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Michelle Cabido*
A pesar de los avances en materia de derechos humanos (DDHH) a lo largo de 40 años de democracia ininterrumpida, la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad, en particular la policía, sigue siendo una problemática vigente en Argentina.
De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la violencia institucional se refiere a aquellas «acciones u omisiones que, en violación de los DDHH, llevan a cabo las instituciones estatales o sus agentes en el ejercicio de sus funciones». Esta violencia se manifiesta de diferentes formas, como detenciones arbitrarias, tortura, abuso policial, casos de gatillo fácil, y en desapariciones forzadas de personas. La violencia institucional también se manifiesta en la discriminación y el abuso de poder contra ciertos sectores de la sociedad, como las personas racializadas, especialmente jóvenes de barrios pobres, personas en situación de calle, migrantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Estos grupos son particularmente vulnerables a sufrir violencia institucional.
La violación de los DDHH en la última dictadura militar
Uno de los casos más emblemáticos de violaciones de los DDHH en Argentina fue la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar. Según el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), se registró un total de 30.000 desapariciones forzadas durante ese período. Estos crímenes constituyen una de las páginas más oscuras de la historia argentina y representan una violación sistemática de los DDHH.
Desde la recuperación de la democracia, en 1983, la sociedad argentina, de la mano de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones de DDHH ha transitado un camino de (re)construcción de la memoria y de lucha por la justicia. Uno de los hitos más significativos fue el Juicio a las Juntas Militares, que en 1985 juzgó por delitos de lesa humanidad a los genocidas que gobernaron durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. En diciembre de 1985 se dictó sentencia y cinco de los nueve integrantes de las juntas fueron condenados por haber llevado a cabo un plan sistemático de exterminio. Este proceso judicial permitió visibilizar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y fue un gran paso en la construcción de una política de DDHH en Argentina.
La violencia institucional en la actualidad
A pesar del restablecimiento de la democracia y de los avances logrados, la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad no cesó. Organizaciones como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el CELS han denunciado en reiteradas ocasiones la violación de los DDHH por las fuerzas de seguridad del país. En particular, la policía es la que ha sido señalada como una de las principales fuerzas de seguridad que ejercen violencia institucional. Esto demuestra que, a pesar de no existir en la actualidad un plan sistemático de exterminio orientado a la tortura y desaparición forzada de personas, persisten prácticas de violencia institucional en democracia.
Según un relevamiento realizado por Correpi en 2021, desde la vuelta a la democracia hubo 8.172 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. El informe detalla que, de ese total, 4.165 correspondieron a asesinatos en calabozo, 2.877 son casos de gatillo
fácil y el resto ocurrió bajo otras modalidades. Durante la administración Macri ocurrió la mayor cantidad de asesinatos; y de acuerdo con el informe del CELS de 2020, la policía es responsable de la mayoría de las muertes violentas ejecutadas por Estado, siendo estas muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza.
Una deuda de la democracia
Estos datos evidencian la persistencia de la violencia institucional en la sociedad argentina y la necesidad de seguir trabajando en la defensa de los DDHH. El compromiso con la democracia nos convoca a la lucha permanente contra el accionar arbitrario y discriminatorio de policía y fuerzas de seguridad, que deben formarse en el respeto de los DDHH. Para esto, es necesario que se implementen medidas concretas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la seguridad. Además, es fundamental que se promuevan la capacitación y la formación en DDHH de los agentes de seguridad y se fomente la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas de seguridad.
Entendemos que la defensa de los DDHH es fundamental para garantizar la consolidación de una sociedad democrática, y la experiencia histórica de estos 40 años nos convoca a la lucha colectiva por la conquista, defensa y restablecimiento de los derechos vulnerados. En definitiva, la violencia institucional de las fuerzas de seguridad argentinas, en particular policiales, es una problemática que afecta especialmente a los sectores más empobrecidos y constituye una deuda de la democracia. La defensa de los DDHH es una tarea fundamental para la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y justa.
(*) Abogada. Integrante del Programa de Violencia Institucional del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed)
