ESCUCHARLa justicia federal rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Escribanos de Córdoba contra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), y se pronunció en favor de una reglamentación dispuesta por el organismo de control, que impuso a los notarios la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Al argumentar la decisión, el juez Alejandro Sánchez Freytes sostuvo que «es deber comunicar al Estado transacciones susceptibles de movilizar fondos provenientes de delitos, se justifica en la protección del bien común, y en modo alguno convierte a los notarios en investigadores o policías», informó UIF mediante un comunicado de prensa.
«Lo que se está imponiendo a los escribanos es un deber de informar, que no necesariamente tiene que atentar contra el deber de reserva que tienen con sus clientes», sostuvo en su fallo el juez, quien rechazó los planteos de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuestos por el colegio contra la resolución 10/2004 de UIF, que fijó modalidades, oportunidades y límites de la obligación de reportar operaciones sospechosas.
La norma fue considerada por los notarios como una regulación violatoria del secreto profesional que, a su criterio, los obliga a «investigar ilícitos de naturaleza compleja con un evidente criterio subjetivo».
Secreto profesional
La UIF, al defender la medida, sostuvo que el secreto profesional debe ceder frente a los bienes jurídicos que el Estado procura proteger con la ley 25246, base del sistema argentino antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Para el juez, si bien «el secreto profesional está íntimamente ligado al deber de asesoramiento», por encima de ello se encuentra la necesidad de «informar una sospecha para preservar un bien público que se considera superior por sus eventuales consecuencias penales». «El escribano -agregó- debe informar operaciones que le generen sospechas, justamente porque por su propia práctica se encuentra en inmejorable posición para advertir si hay indicios de delito en una transacción».
