ESCUCHARHace cuatro décadas, un jefe policial tumbaba el gobierno constitucional de Córdoba y abría una de las etapas más oscuras de la historia de la provincia, que terminó siendo preludio de la dictadura.
Por Hernán Vaca Narvaja*
El 27 de febrero se cumplieron 40 años del Navarrazo, aquel golpe de Estado provincial comandado por el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, entonces jefe de la Policía del gobernador Ricardo Obregón Cano. La historia de ese desbarranque institucional fue el prólogo de lo que pasaría poco tiempo después en otras provincias y se institucionalizaría a partir del 24 de marzo de 1976 en la nación entera, con el advenimiento de lo que las clases dominantes llamarían “Proceso de Reorganización Nacional”.
El partido militar decidió prestar nuevamente la bayoneta y el sable para defender los intereses de las clases privilegiadas, amenazadas por la “horda juvenil” que llegó al poder de la mano de Héctor Cámpora luego de las elecciones de 1973. Repitiéndose una vez más, luego de la Conquista del Desierto y la Patagonia Rebelde, los militares ejecutaron la masacre más grande de la historia, diseñada prolijamente desde el poder civil y el eclesiástico.
La conformación del gobierno peronista de Cámpora y de algunos gobiernos provinciales produjeron pánico en sectores de poder cuyos resortes históricos los impulsaron a golpear las puertas de los cuarteles, acompañados por la oposición -con los radicales a la cabeza- e intelectuales espantados, como Ernesto Sábato -luego prologuista de Nunca Más-.
En Córdoba, Ricardo Obregón Cano había ganado la interna del peronismo en el 73 contra Julio Antún, que representaba la derecha, el sindicalismo ortodoxo y conservadores aliados.
Cuando Obregón Cano viajó a Buenos Aires para hablar con el delegado de Perón, Juan Manuel Abal Medina, para confirmar la fórmula para las elecciones, éste le descerrajó que su candidato a vicegobernador debía pertenecer a las 62 Organizaciones peronistas.
Obregón le dijo al delegado que él ya tenía su vice, Atilio López, un sindicalista combativo, de los choferes de UTA, que lideraba la CGT “legalista” de Córdoba y cuya nominación era apoyada por el arco más combativo, enfrentado al sindicalismo ortodoxo peronista. La respuesta no cayó bien en el entorno de Perón y el futuro del gobierno de Obregón Cano quedó severamente comprometido.
Luego de un histórico debate televisivo en el cual volcó a gran parte de la clase media a su favor, Obregón Cano batió en las urnas a Víctor Martínez, referente del radicalismo provincial de corte alvearista. El conservadurismo cordobés no encontró un representante fiel y sumiso que garantizara conducir el Estado conforme sus intereses.
Obregón Cano integró un gabinete amplio, con radicales como Raúl Faure y conservadores como Humberto Gómez Amaya.
Las primeras medidas de Cámpora y la conformación de su gobierno cayeron mal en Puerta de Hierro, donde el veterano caudillo exiliado, acompañado por Isabelita y López Rega, desaprobó al más fiel de sus delegados. La orden de convocar nuevamente a elecciones bajó rauda, y la formula Perón– Perón se impuso por una avalancha de votos. Pero la interna peronista era feroz y mostró de lo que era capaz en la masacre de Ezeiza. Así, apenas asumido Perón, comenzarían a caer los gobiernos provinciales que no sintonizaban con la derecha: Bidegain en Buenos Aires, Cepernic en Santa Cruz, Ragone en Salta y Obregón Cano en Córdoba.
Luego de algunos meses agitados de gobierno, Obregón se vio acorralado por los empresarios de la carne, el transporte, la iglesia Católica y otros frentes que se abrían simultáneamente y sin pausa. Demasiados conflictos, al que se agregó el de la policía, que venía con una estructura militarizada: los más altos jefes provenían de las filas castrenses, andamiaje que el gobierno provincial intentaría infructuosamente desmontar. La designación de Navarro –también con rango militar- fue impulsada, curiosamente, por los sectores más afines a la Tendencia Revolucionaria y los Montoneros. Nadie podía suponer, en ese momento, los acontecimientos posteriores.
Si los sectores en conflicto se iban sumando, los apoyos políticos declinaban, sobre todo desde Buenos Aires, donde los comentarios hacia Córdoba eran cada vez más negativos, fogoneados desde la derecha peronista local, excluida del gobierno de Obregón, lo que generó un resentimiento inaudito que la llevaría a aliarse con lo peor del rancio conservadurismo cordobés para desestabilizar al Gobierno que, “para colmo”, contaba con el apoyo del sector más combativo del sindicalismo, liderado -entre otros- por Agustín Tosco y Atilio López.
Buscando la desestabilización del Gobierno provincial de cualquier manera, la derecha encontró un aliado inesperado en el jefe de Policía quien, acicateado por sus subordinados y por el tándem López Rega-Osinde desde el gobierno central, decidió subirse a la ola desestabilizadora y golpista, traicionando a quien lo había ungido en el cargo.
La Justicia federal de Córdoba no actuó ante las denuncias de sedición, anticipando su nefasto proceder durante la dictadura cívico-militar, de la que fue funcionalmente útil para el exterminio desatado en la provincia.
El golpe se consumó y Perón convalido el desaguisado al intervenir la Provincia mediante el Congreso. Roma no pagó traidores pero el gobierno de Perón sí lo hizo, y de qué manera.
Navarro -posteriormente- fue condenado por la Justicia y casi de inmediato indultado por el gobierno de Isabel. El brigadier Raúl Lacabanne sería (luego de Duilio Brunello y Dante Agodino) el interventor, y en 1975 asumiría como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército el hoy multicondenado autor de delitos de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez, conocido también como “Cachorro” o “La Hiena” por sus subordinados.
Con la intervención de la provincia comenzaría a escribirse el capítulo más triste de su historia, con el tenebroso D2-Informaciones de la policía como brazo ejecutor de la represión, sobre todo después del conocido caso “Siriani”.
Sin estos antecedentes, no podría explicarse la situación actual de la Policía de la Provincia.
(*) Abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Querellante en el megajuicio de La Perla. El presente artículo fue publicado originalmente en la última edición de la revista El Sur. Se reproduce con autorización de su editor.
