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Días pasados, Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la conferencia en la que participaron jueces y funcionarios de todo el país “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial: los nuevos desafíos”, expresó que “los poderes judiciales deben perseguir el prestigio y no la popularidad”, dado que “el populismo judicial no beneficia a nadie”.
Estas afirmaciones se complementan con lo manifestado por el mismo Lorenzetti, en declaraciones periodísticas, respecto del papel que le compete al alto cuerpo judicial; en se reportaje dijo: “La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. Si analizamos los últimos 15 años, van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector o a otro. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es un mástil que mantiene el equilibrio. No hay mayorías a favor o en contra de un sector”.
Sin entrar a analizar a quién hizo estas manifestaciones, -alguno podrá decir que él es parte de la pérdida de prestigio del poder judicial-, nos interesa tratar en esta columna el concepto que dichas palabras encierran en cuanto a: “El poder judicial debe dejar de actuar demagógicamente para actuar conforme al mandato constitucional de fallar conforme a la ley, esa es la forma de recuperar el prestigio perdido”.
Es lamentable como, en los últimos años, un poder que gozaba otrora de alta estima ciudadana entre los del Estado ha ido perdiendo puestos en la consideración pública, de manera tal que a la fecha se ubica entre las instituciones públicas con peor imagen. Justamente hace unos días se publicó un trabajo de la Universidad de San Andrés, sobre la mirada que tiene la sociedad argentina sobre las principales organizaciones, actores y sectores que la conforman, en la cual los jueces aparecen en el peor lugar de la tabla, con un 59% de imagen negativa. Solo uno por ciento de los encuestados dijo que tiene de ellos una muy buena imagen.
Independientemente de estos números, que reflejan la baja consideración pública de la que hablamos, estamos convencidos de que la mayoría de los jueces y funcionarios son probos y su conducta es la esperada, y que, como suele pasar, pagan justos por pecadores. No obstante, creemos que la imagen que refleja la encuesta tiene que ver, junto con el comportamiento de algunos magistrados, con una forma sistémica de actuar. Es decir, el Poder Judicial, como cuerpo, funciona de una manera lo aleja del debido prestigio que debe tener y que en tiempos lejanos fue su característica.
Tal vez la causa de ello sea la influencia del, siguiendo las palabras de Lorenzetti, “populismo judicial”, que ha hecho que se fijen políticas destinadas más a satisfacer “lo políticamente correcto”, evitar conflictos con grupos de presión capaces de generar molestas protestas o manifestaciones en las calles, coquetear con quien ejerce el poder político de turno, entre otros supuestos que dar respuestas a los problemas de los justiciables, quienes ya no encuentran en el Poder Judicial el amparo que antes sentían y que en definitiva es la función de una justicia democrática y republicana.
La mayoría de los jueces y funcionarios tienen ese compromiso, y son pocos relativamente los casos de los proselitistas de las sentencias, de forzar la competencia o de las medidas cautelares estrambóticas a gusto del consumidor.
No porque Lorenzetti lo diga, sino por una elemental aplicación de la legalidad constitucional, es que la justicia debe resolver las causas aplicando la constitución y las leyes, y no pensando en congraciarse con el poder de turno, en la conveniencia coyuntural, y en intereses particularizados.
Nunca dejemos de olvidar que el proceso judicial, los jueces y los tribunales se crearon para que los particulares no hicieran justicia por mano propia. Los más antiguos ordenamientos jurídicos lo dicen de forma expresa y nosotros, miles de años después, no deberíamos olvidarlo. Cuando se hace “justicia propia” la conmoción social que se provoca no es menor.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Magíster en derecho y argumentación jurídica
