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Silvia Stuchlik, especialista en políticas públicas de Niñez y Adolescencia
Hace cinco años se sancionó en Argentina la ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual poco a poco fueron adhiriendo las distintas provincias del país. La nueva norma significó un cambio de paradigma al que todavía muchos actores se resisten. En Córdoba, la Municipalidad de la ciudad, por medio del Concejo Deliberante, organizó una serie de jornadas de capacitación que tuvo entre sus exponentes a la socióloga Silvia Stuchlik. Comercio y Justicia dialogó con la especialista.
– ¿Qué balance hace de la implementación que la ley 26061 en el país y en Córdoba en particular?
– La ley ha impactado positivamente en las provincias, hay algunas que han avanzado más en el tema y se han adecuado mejor que otras. En Córdoba están en un proceso de creación de mecanismo de descentralización, se creó la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia; sin dudas este proceso tiene que seguir fortaleciéndose y todavía está presente el viejo paradigma.
– ¿A qué se refiere?
-Bien, los jueces se han reservado algunas competencias. Por ejemplo, en el caso de medidas excepcionales como son la separación del niño de su núcleo familiar, el juez es el que sigue decidiendo sobre el niño cuando en realidad debería hacer sólo el control de la legalidad.
– ¿Pero están dadas hoy las garantías para que todo se deje en manos de la estructura administrativa?
– No, sin dudas todavía falta mucho. Pero además hay que tenemos en cuenta que no alcanza con dotar a la estructura de nuevos organismos, se requiere de programas y de un presupuesto razonable que acompañe este cambio. Hay que trabajar en promover derechos y no sólo en programas de fortalecimiento familiar.
Nosotros notamos que hay dificultad para destinar recursos a este tipo de cosas. Se sigue destinando dinero a hogares, familias sustitutas y no se hace hincapié en este otro aspecto. Con esto no quiero decir que no tienen que existir los hogares, lo que digo es que hay que adecuarse a los nuevos preceptos que marca la ley, desde un nuevo criterio.
A cinco años de la sanción de la ley sigue habiendo en nuestro país muchos chicos institucionalizados. En muchas provincias se aplica este modelo de las familia sustitutas y, en realidad, uno tiene que empezar a pensar en trabajar dentro de las familias. Cuando me refiero a familia no hablo sólo de la familia clásica de mamá y papá, me refiero a un concepto mucho más amplio y que puede incluir a los abuelos, tíos y, hasta-¿por qué no?- a un vecino responsable que tenga intenciones de hacerse cargo de ese chico que está desprotegido. Se trata de un cambio sustantivo que requiere de un trabajo común entre los diferentes poderes del Estado, las ONG, las empresas que muchas veces se comprometen y trabajan para mejorar la situación de la infancia. Necesitamos un plan común.
-¿Cuántos chicos están hoy institucionalizados en el país?
– Al momento de sancionarse esta ley, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijo que había 25 mil chicos en institutos de menores, hogares, familias sustitutas. Ese número incluía además a los chicos en conflicto con la ley penal. Hoy, a cinco años de esa ley no tenemos datos concretos, algo que es indispensable para saber qué cambió a partir de la nueva normativa.
– ¿Qué provincias se han adecuado con más rapidez a la norma?
– Bien, Mendoza fue la primera provincia en sancionar la ley que se adecuaba a la norma nacional. Neuquén también avanzó mucho, El tema es que cada provincia es diferente, tiene una población distinta con realidades diferentes, entonces, no podemos hacer un balance igualitario para todos.
– ¿Cuál es el principal escollo de la ley?
– Cambiar las actitudes y las prácticas. Para que esta ley logre su objetivo no alcanza con crear organismos o secretarías, se necesita del diseño de programas que acompañen a estos organismos, y que se trabaje no sólo en restituir derechos a los niños sino en promoverlos. Se necesita, además, obviamente, de presupuesto y de un cambio en las prácticas. Si bien hay muchos actores que quieren cambiar esas prácticas, otros no quieren hacerlo porque piensan que dejarán de ocupar una posición relevante, una posición que hasta ahora era de poder. Esta ley les dice a todos los actores que tienen que cambiar, por eso digo que no alcanza con cambiar el sistema administrativo, se requiere de un cambio de actitudes y de prácticas.
