María Cristina Mata, docente, investigadora, coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cultura del CEA
Las protestas de trabajadores de medios ocurridas durante las últimas semanas, instalaron en la escena pública un debate sobre la libertad de expresión en Argentina. Comercio y Justicia conversó con María Cristina Mata, especialista en medios, comunicación y ciudadanía, para echar luz sobre algunos puntos que se refieren al ejercicio del derecho a la información y a la defensa de los intereses colectivos, por sobre los corporativos. En ese marco, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se presenta como una posibilidad concreta de redistribuir la libertad de expresión entre los argentinos.
– En una nota que publicó en el diario Página/12 allá por 2008, a propósito del conflicto del campo, señalaba de qué manera participan los medios masivos de comunicación (MMC) y cómo construyen una versión de los hechos acorde a sus intereses económicos ¿Qué estrategias están dando hoy los MMC ante la aplicación de la Ley de Medios?
– Hay varias, me parece, luego de promulgada la ley. La estrategia principal fue interponer recursos de amparo para suspender la aplicación de determinados artículos de la ley. En este momento, a pesar de algún titubeo que han tenido algunos jueces al respecto, finalmente las Cámaras han fallado y la ley está totalmente vigente. Ésa fue la primera estrategia. Otra estrategia que se ha usado es la de incumplir la ley. Creo que ésa es la que fundamentalmente está usando Cablevisión. Hay un artículo de la ley que fija que los canales de televisión por cable deben ser canales ordenados, eso dio lugar a una resolución de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por la cual, en el mes de octubre del año pasado, se dieron las instrucciones para ordenar esa grilla. Cablevisión interpuso las cautelares, no logró que es artículo dejara de tener efecto y entonces no cumple, no modifica la grilla. Esto no es lo que han hecho todos los medios. Hay otros operadores de cable que sí lo cumplen: el grupo Vila lo cumple, Telecentro lo cumple. A partir del no cumplimiento, la autoridad federal ya ha puesto dos veces sanciones a 86 empresas que forman parte de Cablevisión. Uno se tendría que preguntar cuál es la estrategia que sigue. Porque la autoridad federal puede poner hasta cuatro sanciones por el mismo incumplimiento. ¿Qué va a pasar si el grupo Cablevisión no acepta modificar su grilla? Después de las cuatro sanciones, los operadores pierden la licencia. ¿Están esperando que eso se produzca, para decir que no hay libertad de prensa? Aquí hay dos cuestiones. Es una estrategia a partir de la cual se quieren medir fuerzas para ver si la autoridad federal va a hacer caducar una licencia por incumplimiento. Si eso no ocurre, muchos sectores de la sociedad argentina dirán que la autoridad federal no cumple con la ley. Con lo cual tendríamos un panorama muy complicado.
Tendríamos una nueva ley que nos garantiza derechos, pero una autoridad débil que no la hace cumplir. Y si la hace cumplir, ¿se van a levantar las voces diciendo que en este país no hay libertad de prensa? Entonces, me parece que esta estrategia que estamos presenciando ahora de no cumplimiento y de no responder a las sanciones que se le aplican, es una estrategia política muy peligrosa y muy grave. Yo creo que ésta va de la mano de la otra gran estrategia que han implementado los medios concentrados y sectores de la oposición política no sólo para impedir que se logren los avances contenidos en la ley sino también para deslegitimarlos, encubriéndolos, no dándoles difusión. ¿Cuánta gente sabe que están funcionando los polos digitales tecnológicos que surgen cumpliendo ideas de la ley que son fuertes como por ejemplo la federalización de contenidos? Hay 22 proyectos en este momento de producciones informativas que están saliendo de estos polos. Tenemos uno en Villa María.
Además, la oposición política no ha cubierto los lugares en la Comisión Bicameral de seguimiento de la ley, tampoco ocupó su lugar en la autoridad federal, tampoco en radio y televisión argentina, todavía entonces la bicameral no ha nombrado al defensor del público. Es decir, hay ocultamiento, deslegitimación y hay interés de vaciar aquellos que son órganos de control.
¿Adónde va esta estrategia? No hay que ser muy vivo para darse cuenta de que la intención de quitarle representatividad política es una estrategia para de nuevo decir que aquí hay autoritarismo. Si bien en el momento de elaboración de la ley hubo una importante participación de la sociedad, hoy -lograda la ley- no son muchos los que toman conciencia de que ésta es una ley que hay que pelear todos los días. Hay que batallarla, para lograr su aplicación.
– ¿De qué manera podría resguardarse entonces el derecho de la ciudadanía a estar informada, de contar con la nueva grilla?
Hay un nivel de lo estrictamente político-institucional que consiste en que la autoridad aplique todas las instancias que la ley tiene previstas. Pero también son los sectores legislativos parlamentarios, ahí hay responsabilidad de ellos de tener representación en esas instancias. Si eso no se está cumpliendo, es una de las primeras cosas que la ciudadanía debería reclamar. Así como deberíamos exigir como público de los medios con actitud ciudadana de hacer valer sus derechos, reclamar que se cumplan. Además, desde los medios, tiene que haber una actitud muy clara y muy decidida en mostrar que la ley sí afecta intereses. Pero los intereses que afecta, son los que se convirtieron en derechos de uno, como resultado de quitarles derechos a otros. Esta normativa lo que hace es volver a distribuir de manera más equitativa el derecho de expresarse audiovisualmente. Ahora, la libertad de expresión no es afectada. Porque esta ley no legisla contenidos. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que se levantan estas voces sobre que esta ley coarta la libertad es aclarar qué intereses está afectando el beneficio de que todos tengan un derecho. Porque me parece que es el único modo de enfrentar estas estrategias de ocultamiento, de ataque, de tergiversación.