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El organismo realizó un análisis de sentencias judiciales sobre los estándares jurídicos de la igualdad de género y derechos de las mujeres. Aseguró que existe una “limitada e incipiente” aplicación de los “estándares del sistema interamericano de derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que realizó un análisis de sentencias judiciales en el ámbito regional con el objetivo de informar sobre los estándares jurídicos vinculados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Según el organismo internacional, “persisten en el continente americano la desigualdad social y los obstáculos en el acceso a la justicia, contribuyendo a perpetuar problemas como la discriminación contra las mujeres en sus formas más extremas”.
Con respecto a ello, expresaron la necesidad de que el desarrollo jurídico de estándares “en el marco del sistema interamericano de derechos humanos sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe estar acompañado por esfuerzos de los Estados de ponerlos en práctica”.
Es que para la CIDH los fallos judiciales identificados en el informe permiten observar que en la región existe una “limitada e incipiente” aplicación por el Poder Judicial de los “estándares del sistema interamericano de derechos humanos”. Asimismo, se ha confirmado “la gravedad y el carácter pernicioso y silencioso de los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres, y los desafíos en que estos casos lleguen y sean procesados por los sistemas de justicia a través del hemisferio”.
“La aplicación de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos a través de las Américas es un proceso heterogéneo que camina a pasos lentos”, lo que “exige de los Estados esfuerzos concretos, deliberados, e inmediatos para cerrar la brecha entre los compromisos de derechos humanos que han asumido, y la protección plena y real de los derechos humanos”, explican.
Asimismo, el informe consigna que “el desarrollo jurídico de parte del sistema interamericano en las esferas de la violencia y la discriminación contra las mujeres debe estar acompañado de iniciativas estatales para implementar estos estándares a nivel nacional” ya que las sentencias analizadas “ponen de manifiesto el potencial del poder judicial como un sector clave en la protección de los derechos de las mujeres y en el avance de la igualdad de género”.
Sin embargo, señalan que “el poder judicial es sólo un componente de una estructura estatal obligada a coordinar los esfuerzos de todos sus sectores para respetar y garantizar los derechos humanos en general; principio que acarrea obligaciones para los Estados, que sobrepasan las intervenciones de su poder judicial”.
Algunos ejemplos: el caso de Guatemala
Según consignó la CIDH, en Guatemala las “modalidades históricas de discriminación hacia las mujeres han generado que sigan estando subrepresentadas y tropiecen con serias limitaciones para ejercer sus derechos en las esferas económica y laboral. “Son desproporcionadamente más pobres que los hombres guatemaltecos, tienen menos acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, padeciendo altos niveles de mortalidad materna y desnutrición”.
En ese contexto, el organismo internacional planteó que el desafío prioritario que enfrenta ese país consiste en cerrar la profunda brecha y la discriminación que las mujeres siguen experimentando en su vida diaria. Para ello, plantearon la urgente necesidad de una reforma jurídica, un mejor acceso a la justicia; además de medidas eficaces que reflejen, en la práctica, los compromisos adoptados por el Estado.
La situación de las mujeres en Chile
En su informe sobre Chile (2009), la Comisión expresó su preocupación ante “el vínculo directo entre la desigualdad de las mujeres chilenas en el ámbito de la familia y su limitada participación en la esfera política y en el ámbito laboral del país, como consecuencia de la existencia de concepciones estereotipadas de su rol social como mujeres y como madres. “Todavía se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos y en el desempeño de sus labores domésticas, lo cual limita sus opciones de incursionar y progresar en el ámbito laboral y político, al mismo tiempo que no contribuye a una distribución equitativa de responsabilidades entre ambos miembros de la pareja”.
A modo de conclusión, el estudio considera prioritario que los logros jurídicos y políticos alcanzados en la región se traduzcan en resultados concretos para las mujeres de América. Para lograr esta meta aseguran que se necesita la colaboración y el compromiso de una amplia gama de actores y entidades. Entre ellos, las organizaciones y redes de la sociedad civil, las agencias internacionales y regionales, el sector académico y los medios de comunicación.
