ESCUCHARSegún la importancia relativa de los gastos del Presupuesto Nacional, diferenciados en función de sus respectivos objetivos y destinos, la atención de éstos aparece como prioritario y de máxima preferencia.
En el transcurso del período 2003-2013 el signo distintivo de la actividad en materia de gasto público se ha caracterizado nítidamente por la intensificación de las prestaciones orientadas a cubrir las necesidades y requerimientos de la mayor cantidad de habitantes, lo cual, obviamente, obligó a acentuar el nivel preexistente de presión tributaria con el objeto de cumplimentar tales prioridades.
Ello se hizo mucho más notorio comparando dicha gestión con lo que sucedió desde 1976 hasta 2002, inclusive. En este lapso prefirieron disminuir en términos relativos la magnitud del gasto público, en especial desde mediados de 1998, al imponerse un esquema de neto corte neoliberal que se distinguió por la intensa “ola privatizadora”, sin diferenciar las actividades de alto valor estratégico como fue el traspaso de YPF a la española Repsol.
El rotundo cambio en tal sentido comenzó a mediados de 2003 y, por tanto, lleva más de 11 años de continua actividad con esa tipología, tratando así de revertir la notoria concentración del ingreso y la riqueza que conllevó el denominado esquema de la “convertibilidad”. Surgen de inmediato la generalización de servicios vigentes y la incorporación de otros nuevos, pioneros en el marco de América Latina.
El Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) ha sido perfeccionado mediante la introducción del seguro de empleo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un régimen especial para quienes no han realizado previamente la totalidad de los aportes que estatuyen las leyes. Esta gestión específica ha incidido favorablemente en hacer más equilibrado e inyectar cierto grado de justicia a la redistribución del ingreso, algo que se advierte mediante la recuperación ocurrida en el Coeficiente de Gini, aunque todavía no se logró volver al óptimo histórico alcanzado en 1974: 0,36.
Las provincias han sumado su participación en algunos aspectos pero son francamente minoritarias en la ejecución de dichas prestaciones. En cambio, la periódica actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) junto a la decisión de adoptar un sistema nacional integral que abarca todo el amplio colectivo de 1,1 millón de trabajadores domésticos (actualmente incluyen en carácter de inscriptos sólo unos 250 mil) que en su mayoría no ha gozado de protección alguna, generaliza la cobertura social.
Los sucesivos nuevos instrumentos introducidos
El bastante retardado proceso de ordenamiento fue sustentado durante el lapso 1976/2002 en la convicción de que ello favorecía una significativa contención de costos, concurriendo a consolidar un mercado de costos en baja. Bajo ese enfoque, característico del pensamiento neoliberal, se dictó en 1994 la ley Nº 24241, de neto corte privatizador, a requerimiento de lo sugeridos con cierta vehemencia por los organismos internacionales de crédito a los cuales, en última instancia, se ajustaron entonces las principales acciones de los gobernantes domésticos.
El esquema original pretendía que el conocido como “de Reparto” (a cargo de la Nación) y sólo para una franja residual de afiliados, se fuera agotando con el transcurso del tiempo ya que se combinaba con una política de restricciones a la incorporación de nuevo personal, extendiendo esta intención a las administraciones provinciales. Por contraste, se concedió plena libertad de acción a los cada vez más numerosos organismos privados, que no vacilaron en introducir una metodología alternativa regida por la “capitalización individual” de cada afiliado, que no sólo alejaba la fecha de acuerdo para gozar beneficios sino que daba muy superiores beneficios a los operadores del sistema.
Pese a los prometidos mejores resultados, lo realmente sucedido se caracterizó por una creciente permanencia de los déficit en la fracción administrada por el Estado, que agudizó desequilibrio fiscal y, por consiguiente, su endeudamiento en incontenible alza. La desastrosa culminación se verificó en 2001, cuando sumó sus carencias a la profundización de la crisis que comenzó a vislumbrarse en 1998 y se extendió hasta mediados de 2003. El avance de la informalidad en ambos sistemas fue la motivación decisiva para precipitar la revisión de todo lo actuado.
Características del régimen vigente
Durante el período 2003/2013, el número de beneficiarios del SNSS fue explosivo, pues pasó de abarcar 6.491,7 miles de aquellos a nada menos que 13.120,2 miles (+102,1%). Dentro de ese inmenso colectivo, el más numeroso es el Subsistema Previsional, pues evolucionó de 3.049,9 miles a 4.943,6 miles (+49,6%); aunque una de las áreas menos pobladas, la de Pensiones No Contributivas, es la que “pegó el salto” más notable pues de apenas 329,2 miles creció hasta reunir 1.385,3 miles; o sea, un aumento de 328,1%.
Debe advertirse de que en función del número de nuevos destinatarios se distingue el Subsistema de Asignaciones Familiares, que ha tenido inmediata repercusión, aunque es de bastante reciente introducción e incluye las por Hijo, que eran 3.163,6 miles pero hacia fines de 2013 ya habían escalado a 6.727,5 miles (+112,7%). Durante el lapso 2003/08 se verificaron 11 sucesivos reajustes que apuntaron preferentemente a consolidar la situación de quienes recibían los menores importes.
