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Eduardo Ingaramo, investigador de la Universidad Católica de Córdoba
Las críticas al sistema financiero en Argentina son permanentes entre las diversas entidades empresariales del país, desde las que agrupan las más grandes compañías hasta las que congregan las más pequeñas, desde los gremios patronales industriales hasta las entidades rurales. Entre la sanción de una nueva ley –que aún debe ser debatida de manera profunda en el Parlamento y en la sociedad- y las transformaciones que pueden realizarse dentro de los actuales márgenes de acción, hay muchas opciones que podrían implementarse. Comercio y Justicia dialogó sobre el tema con Eduardo Ingaramo, economista e investigador de la Universidad Católica de Córdoba, quien consignó algunas fortalezas y debilidades en el proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras que actualmente se encuentra en Diputados, y subrayó las dificultades que atraviesan las empresas “en el interior del interior”.
– ¿Qué opina sobre la iniciativa presentada recientemente por Heller y Sabatella para cambiar la legislación que ordena y regula el sistema financiero en el país?
– Es un proyecto que avanza. De todas maneras, me parece que no está en lo correcto cuando limita -probablemente con razones válidas, pero como toda generalización es exagerada- el funcionamiento de entidades locales, como por ejemplo mutuales. Es cierto que hay muchas mutuales que se inventan, muchas de ellas vinculadas con fuentes de poder. Pero aparece como una hipocresía prohibir lo que en muchos lados funciona muy bien simplemente porque el Estado no fue un buen controlador de esas entidades.
Quizás también el proyecto es muy reglamentarista en algunas cosas: una ley de entidades financieras no puede fijar tasas de interés. Lo que sí debería hacer -y es algo que no ha hecho, porque junto con la ley hay una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central- es separar las funciones de esa entidad.
No creo en las legislaciones muy reglamentaristas que desconfían de quien aplica la ley, aunque yo también desconfío de quien aplique la ley. Pero como un padre no controla a un niño persiguiéndolo, el Banco Central -organizado de otra manera- lo que debe hacer es premiar unas conductas y castigar otras, no prohibir.
De todas maneras, el proyecto avanza en buenas intenciones. Hay una cosa interesante que incluye -que en realidad la ley existente no podía incluirla- que es todo lo relativo a medios de pago, transaccionales, tarjetas de crédito y débito, sistemas de recaudación y muchísimas otras actividades financieras que deberían estar reguladas por el Banco Central, y que lo están en cierta forma de hecho, pero no de derecho. Todo eso debe estar en el proyecto, porque el usuario de servicios financieros está bastante desamparado actualmente.
– Ahora, entre esperar una nueva ley y aceptar la situación actual, ¿qué cosas podrían hacerse para mejorar el sistema financiero argentino?
– Mercedes Marcó del Pont está ahora justamente en el lugar que, en definitiva, fue el que produjo los últimos 25 años o 30 años de desfinanciamiento del sector productivo, caracterizados por la concentración y por hacer del servicio financiero un negocio.
¿Y cómo se hizo eso? Se hizo con un Banco Central que dicta las normas, que dicta las regulaciones –entonces hace de Poder Ejecutivo también-, que controla los bancos –es decir, hace de auditor- y que también les presta dinero, como lo está haciendo ahora y lo hizo muchas veces vía redescuentos. Es muy importante esto, porque darle a alguien la capacidad de legislar, reglamentar, controlar y prestar, es como si en una empresa alguien fuera el presidente, el gerente financiero, el cajero y el síndico y el auditor.
Creo que Mercedes Marcó del Pont puede hacer mucho, no todo. Pero si comenzamos a cambiar quiénes hacen qué cosa en el sistema financiero, es un paso importante. Si empezamos por allí estamos empezando bien, porque si comenzamos por decidir la tasa de interés al sector pyme o al micro, me parece que estamos agarrando el chancho por la cola y se nos va a escapar.
Una vez que hacemos eso, lo segundo es plantear un sistema de entidades financieras en el cual se tenga en cuenta la concentración geográfica del crédito.
Además, hay que realizar un fuerte control sobre las entidades que no cumplen con los requisitos de legalidad establecidos y no prohibir todo aquello que el Estado no ha sido capaz de controlar.
– ¿Cómo está la situación del crédito en el interior de las provincias?
– Las estadísticas del Banco Central indican que en el interior de Córdoba se presta no más de 30% de lo que se deposita allí, con lo cual está claro que los flujos financieros van a financiar a las grandes ciudades y esto al empresariado debería preocuparle mucho, porque definitivamente las áreas financieras y las áreas comerciales que en los años setenta y ochenta estaban en Córdoba, ya no están. Córdoba se ha convertido en una factoría, así como México se ha convertido en una factoría de Estados Unidos. Esto no es algo extraño, pero hay que impedirlo.
El financiamiento local tiene que, por lo menos, permanecer en el lugar, porque si después encontramos intendentes o empresarios procurando obtener inversiones y ofreciendo, con dinero de los contribuyentes, muchísimas ventajas a quienes van a instalarse allí, es simplemente consecuencia de que el sistema financiero no los está financiando ni siquiera con el dinero que ellos mismos tienen.
