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El fenómeno de la criminalidad organizada no es nuevo; basta recordar la piratería o la mafia italiana, entre otros, pero en la actualidad ha tomado un impulso de enormes proporciones. Las causas son múltiples; no obstante, en esta oportunidad destacamos, de entre ellas, la vinculación que han generado con la política y, a partir de ello, su infiltración en las esferas de poder.
Efectivamente, su enorme poder económico ha penetrado en muchos grupos de actividades políticas. Una de ellas es el financiamiento de las campañas de muchos candidatos quienes, ávidos de recursos para sostenerlas, ceden ante “sus encantos”, hipotecando el futuro de las instituciones y sus conciudadanos.
Sin embargo, ésta no es la única manera de acercarse a la política que han desarrollado, ya que actualmente existen no pocos casos en los que integrantes de jerarquía y jefes de estas organizaciones se han postulado para altos cargos públicos. De más está decir que las consecuencias no son las mejores para nadie.
Lo que está sucediendo en Colombia es un lamentable ejemplo de lo que decimos. Precisamente hace unos días se conoció que el hijo del presidente de Colombia y su ex esposa fueron detenidos acusados de cometer presuntamente el delito de lavado de activos. Según lo investigado, el hijo del presidente habría recibido dinero proveniente de distintos narcotraficantes para sostener la campaña presidencial de su padre, aunque se investiga si el dinero tuvo efectivamente ese destino o se lo quedó el ahora detenido.
Es cierto que la reacción de su padre no fue precisamente complaciente para con su hijo. Por el contrario, al conocer la noticia expresó: «Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley».
No obstante estos dichos, habrá que seguir el desarrollo de la investigación para poder saber si efectivamente el dinero sirvió para la campaña o no, ya que el problema principal no es si el presidente sabía o no de esto sino la cercanía que tiene el crimen organizado con el poder legal, ya que esta cercanía, más temprano que tarde, termina no sólo debilitando a las instituciones sino también conformando verdaderos Estados paralelos que se rigen por sus reglas propias e implacables. Veamos lo que pasa en Rosario o en algunas partes del conurbano bonaerense y, sin ir más lejos, en algunas zonas de nuestra provincia.
Es sabido que el crimen organizado avanza con mayor ímpetu en sociedades económicamente frágiles y con sistemas institucionales débiles. De esta manera es como gana espacio, satisfaciendo en muchos las necesidades de los individuos, ante el incumplimiento de las obligaciones que el Estado debe honrar y no lo hace (v. gr. cubrir, ante la carencia de los sistemas de salud, los tratamientos médicos de quienes lo necesitan, ante la falta de trabajo, ofrecerle dinero -sobre todo a los más jóvenes- para que ¨trabajen para ellos¨, etcétera).
La solución para evitar esto, si bien no es simple ni fácil, es clara: es necesario desarrollar instituciones fuertes apoyadas en la honestidad de sus funcionarios; se requiere que el Estado cumpla con la misión para la que fue ideado, ofreciendo seguridad, salud y educación para todos de manera real y efectiva, y que permita que cada ciudadano pueda desarrollarse laboralmente de acuerdo a lo que decida como proyecto de vida.
Junto con ello y de manera más específica, hace falta transparencia en las políticas públicas lo que concretamente implica la existencia de leyes de financiamiento de los partidos políticos claras y concretas, con órganos de control que cumplan con su función además de un poder judicial comprometido y eficiente. De esta manera, entendemos, se sientan las bases para que los honestos ganen la batalla frente a la criminalidad organizada.
Hemos repetido desde hace mucho que, si la sociedad democrática no pone un freno a la corrupción, será a la inversa. Lo que vemos ahora es que esto puede ocurrir, en caso de seguir sin tomar medidas de fondo, de la mano del crimen organizado.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
