ESCUCHARLa situación de los privados de libertad en cárceles siempre es un tema conflictivo. El abanico de opiniones respecto al trato que debe dárseles es muy amplio y va desde quienes pretenden eliminarles todo derecho hasta aquellos que miran con recelo las instituciones carcelarias y pretenden reducir al máximo, si no suprimir, esta facultad estatal de ejercer el monopolio de la coacción.
La clásica postura de la reeducación social en sus distintas variantes, frente a las anteriores, queda situada en un centro equidistante de ambas.
Muchas veces se obra no conforme a las pautas penales legalmente establecidas sino por aplicación de tales concepciones. Por ejemplo, con lo ocurrido en un reciente hecho que involucró a una interna del penal de Ezeiza, que rompió un televisor en el salón de usos múltiples del Pabellón B del Anexo Unidad Residencial de Ingresos de dicho Complejo Penitenciario, para quien el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y el fiscal ad hoc solicitaron su sobreseimiento, por entender que el hecho no se encuadraba en un figura penal y que lo ocurrido sólo era materia del reglamento disciplinario para los internos.
Más allá de si es correcta o no la decisión, lo que alimenta la discusión planteada al principio son los argumentos dados para arribar a esta conclusión. Así, los fiscales dijeron:
“La conducta desplegada por el detenido no es sino consecuencia directa de las malas condiciones impropias pero muchas veces demasiado habituales en que se desarrolla la vida en el encierro”, puntualizando -además- que “no resulta aceptable que las personas privadas de su libertad se vean sometidas a un proceso penal por conductas que, en realidad, sin dudas, se las puede considerar como una resistencia a su situación de detención”. Citando en apoyo de su decisión a la Cámara Federal de La Plata que en julio de 2014 había considerado que “el sometimiento a una nueva persecución penal, (…) concluye en una estigmatización definitiva de las personas privadas de su libertad, a las que se somete a un espiral de castigo y exclusión”.
Leyendo tales apreciaciones, vemos como se mezclan peras con batatas. “Todo tiene que ver con todo”, decía el presentólogo Pancho Ibáñez hace un par de décadas en cuanto documental se emitía por televisión abierta. Y, en rigor de verdad, no es cierto. Al menos, no desde la pulcritud técnica. Desde la sanata, obviamente, sí. Si lo sabremos los que, por ser profesores, tenemos que tomar exámenes, en la universidad u otro sitio de estudios. El que no sabe, ante una pregunta, intenta responderla apelando a cualquier cosa que le venga a la mente. Para ellos, el “todo tiene que ver con todo” es un axioma casi místico. El problema es cuando se lo usa para fundamentar resoluciones judiciales.
Puede que el hecho de la destrucción del televisor sea una cuestión disciplinaria y no un delito. Las fronteras de la tipicidad penal del daño, en cuanto a la entidad requerida para configurarlo, ha sido siempre un tema discutido. Y, aún más, por aplicación del beneficio de la duda, en un Estado de Derecho tiene que aplicarse el encuadre de menor punibilidad.
Pero ahí a pretender justificarlo como una especie de acto legítimo de “resistencia” contra el sistema hay un trecho muy largo, a la par que revela la carencia de aplicar principios de la ciencia penal básicos para solucionar una situación. La protesta es válida, aun cumpliendo una condena. Pero no cualquier protesta. El Estado de Derecho, a la par de garantizar derechos, impone deberes. Nunca es admisible protestar desde el delito o perjudicando con entidad a otros en sus derechos.
Si la protesta iba en contra de las malas condiciones de alojamiento, ¿el romper el televisor común ayuda en algo a empeorar esas condiciones? ¿Ello no perjudica a las otras internas también? ¿Qué opinarán éstas, que tratan de convivir pacíficamente y cumpliendo con las disposiciones legales, si quien las incumple ve justificada su conducta? Seguramente podrán pensar mucho sobre el tema en ese pabellón, ahora que no pueden mirar sus programas favoritos por TV.
Que la ideología, sea cual fuera, mata al sentido común, es una situación bastante frecuente en la Argentina de nuestros días.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. **Abogado, magister en Derecho y Argumentación Jurídica
