ESCUCHARPor Pablo Sánchez Latorre (*)
El mundo se ha paralizado, se encuentra absorto y en una pelea sin precedentes. La situación está disparando diversos frentes de batalla, de muy difícil control y gestión. No sólo nos enfrentamos a un enemigo invisible, el Covid-19, sino también a nosotros mismos, con nuestras virtudes y defectos.
El adverso escenario genera un sinnúmero de acuciantes interrogantes, muchos de ellos, quizás, sin solución plausible, y otros con respuestas que deberemos aprender a escuchar y asimilar con la más alta prudencia que requiere el marco del desconcierto.
Entre las severas dificultades que emergen en esta profunda crisis se halla la administración de los conflictos sociales.
Para ello, en condiciones “normales”, el sistema del Estado de derecho ha prescripto constitucionalmente que el órgano para impartir justicia sea el Poder Judicial.
Ahora bien, la repentina paralización del estado de cosas nos coloca en un incómodo e impensado lugar.
Así, sórdidos, nos preguntamos, ¿cómo garantir la administración de “justicia” en estas condiciones? Máxime cuando se pronostica un agravamiento del marco situacional, en todas sus dimensiones.
El primer camino que deberíamos tomar es uno categóricamente ético. Comenzar con el acto comprometido y solidario de quedarnos en casa. Ya sea por altruismo o por amor propio. Pero es de suma trascendencia estar en el lugar de residencia y racionalizar los recursos y ahora, más que nunca, ser empáticos y apelar a la sensatez.
Luego podríamos, como auxiliares de justicia, contribuir decididamente en todo lo que esté a nuestro alcance para pacificar el colectivo social, entre nuestros clientes, familia, convivientes, vecinos y autoridades.
Seguramente, más tarde que temprano habrá tiempo para ponderar el ingreso y/o exenciones de aquellos que ejercen la función judicial o tienen un cargo político con goce de irritantes “privilegios”.
Posteriormente, confiar en los actores institucionales que están trabajando arduamente para paliar el espectro de complejidades que nos jaquean.
Las variables que se presentan revisten un casuismo inusitado, de difícil abordaje, desde el fuero del cual se trata hasta la emergencia del caso.
El colectivo abogadil está muy preocupado porque muchos de sus miembros dependen económicamente de sus honorarios para el sustento del hogar, dada la importante labor que ocupan en el entretejido social.
Hay que tener el convencimiento de que vamos a salir todos juntos de las dificultades, aunque en adelante el paradigma sea otro. Lo aceptaremos y ensayaremos los mejores modelos deontológicos para ejercer nuestra noble profesión.
Advertimos de que los equipos de trabajo deberán conformarse interinstitucionalmente y estar dotados de las altas capacidad técnica y calidad humana de que se disponga, a fin de afrontar los inconvenientes y dilemas que se han suscitado en la coyuntura.
El cuadro descripto exige un apresuramiento en la madurez de los todos los operadores (funcionarios, empleados y abogados), al calor de la urgente optimización de las herramientas informáticas y digitales en la administración de conflictos, tanto para su etapa prejudicial como para la jurisdiccional.
Hacer prevalecer la vida, la salud, proteger a los vulnerables y hacerlo dentro de un sistema democrático eficaz es otro de los grandes retos que nos toca desarrollar en esta época
Son innumerables los servicios que se han visto suspendidos o reducidos ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus Covid-19. En el caso del servicio de justicia, otro de los interrogantes que brota es si logrará estar a la altura de la excepcionalidad que vivimos, para garantizar el servicio a los justiciables con niveles razonables y conforme a la expectativa social.
Intensificar el uso del expediente electrónico y abandonar de una vez el soporte de papel es, en paralelo, una decisión con ribetes sanitarios pero también de eficacia en la política de gestión judicial.
Mientras imperan las restricciones destinadas a mitigar la propagación del coronavirus, los colegiados de Córdoba solicitaron: “…Acordar y diseñar con los poderes del Estado, de manera urgente, un protocolo de emergencia para garantizar la administración de Justicia mientras dure la pandemia del COVID-19; conformar la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia, conjuntamente con el Poder Judicial, Ministerio de Justicia de la Provincia y Federación de Colegios de Abogados de Córdoba y se ponga en pleno funcionamiento la digitalización total de los expedientes, de toda herramienta tecnológica…”
En definitiva, urge mantener un diálogo sensato entre las instituciones estratégicas, de forma transparente y permanente, apoyándose en el consenso, para facilitar la construcción de un verdadero puente de salida en la crisis pandémica.
No será fácil. Es arduo pero alentador. Es en esos momentos cuando debemos demostrar hasta dónde estamos dispuestos a defender los principios y los valores constitucionales.
(*) Docente de las facultades de Derecho de las universidades Católica (UCC) y Nacional de Córdoba (UNC)
