpliere adecuadamente, estar autorizados para vetar todo tipo de modificaciones presupuestarias que puedan beneficiar a cualquiera de los fiscos infractores. En la jurisdicción nacional se procedió a revisar la nuevas contrataciones concretadas durante los años previos pero más que objetivos de racionalización han primado los de orden político.
Durante el ejercicio 2016 se verificó una caída desestacionalizada de -0,4% en el estamento nacional pero ello contrasta con sendos incrementos descubiertos en provincias y municipios. Otra grave omisión es que aun para los niveles en los cuales se requiere un mayor grado de formación tampoco se realizan concursos y las respectivas designaciones han sido siempre discrecionales. En 2003, tres cuartas partes de los funcionarios de alto rango habían accedido por concurso, mientras a fines de 2015 una proporción semejante había accedido bajo el régimen de «asignación transitoria»; y esta modalidad se ha extendido sin modificaciones hasta el presente.
La diversa problemática nacional y local
Resulta muy significativo también que hasta 2015 hubiera en el ámbito nacional 18 ministerios, 69 secretarías y 165 subsecretarías; mientras que actualmente los ministerios son 23, las secretarías 92 y las subsecretarías 203. En consecuencia, esta evolución es totalmente contradictoria con respecto a la tan publicitada intención de reducir sustancialmente el gasto público. En este contexto, el reclamo de la gobernadora de Buenos Aires para que se actualice el monto del denominado Fondo del Conurbano Bonaerense significaría para las otras 22 provincias una merma en las respectivas transferencias por un total de nada menos que $65,23 miles de millones.
Las provincias que pueden registrar los mayores descuentos serían Santa Fe ($7.368,3 millones) y Córdoba ($7.329,6 millones); seguidas por Chaco ($4.112,9 millones), Entre Ríos ($4.025,6 millones), Tucumán ($3.922,4 millones), Mendoza ($3.438,0 millones) y Santiago del Estero ($3.440,3 millones). Semejantes cifras han levantado una unánime «ola» de protestas pues todas tienen muy serias dificultades presupuestarias y esto las agravaría.
Esto no quiere decir que en las demás no se crearán problemas pues la merma de $1.303,9 millones para Santa Cruz o $1.016,9 millones en Tierra del Fuego respecto a sus respectivas economías locales les generaría inconvenientes poco menos que insolubles.
El tema está a consideración de la Corte Suprema de Justicia, a cuyos estrados lo elevó la gobernadora de Buenos Aires contra el Estado nacional hace más de un año, en procura de un fallo favorable que anule por considerar inconstitucional cláusula ínsita en la ley del impuesto a las Ganancias. Por su parte, los gobernadores no aceptan bajo ningún concepto asumir esa supuesta obligación y estando vigente ese conflicto señalan que en caso de un fallo favorable a la demandante, el perjuicio deberá asumirlo íntegramente la Nación sin afectar el esquema de coparticipación federal.
Según se había venido anunciando, el Poder Ejecutivo ha cumplido con la remisión al Congreso de un proyecto de ley para viabilizar en ese ámbito una reforma tributaria que califica de «integral». El objetivo expuesto respecto a ella sería mejorar su administración y bajar en varios puntos la presión actualmente vigente, reduciendo sensiblemente el número de instrumentos que asciendan a más de 25, pese a que no son más de cinco los que justifican su existencia por su alto rendimiento. En realidad, se trata de un nuevo «retoque» y no de una reforma de fondo que pretenden sintonice con un descenso del gasto público que disminuya en alguno puntos la carga, en especial en el caso del IVA, y al par elimine exenciones inexplicables como la que prevé el artículo 20 para la renta financiera personal.
Los desencuentros y dificultades irresueltos
La actual conducción nacional no ha elaborado un plan económico integral pero hizo conocer ciertos objetivos que en orden prioritario ubican la intención de eliminar totalmente los subsidios y bajar tanto el número de agentes como el importe total a pagar para, según su concepción ideológica neoliberal, reducir la presencia del Estado. De acuerdo con la distribución de dicho rubro entre las tres jurisdicciones, ello no será nada fácil pues en no menos de la mitad de las provincias constituye la fuente esencial de ocupación, circunstancia que se reitera en las ciudades y pueblos del interior.
El esquema, que no llega a constituir un verdadero plan, diseñado en Ministerio de Modernización, consiste en unificar la información en su seno, creando un régimen de premios y castigos para regular la relación de empleo público/empleo total; fijando, además, plazos para ir reduciéndola gradualmente Esto es más fácil idearlo que llevarlo eficazmente a la práctica pues las dos jurisdicciones menores no cesarán, por razones obvias, de oponerse a semejante recorte.
Dado que el régimen de coparticipación federal en materia de tributos no será nada fácil de modificar en tal sentido, las dos jurisdicciones locales se sienten suficientemente seguras.
Cabe recordar que elaborar una nueva ley de coparticipación requiere la unanimidad de las 25 jurisdicciones y ello explica que lo resuelto en 1994, acordado por un plazo de dos años para concretarlo, se haya extendido a nada menos que 23 años y que, además, no se adjudique chance alguna a una solución siquiera potencialmente restrictiva. Por otra parte, los «recortes» en materia de personal nacional afectado que se introdujeron a partir del 10 de diciembre de 2015, se hicieron para sustituirlos por adeptos y no para reducir el número global.
En las condiciones descriptas, la posibilidad de disminuciones en el número de agentes es harto difícil de implementar en cualquiera de las tres jurisdicciones y seguramente se optará por reducir los índices de actualización; o sea bajar el poder adquisitivo de las remuneraciones que regirán en 2018 y 2019. Como ello será creciente motivo de disensiones y conflictos, es de suponer que el «clima» social registrará una evolución nada tranquila; e incluso que el Gobierno nacional postergue sine die una solución que satisfaga sus propias expectativas.
