Por Luis A. Esterlizi (*)
La realidad que hoy nos abruma con el cúmulo de informaciones conectadas con la corrupción -que desde hace mucho tiempo viene sucediendo en el país– ha superado las barreras del delito para convertirse en una manifiesta traición a los intereses nacionales.
Por si ello no alcanzare y en desmedro del bienestar de los argentinos, se suceden al mismo tiempo inconcebibles ajustes en el desarrollo de un contexto recesivo que insinúa prominente el aumento del desempleo, una grave baja del consumo popular y el cierre de muchas pymes nacionales.
Como resumen, a la corrupción que también deviene de gobiernos anteriores se le suma el fracaso de políticas públicas actuales por falta de previsión e irresponsabilidad en la toma de deudas en el marco de una tremenda especulación financiera, conformando entre ambas situaciones un aquelarre muy difícil de resolver.
Es que los acontecimientos no son derivaciones de una crisis sino el predominio de causas devenidas de un estado de decadencia de dirigentes e instituciones.
Algunos diccionarios describen la decadencia como una situación de ruina, que puede también considerarse como destrozo, perdición y decaimiento de una persona, familia, comunidad o estado.
Semejante escenario nos obliga a los argentinos a tomar verdadera conciencia de la responsabilidad que debemos asumir ante la gravedad de lo que nos acontece, ya que dicha descomposición política, económica y social no puede caracterizarse como una simple tormenta económica o financiera; o sucesos coyunturales que devienen de otras regiones del mundo que, aunque tienen su incidencia, no podremos superar fácilmente con una cosecha o con lo que produzca Vaca Muerta.
¿Podrá la dirigencia en general dejar de preocuparse sólo por cuestiones partidarias, sectoriales o el sostenimiento de concepciones ideológicas caducas o intereses mezquinos que reniegan de sus orígenes o naturaleza?
¿Podrán las instituciones, por decisión de quienes las integran, recuperar conducciones según sus valores y virtudes y sobre todo por la trascendencia que promuevan de servir a la comunidad de la que forman parte?
Estamos muy confundidos por promesas que ya no generan la confianza ni la seguridad que necesita el pueblo, en especial porque nadie tiene -frente al fracaso de propuestas parciales- la grandeza de proponer el consenso que, sin cortapisas ni oportunismos, es imprescindible concretar.
La sociedad organizada y quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben integrar una mesa de acuerdos trascendentes.
Las ignominiosas secuelas de la corrupción institucional entre empresarios de la obra pública y distintos gobiernos, que se extiende como una mancha de aceite en todos los niveles y jurisdicciones del país, y los ominosos resultados por causa de los ajustes convenidos entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) componen una mezcla plena de desazón y angustia para el pueblo argentino.
Estas tribulaciones gubernamentales son el producto de la decadencia concentrada en el manejo discrecional de los intereses públicos por los distintos gobiernos a los que nadie controla y en los que el pueblo -por consiguiente- es el convidado de piedra y receptor de las desgracias que generan.
Es que ya no existe un principio de autoridad prestigioso ética y moralmente, sobre todo de los que han decidido dispendiosamente el alcance y destino de los intereses nacionales, ni de un Congreso caído en la degradación funcional de partidos sin doctrina ni principios que tampoco cumplen con el compromiso constitucional que corresponde.
Sabemos que los pueblos no se suicidan y que los argentinos hemos sabido superar situaciones difíciles y traumáticas por preservar nuestra existencia como país soberano, por lo que hoy con más razón debemos ser quienes asumamos nuestro propio liderazgo. Para ello es imprescindible recuperar las entidades sociales, sectoriales, políticas y gremiales bajo una agenda común que contenga las soluciones para terminar con la decadencia.
Ésta es la única alternativa que nos queda y que las elites dirigentes nunca intentan realizar, porque ello les traba cualquier intento de afianzarse en la discrecionalidad.
Hasta el momento, en nuestra historia nunca se registró una disposición institucional que fije el pago de las deudas generadas irresponsablemente como las pérdidas de nuestros recursos estratégicos, de nuestro territorio, de nuestro perfil productivo y de consumo, como la degradación cultural a la que fuimos sometidos por quienes son los culpables directos de tales desatinos.
Si los argentinos no participamos institucionalmente mediante nuestras organizaciones intermedias en la definición de las políticas de Estado, como en el control de sus implementaciones, seguiremos siendo víctimas de las decisiones de quienes, en su condición de gerentes, deciden sin pedirle permiso ni rendirle al pueblo el manejo de los intereses que son de todos los argentinos.
Es por eso que no hay más cabida en el proceso de superación de esta decadencia con los mismos actores que fueron consecuentes con su implementación.
Necesitamos un nuevo modelo de exclusiva esencialidad argentina, que institucionalice la participación efectiva y permanente de la comunidad nacional para que los representantes del pueblo estén imbuidos de tales preceptos, convirtiéndose -a partir de su elección- en representantes exclusivos del pueblo y no del partido o corporación que los haya promovido.
(*) Ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba. Presidente del Foro para el Proyecto Nacional y la Comunidad Organizada