ESCUCHARUn país y un pueblo no siempre logran constituir una nación, particularmente cuando quienes lo habitan lo hacen en forma especulativa o circunstancialmente y no impulsados a establecer el vínculo que los identifique como comunidad unida por un destino común habitando, protegiendo y desarrollando su propia existencia.
Además de existir en nuestra historia momentos de esplendorosos sentimientos y de plausibles iniciativas en la forzada lucha por construir una nación, hemos también sufrido penosas experiencias cuando alguna de las partes que conviven entre nosotros, sin duda alguna persiguieron -y aún hoy lo hacen- destinos diferentes al de la mayoría de los argentinos. Dichas confabulaciones fueron malogrando cada una de las instancia propicias para el resurgir de la nación, llevándonos a divisiones y enfrentamientos muchas veces intrascendentes, otras penosas y sangrientas.
Hemos arribado a las instancias actuales pero por las experiencias vividas comprobamos que los distintos gobiernos que hemos tenido durante el proceso iniciado en 1883 no constituyeron verdaderas opciones, ya que de la mano de sutiles hipocresías lograron disimular las terribles consecuencias que nos produjeron las divisiones entre los argentinos, la ausencia de valores y principios esenciales, la manipulación especulativa de nuestras libertades y derechos y las reiteradas crisis que con la pérdida de los recursos estratégicos y grave endeudamiento del país marcan un rumbo incierto para el futuro nacional.
Para que semejante desmadre institucional fuera posible era necesario que la sociedad argentina viviera bajo el desamparo de un régimen que, debiendo defender los intereses nacionales, posibilitó tales despropósitos, ya que consciente o inconscientemente una parte de nuestra dirigencia quedó seriamente comprometida con ideologías caducas, fuera como oficialismo u oposición. Ello fue posible cuando se introdujeron en nuestra cultura conceptos individualistas, divisiones clasistas, degradaciones sociales e insolvencias éticas y morales en dirigentes e instituciones que buscaron destruir nuestra propia conciencia y organización social.
El desmembramiento territorial entre provincias favorecidas por regalías que deberían pertenecer a todos los argentinos, la dispendiosa política subsidiaria que facilitaba el manejo autocrático de muchos gobernantes, la crisis de las instituciones políticas, legislativas y judiciales y un mesiánico concepto de la militancia al servicio de parcialidades y organizaciones sectarias ocultando y disimulando negocios y especulaciones, completan un cuadro de irresponsabilidad, por un lado, y de enorme decepción, popular por el otro.
Hace muchos años que no tenemos una representación fidedigna de lo que es una nación y menos un Estado, ya que quienes acceden a los gobiernos muchas veces se apropian de éste bajo la estrategia establecida por la corporación política o sectorial que lo promovió, y sus políticas públicas la mayoría de las veces terminan por servir a intereses particulares, no exentas de inocultables actos de corrupción.
Concretar un acuerdo con el pueblo y sus instituciones
A partir del proceso iniciado el 10 de diciembre, los argentinos, la sociedad en general debe comenzar por desterrar estas tribulaciones que han venido carcomiendo nuestras actitudes con el propósito de desviarnos de lo que verdaderamente nos une como pueblo y recuperar el sentido de la responsabilidad social que nos habilita para ser celosos custodios de nuestro futuro.
Es por eso que resulta esencial no prestarnos nuevamente al juego acotado de los que plantean que con el solo cambio de un gobierno, de un estilo o formalidades extemporáneas, nuestros problemas se solucionarán, cuando lo que hay que concretar es un régimen democrático en el cual el que gobierne sea el pueblo, generando las decisiones fundamentales mediante las políticas de Estado.
Por lo tanto, el gobierno actual, jaqueado por la complejidad política, económica y social que ha trastocado la vida de los argentinos, debería tomar real conciencia de que sin la participación organizada e institucional de la comunidad nacional nos resultará imposible avanzar en las soluciones estructurales que en un marco de estricta justicia se viene reclamando. La no institucionalización de este proceso constituye un grave peligro en el que suelen caer los gobernantes cuando no logran liberarse del encierro que actitudes elitistas tratan de confundirlo para que el desiderátum de todo sea el gobierno, el partido o un equipo interdisciplinario.
Lo prioritario es constreñir el arte de gobernar a una instancia previa que signifique realizar el denodado esfuerzo por cambiar las metodologías democráticas, estableciendo una amplia convocatoria, integrando a todos los sectores organizados de la sociedad, sobre todo a los rescatados de la especulación y el delirante juego electoralista, en la obligación de asumir con responsabilidad social la definición de los lineamientos modulares que prioricen un programa de gobierno en el que cada parte asuma el compromiso que le corresponde.
Vale tener en cuenta el grave y confuso panorama internacional que, mediante el despiadado juego de la violencia y del tenebroso del capitalismo financiero especulativo, buscan usurpar territorios que atesoran recursos no renovables al avanzar sobre la economía y los status sociales de los pueblos, más aún cuando éstos permanecen divididos, anarquizados o degradados socialmente.
O revertimos este proceso que ya dio sobradas muestras de sus fracasos cambiando de cuajo el verdadero sentido de un proceso democrático en el que la comunidad nacional asuma el derecho de ser hacedora de su propio destino, o seguiremos enfrentándonos y dividiéndonos entre nosotros como partes de un pueblo en conflicto permanente y de un país que no logra eludir el transe de ser invadido, convulsionado socialmente; e hipotecando el futuro de las generaciones venideras.
* Vicepresidente Segundo del Foro Productivo Zona Norte (FPZN).