Recién mediante la ley Nº 26417 se implantó un régimen que prevé la obligatoriedad de cumplimentar dos aumentos por año, los cuales tienen por objeto seguir la evolución de las remuneraciones y se concretan en cada uno de los respectivos semestres (mayo y septiembre), siendo su finalidad prioritaria mejorar masivamente las condiciones de vida de los beneficiarios. En cuanto al SMVM, hubo sendos decretos de actualización que, salvo las objeciones vertidas en 2014 al plantear su insuficiencia, sirvió para evitar una cierta pérdida de poder adquisitivo, dado que hasta entonces habían logrado siempre compensar tal merma e incluso optimizarlo.
La administración de tal área ha aportado valiosos datos relativos a la evolución habida en cada subregión del país, dado que en cada una de ellas se debieron evaluar las diversas condiciones vigentes con el objeto de poder armonizarlas adecuadamente con sus respectivas particularidades. Surge de inmediato que la mayor expansión en cuanto a la cantidad de beneficiarios se verificó en las zonas identificadas como Noreste Argentino (NEA, +252%) y Noroeste Argentino (NOA, (+152%), mientras las que exhibieron menores índices en tal sentido fueron la conocida como Patagónica (+57%) y, muy especialmente, la ciudad de Buenos Aires (+16%).
En los casos particulares de la provincia del mismo nombre e incluso en la Región Pampeana se verificaron situaciones especiales, que fueron objetadas por presentar aparentes contrasentidos que, en realidad, no son tales. Dentro de la primera el respectivo real acrecimiento en términos absolutos registró la cifra más alta (+2,3 millones) y en la segunda esa suba llegó a 1,2 millones; aunque en función de crecimiento porcentual, en ambos casos, pasan a constituir escalones intermedios, ya que involucran mejoras acumuladas de +104 y +88%, respectivamente.
Si se cotejan entre ellas las diversas jurisdicciones subnacionales, aparecen en los primeros lugares provincias con bajo grado de desarrollo, característica que comenzó a verificarse en los años ya transcurridos del presente siglo. La atribución del gasto en materia de Seguridad Social correspondiente a la jurisdicción nacional ha tenido muy ligeras variantes, siendo la provincia de Buenos Aires la principal destinataria, con 36% del total; encolumnándose a continuación, en sentido descendente, la Región Pampeana (18%), NOA (16%) y CABA (12%); mientras el trío con menos aportes en términos brutos es el constituido por Cuyo (8%), NEA (7%) y Patagonia (6%).
Dista bastante el referido ordenamiento si se desagrega por provincia en vez de por región, ya que en la cúspide de este encasillamiento se entroniza la provincia de Formosa, donde se operó el máximo incremento porcentual relativo de beneficiarios (+475%); siendo seguida por Chaco (+264%); Santiago del Estero (+245%); Corrientes (+232%) y Misiones (+204%). A su vez, a Córdoba, con +105%, le cabe el 13º lugar; aun así, aparece bastante mejor que Santa Fe (+68%), que permanece bastante más atrás, 20ª, ligeramente por debajo Mendoza (+116%). Las cuatro jurisdicciones con menores índices de expansión poblacional son, además de la ya mencionada Capital Federal, tres provincias patagónicas: Chubut (+24%), Santa Cruz (+25%) y Tierra del Fuego (+28%).
El último entredicho
Frente a crecientes reclamos en procura de recibir un reconocimiento adicional suplementario de fin de año, el jefe de Gabinete advirtió de que en esa jurisdicción no está previsto y que no cuentan con fondos disponibles al efecto. Al mismo tiempo, aprovechó para advertir a las provincias de que, en caso de hacerlo, “deberán contar con fondos propios”. Dentro del sector privado, por su parte, enfatizó en forma pública, el día 11 de noviembre ppdo., que “…si los gremios y los empresarios se ponen de acuerdo no es de incumbencia regulatoria por par te del Ministerio de Trabajo”.
En la misma oportunidad aportó una serie de informaciones, entre ellas la relativa a la conformación actual de la llamada “canasta básica promedio” que corresponde a cualquier jubilado nacional, la cual asciende a $6.720 mensuales. A fines de 2013 ese importe era de $4.885.37; surge por lo tanto que en el presente año la suba acumulada fue de 37,7%, con la cual buscan cubrir las respectivas subas de precios que, sólo en los últimos seis meses, fue de 18,36%.
Según lo previsto en esa misma fuente, coexisten siete componentes. De ellos, el gasto en alimentación, $2.464,8, absorbe 36,7%, seguido muy de cerca por el rubro vivienda, que requiere $2.113 (31,4%), los cuales están a considerable distancia de los subsiguientes Tocador y limpieza, con $823,78 (12,3%) e Indumentaria con $444 (6,5%); algo por debajo se ubica Transporte, que requiere una media mensual de $348 (5,2%).
El sistema de seguridad social vigente en nuestro país es el que cubre una mayor proporción de la población respecto a los países que integran América Latina y los supera en alrededor de un tercio por sus respectivas asignaciones medidas en moneda de igual poder adquisitivo.
Pese a ello, es mucho lo que todavía resta por mejorar…
