ESCUCHARLa feria en tribunales acaba de concluir y ya viene movido el tema. Arrancó, nada menos, que con un tema bastante caro y crucial a la democracia: la creencia del ciudadano medio en las instituciones. En particular, la del Poder Judicial.
Los últimos sondeos de opinión en la materia muestran una drástica caída de la imagen de los ciudadanos en sus instituciones, la que se viene produciendo desde hace varios años. La Justicia, que se venía salvando de tal crítica, en la última década ha entrado en el mismo tobogán, hasta llegar en la actualidad, a ser el poder estatal con peor imagen, de acuerdo con estudios de las consultoras Opina y Management & Fit, conocidos en octubre de 2017.
Conforme el monitoreo llevado a cabo por Managment & Fit, 60,7% de los argentinos tiene “poco” o “nada de confianza” en las instituciones y organizaciones en general. En tanto que respecto al Poder Judicial y la Justicia se ubicaron en el peor lugar, detrás de los partidos políticos, el Poder Legislativo y los gobiernos. Sólo 1,8% manifestó tener “mucha” confianza en Poder Judicial y 2,3% en la Justicia, como apareció detallado en el diario La Nación del 9 de octubre del pasado año.
¿Qué hacer para mejorar la imagen? Por lo general la respuesta del poder político a esta necesidad es modificar leyes, crear fueros especializados, etcétera. Pero, creemos que no es sólo cambiando permanentemente los códigos procesales, endureciendo penas o creando organismos que se va a mejorar necesariamente la confianza pública en nuestro Poder Judicial.
Tal vez medidas menos efectistas pero sí más realistas -basadas en datos empíricos y que fomenten el compromiso de los operadores jurídicos- sean más útiles para hacer más efectivos estos intentos.
Justamente el domingo amanecimos con una entrevista que le hizo Roberto Battaglino para el diario La Voz del Interior al doctor Armando Andruet, quien dio algunas ideas interesantes para mejorar la imagen real de nuestra Justicia provincial.
Andruet hizo hincapié en la designación y formación de los jueces. Respecto a ellos puntualizó la necesidad de que recobren la credibilidad de la ciudadanía, expresando -por ejemplo- en relación con la exención del pago del impuesto a las Ganancias: “Es muy difícil para la Justicia establecer una relación de confianza con la sociedad con esta situación excepcional de los jueces. Más allá de la articulación jurídica, hay ciertas razones que son irracionales”.
Pero como modificar esto solo no es suficiente ya que, si bien es un tema delicado, muchas veces es usado por los críticos del sistema de manera demagógica, el Dr. Andruet dio un paso más y amplió su concepto al expresar: “Hay que trabajar más en la psicología de los jueces. Seguimos privilegiando lo técnico, lo profesional.
Es obvio que si un aspirante a juez no sabe Derecho no puede ocupar el cargo. Pero es necesario tener en cuenta otras cosas: su grado de sensibilidad social y de responsabilidad social, qué continente habita un juez, sus apariencias. Los comportamientos impropios de los jueces son los que más ofenden a los ciudadanos”. Para ello propuso que los magistrados sean evaluados psicológicamente de manera periódica.
Creemos importantes las propuestas expuestas por el Dr. Anduet. Pero fieles a lo que hemos dicho anteriormente, medidas bien intencionadas pero aisladas no alcanzan; los cambios, en la materia, no vienen sino de la mano de un cúmulo mucho más complejo que debemos realizar todos los operadores jurídicos.
Decimos esto porque creemos que hace falta una autocrítica de todos los aquellos que, conforme al rol que ocupamos, operamos en el mundo jurídico, es decir no sólo los jueces o fiscales deben hacerla sino también los abogados litigantes, e incluso los docentes de las universidades.
La imagen de la Justicia no se mejora sólo con maquillaje (de hecho, es lo que ha venido haciéndose) sino que se supera con el compromiso de todos; para ello hay que tomarse las cosas en serio y ser autocríticos. No hay dudas de que el sistema será más creíble si todos mejoramos, no sólo nuestra calidad técnica sino también y especialmente en nuestro compromiso para con la sociedad y las instituciones.
De un lado de la barandilla debe dejarse de ver la magistratura y el funcionariato como una salida laboral bien rentada o una fuente de financiamiento de terceras actividades, para mirarlo con los ojos de la vocación y el espíritu de servicio. Del otro lado, tomar conciencia de que el ejercicio liberal de la abogacía es también un servicio público y no un negocio.
A partir de ahí, podemos discutir una batería de medidas. Pero sin tal acuerdo previo, cualquier reforma que se materialice estaría destinada a, cuanto más, llevar a cabo una modificación más cosmética que real.
